Maria Eugenia Aguilar Cardenas
Expediente 1453/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Eugenia Aguilar Cardenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el presente juicio de amparo 1453/2023-II-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (a través del buzón judicial), y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció ********************, a solicitar amparo en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1453/2023-II-B; por tal motivo se requirió a la responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad las demandas de amparo, examinando no sólo los capítulos que contienen los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia a reclamar del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en autos del juicio laboral de origen ********************, del índice de la responsable. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado rendido por conducto de su Magistrado Presidente, lo que además se corrobora con las constancias que al mismo acompañó. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello. Y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación formulados por la quejosa, por lo que deberá concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada, por los motivos que a continuación se indican. Ahora bien, de las constancias que el Magistrado Presidente del tribunal responsable envió a este órgano de control constitucional, relativas al expediente ********************, de donde emana el acto reclamado, a las que se les confiere pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: 1. Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo ********************dictó nuevo laudo en el juicio laboral de origen, y resolvió, entre otras cuestiones, condenar a la ********************, a reinstalar a la parte actora ********************, en el puesto de base que venía desempeñando de coordinador adscrito a la Dirección de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la ********************, con las mismas funciones y con el sueldo indicado en el laudo, así como con las mejoras e incrementos que se pudiesen dar en el transcurso del juicio, y sin perjuicio de las que siguieran generando hasta el total cumplimiento del laudo. 2.- Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el tribunal responsable señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la reinstalación de la actora. 3. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora señalada para que se llevara a cabo la reinstalación de la parte actora, el actuario adscrito al tribunal responsable se constituyó al domicilio correspondiente, en donde fue atendido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la ********************, quien le informó que no podía cumplir con lo ordenado ya que no tenía instrucciones para hacerlo y no contaba con una plaza disponible. 4. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el tribunal responsable de nueva cuenta fijó fecha y hora para que se llevara a cabo la reinstalación de la parte actora, para lo cual apercibió a la demandada que para el caso de aceptar dicha reinstalación, se estaría a lo dispuesto en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tendría por terminada la relación obrero-patronal, y se cuantificarían las cantidades que por indemnización le correspondieran a la trabajadora. Apercibimiento el cual debe destacarse, no fue impugnado por la parte demandada, por lo que el mismo adquirió firmeza. 5. Diligencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, llevada a cabo por el actuario adscrito al tribunal responsable, de la que se desprende que de nueva cuenta la condenada en el juicio de origen, no dio cumplimiento con lo ordenado a fin de reinstalar a la trabajadora en el puesto que venía desempeñando, por lo que ésta solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos decretados en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se tuviesen por terminadas las relaciones obrero patronales entre la Secretaría demandada y ella, y fuesen cuantificados los derechos e indemnizaciones que le correspondían de conformidad con el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de Municipios de Yucatán. 6. Determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el tribunal burocrático responsable, en la que en virtud de que la parte demandada no había dado cumplimiento a lo ordenado en el laudo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de Municipios de Yucatán, dio por terminada la relación obrero-patronal, y cuantificó la indemnización que le correspondía a la trabajadora, y al efecto estableció la cantidad de $******************** (********************centavos moneda nacional), por tal concepto, cantidad que corresponde a tres meses de salario. Determinación que como se puso de manifiesto en párrafos que anteceden, constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, en sus conceptos de violación la quejosa arguye que en la determinación reclamada la responsable fue omisa en pronunciarse de manera completa respecto al apercibimiento que le hizo a la Secretaría demanda, ya que solamente le impuso como sanción el pago de tres meses de salario, sin considerar que el numeral 947 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones III y IV, refiere que se procederá a fijar la responsabilidad que le resulte al patrón, de conformidad con el artículo 50 fracciones I y II, de la misma ley, además de que condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo establecido en el numeral 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en términos del artículo 162, del mismo ordenamiento legal. Resultan fundados dichos conceptos de violación, toda vez que la responsable no se pronunció sobre las indemnizaciones y la condena en contra de la demandada patronal derivadas del no acatamiento del laudo ejecutoriado, atinente a la reinstalación de la trabajadora aquí quejosa y con ello debió fijar las responsabilidades que debe asumir la patronal, por no acatar el laudo, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, que aplicó de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. En efecto, el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "ARTICULO 947.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta: I. Dará por terminada la relación de trabajo; II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado "A" de la Constitución." Ahora bien, de la interpretación literal del artículo en comento, se advierte que para el caso de que el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado -como en el caso ocurrió-, la junta, primeramente, dará por terminada la relación de trabajo; condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. Sin embargo, del contenido de la resolución reclamada no se advierte que el tribunal responsable se hubiese pronunciado, como era su obligación legal, respecto a lo establecido en las fracciones III y IV, del artículo 947 citado, ya que únicamente se pronunció respecto a la indemnización de tres meses de salario. Lo anterior es así, ya que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el tribunal responsable apercibió a la demandada que en caso de que no aceptare la reinstalación ordenada, se estaría a lo dispuesto en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por lo que daría por terminada la relación laboral que los unía, para luego proceder a establecer las cantidades que por indemnización le correspondieran a la trabajadora. Determinación que dicho sea de paso, no fue impugnada por la demandada en el juicio de origen. Por ello, era obligación del tribunal, emitir el pronunciamiento correspondiente a fin de determinar si en el caso en específico, además de la indemnización de tres meses de salario, procedía o no fijar alguna responsabilidad que resultare al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y en su caso, si resultaba procedente o no condenar al pago de los salarios vencidos e intereses, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. Pues al momento de apercibir a la institución condenada, lo hizo con fundamento en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, que como se dijo, aplicó de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo V, Materia Laboral, página 217, del siguiente rubro y texto: "INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, PROCEDENCIA DE LA. En atención a que los artículos 123, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo, no disponen que cuando se ejercitan las acciones derivadas de un despido injustificado procede el pago de la indemnización consistente en 20 días de salario por cada año de servicios prestados, a que se refiere el artículo 50, fracción II, de la ley citada, se concluye que dicha prestación únicamente procede en los casos que señalan los artículos 49, 52 y 947 de la ley mencionada, pues su finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad, bien porque el patrón no quiere reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquél se vea obligado a romper la relación laboral por una causa imputable al patrón, o sea, que tal indemnización constituye una compensación para el trabajador, que no puede continuar desempeñando su trabajo." Por lo que al margen de que dichas indemnizaciones pudiesen resultar improcedentes, lo cierto es que correspondía a la responsable hacer el pronunciamiento respectivo, pues fue ésta la que apoyándose en lo dispuesto en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, el cual aplicó de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, apercibió a la demandada que en caso de incumplimiento a la reinstalación, procedería conforme a dicho numeral. Supuesto que se actualizó, al haberse negado la demandada a llevar a cabo la reinstalación de la trabajadora. En esas condiciones, resulta procedente conceder a la parte quejosa la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra en la cual con libertad de jurisdicción, determine si es procedente o no, fijar las responsabilidad del patrón y como consecuencia de ello del pago de indemnizaciones sobre salarios y demás percepciones de la trabajadora, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de Municipios de Yucatán. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintitrés de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a los autos el alegato ministerial 463/2023, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguense a los autos el informe justificado del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como el anexo exhibido en copia certificada. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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