María Esther Zepeda Martínez
Expediente 609/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Esther Zepeda Martínez
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Con Residencia En Apatzingán, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En diez de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 1548. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de febrero de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Se recibe el oficio signado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; en su atención, téngasele acusando recibo del oficio 919/2022 del índice de este juzgado, a través del cual se le devolvieron los tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado, y se le notificó el proveído de diecinueve de enero del año en curso. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
- Principal
En diecinueve de enero de dos mil veintidós, la secretaria certifica: que el plazo de diez días con que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo, transcurrió del veintiocho de diciembre del año próximo pasado al diez de enero del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Con lo anterior, y con el estado de autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. Original del cuaderno incidental. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el penúltimo párrafo del artículo citado, depúrense el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión, para su posterior transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de tomos de pruebas. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de los tres tomos de pruebas que envió como justificante de su informe la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, devuélvanse las referidas documentales a través del servicio de mensajería acelerada denominado "Estafeta", solicitando a la citada autoridad, se sirva acusar el recibo correspondiente. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 609/2021, en atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 37/2020. Posteriormente, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: ? Se encuentra debidamente integrado; ? Que guarda estado para dictar sentencia; ? Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y ? Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al juez con las constancias que exhibió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, Michoacán de Ocampo, las cuales adjuntó a su informe justificado, consistentes en diversas copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 717/2027, de su índice, recibidas en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas los medios de convicción en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional formuló pedimento ministerial; asimismo, que el resto de las partes fueron omisos en expresar alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la fiscal de la adscripción formulando alegatos y al resto de las partes por precluido su derecho de expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 609/2021, promovido por María Esther Zepeda Martínez, contra un acto de la Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante folio electrónico 2733417, en el "buzón judicial" de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, María Esther Zepeda Martínez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son: A).- El C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, EN APATZINGÁN, MICHOACÁN. B).- El C. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán. IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: 1. De la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil en Apatzingán, Michoacán, le reclamo la sentencia interlocutoria pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil, número 717/2017, en fecha 13 trece de octubre del año 2021, dos mil veintiuno, la cual recayó a la incidencia, que sobre cancelación de embargo promoví en fecha 18 dieciocho de agosto de esta anualidad. 2. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, le reclamó la cancelación del gravamen, que pesa sobre el inmueble de mi propiedad en la calle Melchor Ocampo, número 31, en la colonia Centro de la población de Buenavista Tomatlán, Michoacán, con los siguientes datos registrales: registro número 0033, del tomo 00468". La promovente de amparo expuso que se transgredieron sus derechos y los de sus menores hijos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; y en auto de esa data (fojas 8 a 13), se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, ordenó registrarla con el expediente 609/2021, admitió a trámite la demanda, solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reconoció el carácter de tercero interesado a "Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable,1" y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el 1 El cual se realizó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno (foja 30). presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I,2 ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de autoridad judicial que tiene su domicilio en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así 2Artículo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/20003 y tesis VI/20044, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa María Esther Zepeda Martínez, reclama: De la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo: ? La resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el incidente de cancelación de embargo, que deriva del juicio ejecutivo mercantil número 717/2017, que sobre acción cambiaria directa promovió Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, entre otros, contra la aquí quejosa como avalista. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de 3 Consultable en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4 Tesis: P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255. Michoacán de Ocampo: ? La inscripción del gravamen sobre el inmueble ubicado en calle Melchor Ocampo, número treinta y uno, en la colonia Centro de la población de Buenavista Tomatlán, Michoacán, asentado en el registro número 33, del tomo 468. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la resolución interlocutoria reclamada (fojas 64 a 66). Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil de origen número 717/2017; documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el 5 Visible en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán de Ocampo, fue omiso en rendir su informe justificado, aun cuando se les solicitó oportunamente, como se advierte del comprobante de entrega del oficio petitorio (foja 24). En esas condiciones, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman, consistentes en las inscripciones reclamadas. Cobra aplicación, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,7 que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los 6 Publicada con el número 226, visible en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995. 7 Publicado en la página 1363, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." Dicho criterio es aplicable al caso por identidad en el contenido del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, y el 149 de la ley abrogada, en la parte que establecen que si la autoridad responsable no rinde su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo6, toda vez que la resolución reclamada se notificó personalmente a la quejosa el catorce de octubre de dos mil veintiuno (fojas 294 tomo de pruebas), notificación que surtió efectos al día siguiente (quince de octubre) de conformidad con el numeral 1075 del Código de Comercio;8 por lo que en términos del numeral 18 de la ley de la materia, el plazo para la presentación del escrito constitucional inició a partir del día hábil siguiente (dieciocho de octubre). Así, el término para promover la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de octubre al nueve 8 "Artículo 1075. [.] Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado [.]". de noviembre de dos mil veintiuno, siendo días inhábiles entre ambas fechas el dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre; así como el uno, dos, seis y siete de noviembre, todos del dos mil veintiuno de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo.9 Por tanto, si la demanda se presentó el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como se advierte de la boleta expedida por la Oficina Común de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, resulta evidente que estuvo en tiempo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.10 Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías".11 9 Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. 10 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 11Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Quinta Época, Parte VIII, Tesis 158, página 262, registro 395571. Luego, tomando en consideración que las partes no invocaron alguna causal de improcedencia, ni se advierte de oficio, procede entrar al estudio de los actos reclamados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 12 Consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, es conveniente traer a colación los antecedentes de los actos reclamados; a saber: 1.- El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, Tania Anabel Morales Zambrano, en cuanto endosataria en procuración de Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, compareció ante la Oficial de Partes y Turno del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a promover en la vía ejecutiva mercantil demanda sobre pago de pesos, entre otras personas, contra María Esther Zepeda Martínez en cuanto avalista (fojas 1 a 3 del tomo de pruebas). 2. En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a quien correspondió conocer la demanda, la registró con número de expediente 717/2017, la admitió a trámite, proveyó mandamiento de ejecución contra los demandados; asimismo, ordenó su emplazamiento a efecto de que dentro del plazo de ocho días comparecieran a dar contestación a la demanda entablada en su contra u a oponer excepciones y defensas (fojas 8 y 9 del tomo de pruebas). 3. En diligencia de requerimiento de pago y embargo de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a María Esther Zepeda Martínez el pago de las prestaciones reclamadas en juicio; quien ante la negativa de pago, se le embargó la totalidad del predio urbano con construcción para casa habitación, que se ubica en calle Melchor Ocampo, número treinta y uno, en el municipio de Buenavista Tomatlán, del Distrito de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, el cual se registra bajo el número treinta y tres, del tomo cuatrocientos sesenta y ocho, del libro del registro del distrito de Apatzingán, Michoacán de Ocampo (foja 17 del tomo de pruebas). 4. Seguido el juicio por sus cauces legales, el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción cambiaria directa ejercitada, y se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad de doscientos mil pesos, por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses ordinarios a razón de dieciocho por ciento anual, más impuesto al valor agregado; e, intereses moratorios a razón del treinta y seis por ciento anual, mas impuesto al valor agregado (fojas 36 a 45 del tomo de pruebas). 5. En proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia antes indicada, causó ejecutoria, por lo que se ordenó requerir a los demandados para que en el plazo de tres días, cumplieran voluntariamente con la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa (foja 48 del tomo de pruebas). 6. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído anterior, por lo que, se pusieron los autos en estado de ejecución y se ordenó proceder a la venta del bien inmueble embargado al diverso demandado Ricardo Maldonado Govea (foja 52 del tomo de pruebas). 7. En audiencia de remate en sexta almoneda de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se declaró fincado el remate del bien inmueble embargado a Ricardo Maldonado Govea en favor de Lázaro Pérez Melchor (fojas 216 y 217 del tomo de pruebas). 8. Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, se decretó la adjudicación directa del bien rematado en favor de Lázaro Pérez Melchor (foja 219 del tomo de pruebas); y en diverso de doce siguiente, se declaró firme la audiencia de remate antes señalada (foja 221 del tomo de pruebas). 9. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, una vez que transcurrió el plazo concedido a Ricardo Maldonado Govea, para que otorgara la escritura del bien rematado; sin que lo hiciera, se procedió a la ejecución forzosa, por lo que, se ordenó otorgar la escritura correspondiente en rebeldía del demandado (fojas 228 del tomo de pruebas). 10. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido oficio signado por este órgano de control constitucional dentro del juicio de amparo indirecto 231/2021, promovido por Ricardo Maldonado Govea, contra todo lo actuado en dicho juicio mercantil, por el que se solicitó informe previo correspondiente, y se informó la suspensión provisional concedida a efecto que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no se transmitiera el inmueble rematado, hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva (fojas 256 del tomo de pruebas). 11. Mediante diverso acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió oficio signado por este órgano de amparo dentro del juicio de amparo indirecto 231/2021, promovido por Ricardo Maldonado Govea, por el que se informó la suspensión definitiva dictada, para efecto de que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no se transmitiera el inmueble rematado, hasta en tanto se le notificara la ejecutoria dentro del juicio principal de donde derivaba dicha incidencia (fojas 256 del tomo de pruebas). 12. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, María Esther Zepeda Martínez, compareció a promover incidente de cancelación de embargo trabado en su contra respecto del inmueble marcado con el número treinta y uno, de la calle Melchor Ocampo del Municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, toda vez que en juicio, ya se había realizado el pago de las prestaciones reclamadas (fojas 268 a 271 del tomo de pruebas). 13. Por proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se admitió el incidente de referencia, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera (foja 273 del tomo de pruebas). 14. En sentencia interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró improcedente el incidente de referencia (fojas 291 a 293 del tomo de pruebas). La resolución anterior constituye el acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. La peticionara de amparo, indica que, se transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 14 constitucional, que establece que nadie puede ser privado de sus bienes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los órganos competentes en los que se respeten las formalidades especiales del procedimiento. Refiere que, es falso, lo aducido por el responsable en el sentido que no acredito sus pretensiones, ya que sí acreditó la existencia del inmueble trabado en autos respecto de un inmueble de su propiedad. Aduce que, lo sostenido por la autoridad responsable en la resolución reclamada es contrario a las constancias de autos, ya que de estas se advierte que la actora embargo un inmueble al deudor principal, y que lo saco a remate en sexta almoneda, con lo que se cubrieron las prestaciones reclamadas a todos los demandados dentro del juicio, razón por la cual, se acreditó sobradamente la acción ejercitada. Expone que, los argumentos y motivos señalados por la autoridad responsable en la resolución reclamada versa sobre situaciones hipotéticas, al aducir la juez responsable que, de confirmar la revisión que derivó del juicio de amparo 231/2021, del índice de este órgano de control constitucional, promovido por Ricardo Maldonado Govea, quedaría desprotegida la actora, lo que evidenciaba una intención de beneficiar a su contraparte y atentaba contra el principio fundamental de seguridad jurídica, Que, era ilegal que su petición de cancelar el embargo trabado en bienes de su propiedad dependiera de la promoción del juicio de amparo promovido por Ricardo Maldonado Govea; ya que al haberse declaro firme la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, así como cubiertas todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora, a través del bien que fue embargado al deudor principal, no existía justificación para que subsistiera el embargo trabado en bienes de su propiedad. Son infundados los conceptos de violación expuestos. El embargo es la afectación decretada por una autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad privada, cuya finalidad es asegurar cautelarmente la ejecución de una pretensión de condena que se plantea en un juicio, o bien, satisfacer directamente una pretensión ejecutiva. Dicho gravamen no tiene la naturaleza de un derecho real sobre los bienes embargados, sino la de afectar ciertos bienes del deudor para garantizar su obligación. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala13, cuyo rubro y texto dice: "EMBARGOS, EFECTOS DE LOS. El embargo no otorga al ejecutante derechos reales sobre la cosa, porque no son esos los efectos del embargo, sino los de individualizar, mediante el señalamiento de bienes, la garantía que la totalidad del patrimonio de un deudor constituye, en lo general, para responder de las obligaciones personales de éste." Ahora, el artículo 1,392 del Código de Comercio,14 prevé una vía privilegiada para los tenedores de 13 Publicada en la página 728 del Tomo LXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 353946. 14 Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. documentos que traigan aparejada ejecución, pues dispone que, presentada la demanda con título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. Asimismo, el segundo párrafo del citado ordenamiento establece que, en todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. En ese sentido, es claro que, mientras subsista el derecho o la acción ejecutiva de donde derivo el embargo bienes, debe permanecer vigente la traba en propiedad del demandado, pues se reitera, en todo momento, el actor tendrá derecho a estos, a efecto de verificar, entre otras cosas, la suficiencia de su garantía. Luego, si el juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el embargo de bienes, aún no ha concluido, ya sea porque no se ha logrado la ejecución de lo condenado o, porque están pendientes de resolver medios de impugnación o el juicio de amparo propuestos por alguna de las partes, es evidente que los embargos trabados deben permanecer vigentes. En el caso, de las constancias que integran el juicio de origen, destaca que, mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió oficio signado por este órgano de control constitucional dentro del juicio de amparo indirecto 231/2021, promovido por Ricardo Maldonado Govea, contra todo lo actuado en dicho juicio mercantil, por el que se solicitó informe previo correspondiente, y se informó la suspensión provisional concedida a efecto de que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no se transmitiera el inmueble rematado, hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva (fojas 256 del tomo de pruebas). Asimismo que, mediante diverso acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió oficio signado por este órgano jurisdiccional dentro del juicio de amparo indirecto 231/2021, promovido por Ricardo Maldonado Govea, por el que se informó la suspensión definitiva dictada, para efecto de que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no se transmitiera el inmueble rematado, hasta en tanto se le notificara la ejecutoria dentro del juicio principal de donde derivaba dicha incidencia (fojas 256 del tomo de pruebas). Constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,15 que del expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 231/2021, del índice de este juzgado, está pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Lázaro Pérez Melchor, contra la sentencia definitiva dictada en dicho sumario; luego, es evidente que continua rigiendo la suspensión definitiva decretada en el mismo en el sentido de que las cosas permanezcan en el estado que guardaban y no se transmitiera el inmueble rematado, hasta en tanto se le notificara la ejecutoria dentro del juicio principal de donde derivaba dicha incidencia. 15 Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. En ese orden de ideas, se comparte el criterio sostenido por la autoridad responsable en la resolución reclamada de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de declarar improcedente el incidente de cancelación de embargo. Es así, pues aún no ha concluido el juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el secuestro de bienes de la aquí quejosa, porque está pendiente de resolverse el juicio de amparo promovido por el diverso codemandado Ricardo Maldonado Govea. En esas condiciones, el actor del juicio de origen, - aquí tercero interesado-, tiene vigente su derecho de acceder a los bienes embargados en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1,392 del Código de Comercio; por ende, no es dable cancelar el embargo trabado en bienes de la aquí quejosa. De ahí que resulten infundados los conceptos de violación hechos valer; por lo que, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que su inconstitucionalidad la hace depender de la resolución interlocutoria reclamada y no les atribuye vicios propios. Sirve de sustento, la Jurisprudencia II.1o. J/12 visible en la página 41 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, novena época, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Alegatos. En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita (fojas 53 a 57); sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Es ilustrativa, la jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María Esther Zepeda Martínez, contra los actos reclamados de la Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apatzingán, y del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, ambos en el Estado de Michoacán de Ocampo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria
- Principal
En veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario Certifica: que previo rastreo del número de guía 3348532837, en la página electrónica del servicio de mensajería denominado "ESTAFETA", se advierte que, el oficio 19760/2021 con el cual se requirió el informe justificado de la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, fue entregado a su destinatario en cuatro de noviembre del año en curso. Con lo anterior, y con un oficio, registrado bajo el folio 15451, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Juez Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe justificado, al que adjunta copias certificadas de las principales constancias del juicio ejecutivo mercantil número 717/2017 de su índice, del que emana el acto reclamado, así como diversas constancias que refiere; por lo que se ordena la apertura de tres tomos de pruebas. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales conducentes. 2. Estado de autos. De la certificación de cuenta se desprende que, previo rastreo del número de guía 3348532837, en la página electrónica del servicio de mensajería denominado "ESTAFETA", se advierte que, el oficio 19760/2021 con el cual se requirió el informe justificado de la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, fue entregado a su destinatario en cuatro de noviembre del año en curso. De lo anterior, se obtiene que, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días con que cuenta la citada autoridad responsable, a efecto de que rinda su informe justificado. 3. Diferimiento. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
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