María Esther y/o Esther Zahuantitla Gutiérrez
Expediente 196/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Esther y/o Esther Zahuantitla Gutiérrez
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- Titular del Departamento de Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
- Isidro Montes Pérez
- María Anastacia Maribel Romero Hernández
- Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por los terceros interesados Candelario Lara Hernández, Marina Hernández Pérez y Marlen Lara Hernández; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la ejecutoria dictada en el presente asunto hasta en tanto existan las condiciones necesarias para realizar el trámite de fotocopiado respectivo, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. Finalmente, en conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 155), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 159). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinte de agosto de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a María Esther Zahuantitla Gutiérrez o Esther Zahuantitla Gutiérrez, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que: - La Jueza de Control debió emprender el análisis exhaustivo, de la prescripción a partir de la información integra expuesta ante ella, esto es, los hechos de la imputación, el contenido de los datos de prueba y las manifestaciones de las partes; sin limitarse a la mera apreciación de la fiscal en cuanto a la fecha de consumación del delito de fraude genérico. - Al avocarse a ese examen, en observancia de las reglas de la prescripción, tome en cuenta la naturaleza del delito de fraude genérico, que es de orden patrimonial, y considere que es de resultado material, pues se perfecciona cuando se obtiene el lucro; por tal razón, no puede considerar como la plena consumación del ilícito la elaboración del ocurso tildado de apócrifo. c) Hecho lo anterior, se pronuncie nuevamente sobre la prescripción de la acción penal del delito de fraude genérico; en el entendido de que si lo estima, puede advertir que hasta el momento no existen datos suficientes que acrediten la fecha de consumación del ilícito, y continuar con el desarrollo de la audiencia inicial" (fojas 95 vuelta y 96 vuelta). Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 100). Luego, mediante oficio TSJ-SP-20-671, de siete de septiembre de dos mil veinte, la Secretaria de Acuerdos adscrito a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, transcribió el proveído de la misma fecha, por la cual dejó insubsistente la sentencia reclamada de seis de febrero de dos mil diecinueve y se ordenó llevar a la vista los autos para dictar una nueva resolución (foja 104). Posteriormente, mediante oficio TSJ-SP-20-803, la Sala responsable remitió copia certificada de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente expediente (fojas 113 a 126, 133 y 134, 139, 148 a 154), por tal motivo se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 159). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la sentencia que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. La Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dejó insubsistente la sentencia reclamada de seis de febrero de dos mil diecinueve, foja 104 de autos [cumplimiento del lineamiento "a)"]. 2. Dictó una nueva en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: a. Determinó que el estudio realizado por la juez de origen -prescripción de la acción penal- deviene superficial, toda vez que la Juez de Control debió emprender el análisis exhaustivo de la prescripción, a partir de la información íntegra expuesta ante ella; es decir, los hechos de la imputación, el contenido de los datos de prueba y las manifestaciones de las partes; y no como lo hizo, con la mera apreciación de la fiscal investigadora, en cuanto a la fecha de consumación de delito de fraude genérico, fojas 119 a 121 de autos [cumplimiento del lineamiento "b)"]. b. Asimismo, señaló que la juzgadora debió tomar en cuenta no solo las reglas de la prescripción, sino la naturaleza del delito de fraude genérico, que es de orden patrimonial; su forma de consumación, pues no puede afirmarse que en todos los casos se pueda clasificar como un ilícito instantáneo, o bien, continuado; además, que el delito de fraude, es de resultado material, pues se perfecciona cuando se obtiene el lucro, para que su consumación sea plena. c. Por tanto, indicó que la fecha que mencionó la fiscal y tomó en cuenta la Jueza de Control para computar la prescripción del delito, no puede considerarse como la plena consumación del ilícito, pues la elaboración (acción) del ocurso tildado de apócrifo no constata en ese momento la obtención del lucro (resultado). d. Por ende, coligió que es inconcuso que al haberse expuesto la imputación y los datos de prueba con los que se pretendía vincular a proceso a Candelario Lara Hernández, Marina Hernández Pérez y Marlen Lara Hernández, la juez de origen debió analizar la información a su alcance, a efecto de determinar el momento de consumación del hecho que la ley señala como delito, para así estar en aptitud de pronunciarse respecto a la prescripción y no limitar su valoración acorde al argumento propuesto por la órgano investigador, fojas 121 y 122 vuelta de autos [cumplimiento del lineamiento "b)"] 3. Por tanto, se pronunció nuevamente sobre la prescripción de la acción penal del delito de fraude genérico, e indicó que debe protegerse el derecho fundamental de la víctima a conocer la verdad, la cual la Juez de Control no debió limitar su análisis en la forma en que lo examinó, sino debió interpretarlo conforme al derecho humano establecido en el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, y cerciorarse de que la víctima haya tenido conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente (momento en el que se iniciará el plazo para que opere la prescripción de la acción persecutoria del ilícito), puesto que de esta manera no se restringe en perjuicio del ofendido el término para que prescriba la acción penal y se garantice que contará con el plazo fijado por el Código Penal de Tlaxcala. - En relación a lo anterior, advirtió que de la audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el minuto diecisiete con veintiocho segundos de reproducción (17:28), que a pregunta aclaratoria de la juzgadora, la agente del Ministerio Público estableció en primer momento como fecha en que la víctima tuvo del conocimiento la perpetración del ilícito, fue el veintisiete de diciembre de dos mil quince, puesto que en esa fecha como lo relató en su formulación de imputación, fue cuando el señor Candelario Lara Hernández, la citó a María Esther Zahuantitla Gutiérrez o Esther Zahuantitla Gutiérrez y le manifestó que ya había vendido el predio y que tendría que pelearse con el nuevo dueño. - De lo anterior, concluyó que la Juez de Control debió considerar el veintisiete de diciembre de dos mil quince, para iniciar el cómputo relativo al análisis de la prescripción de la acción persecutoria del delito de fraude genérico, puesto que en esa data la víctima tuvo conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente; por lo cual analizó que a partir de la citada fecha al diez de enero de dos mil dieciséis, mediaron catorce días, por lo que de ninguna manera transcurrió el término medio aritmético de cinco años, que resulta de la fracción II del artículo 304 del Código Penal de Tlaxcala, que contempla una pena de prisión de tres a siete años, fojas 123 y 124 de autos [cumplimiento del lineamiento "c)"]. Por ende, revocó la resolución impugnada, y emitió los resolutivos siguientes: "PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo 196/2019, se deja insubsistente la resolución dictada en el presente toca penal, de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve. SEGUNDO.- Fue tramitado legalmente el presente recurso de apelación interpuesto por el asesor jurídico de la víctima. TERCERO.- Se revoca la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil dieciocho, que decreta la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del hecho que la ley señala como FRAUDE GENÉRICO Y AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECÍFICO Y FRAUDE PROCESAL, dictada en la causa judicial 149/2018, por la Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; para el efecto de que con los datos de prueba vertidos por las partes en la referida audiencia inicial, la Jueza de Control, emita la resolución correspondiente, en el entendido de que deberá considerar los siguientes lineamientos: a) Evite pronunciarse respecto de la prescripción de la acción penal, por las razones precisadas en los considerandos de esta resolución. b) En la nueva resolución deberá considerar los argumentos y datos de prueba vertidos por las partes, en el entendido de que el auto de vinculación o no vinculación a proceso que se emita a los imputados, únicamente deberá ser por el hecho que la ley señale como delito de fraude genérico. c) Debiendo dar cumplimiento a lo aquí ordenado, la Jueza Marisol Barba Pérez, por ser quien conoció de la formulación a la imputación. d) Por lo cual se le concede el término de 3 días contados a partir del momento en que le sea notificada la presente resolución, debiendo informar a esta sala de su debido cumplimiento. CUARTO.- Remítase copia certificada de la presente resolución al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, para el efecto de que se sirva tener por cumplimentada la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo penal 196/2019." (foja 125 de autos). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatada en líneas precedentes: 1. Dejó insubsistente la sentencia reclamada de seis de febrero de dos mil diecinueve. 2. Dictó otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determinó que: a. La Jueza de Control debió emprender el análisis exhaustivo de la prescripción a partir de la información íntegra expuesta ante ella, esto es, los hechos de la imputación, el contenido de los datos de prueba y las manifestaciones de las partes; sin limitarse a la mera apreciación de la fiscal en cuanto a la fecha de consumación del delito de fraude genérico. b. En observancia de las reglas de la prescripción, debió tomar en cuenta la naturaleza del delito de fraude genérico, que es de orden patrimonial, y considere que es de resultado material, pues se perfecciona cuando se obtiene el lucro; por tal razón, no puede considerar como la plena consumación del ilícito la elaboración del ocurso tildado de apócrifo. 3. Se pronunció nuevamente sobre la prescripción de la acción penal del delito de fraude genérico; y determinó que ésta figura no operó, por ende, revocó la resolución de dos de diciembre de dos mil dieciocho y se continuó con el desarrollo de la audiencia inicial. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Sin que obste a lo anterior, que la responsable al pronunciarse nuevamente sobre la prescripción de la acción penal del delito de fraude genérico indicó que debe protegerse el derecho fundamental de la víctima a conocer la verdad, la cual la Juez de Control no debió limitar su análisis en la forma en que lo examinó, sino debió interpretarlo conforme al derecho humano establecido en el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, y cerciorarse de que la víctima haya tenido conocimiento de la comisión del delito y de la identidad del delincuente (momento en el que se iniciará el plazo para que opere la prescripción de la acción persecutoria del ilícito), puesto que de esta manera no se restringe en perjuicio del ofendido el término para que prescriba la acción penal y se garantice que contará con el plazo fijado por el Código Penal de Tlaxcala. Pues dicha consideración no formó parte del estudio de la ejecutoria de amparo, esto es, al haber libertad de jurisdicción sobre el estudio de la prescripción (observando los datos aportados en audiencia), la responsable podía pronunciarse en cualquier sentido. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Finalmente, remítase a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, un sobre que contiene dos discos compactos, que contienen copia auténtica del audio y video de la audiencia de continuación inicial de quince de octubre de dos mil veinte, para los efectos legales procedentes. Notifíquese, por lista a las partes quejosa y tercera interesada y por oficio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, quince de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/slhl
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