María Esther Vega Sainz
Expediente 845/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/05/2019
Partes del expediente
- María Esther Vega Sainz
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se desprende que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de marzo de este año, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, informó la manera en que se había dado cumplimiento al fallo protector; ello, porque se había depositado a la cuenta bancaria de la aquí quejosa la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitió copia certificada de dicha operación bancaria (fojas 232 a 233); de igual manera, por oficio y anexo recibido en este juzgado el doce de abril de este año (fojas 252 a 253), el Director aludido remitió la notificación practicada a la quejosa, respecto del oficio FP/370/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, por el que le comunicó que desincorporó de su esfera jurídica los preceptos declarados inconstitucionales. En relación con lo anterior, en acuerdo de quince de abril de este año (foja 254), se ordenó dar vista a la solicitante de amparo, con la copia del oficio y documental de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Bajo ese contexto, por sentencia dictada el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 140 a 163), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Esther Vega Sainz, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: "**Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, en ejecutoria de ocho de febrero de este año (fojas 208 a 219). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53" (fondo de pensiones). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado el seis de marzo de este año, informó la manera en que se había dado cumplimiento al fallo protector; ello, porque se había depositado a la cuenta bancaria de la aquí quejosa la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitió copia certificada de dicha operación bancaria (fojas 232 a 233). Además, por oficio y anexo recibido en este juzgado el doce de abril de este año (fojas 252 a 253), el Director aludido remitió la notificación practicada a la quejosa por conducto de su autorizada, respecto del oficio FP/370/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, por el que le comunicó que desincorporó de su esfera jurídica los preceptos declarados inconstitucionales. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar, por una parte se negó, y por otra, se concedió (fojas 32 a 36 y 48 a 54), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, de constancias de autos se aprecia que obra por separado un sobre que contiene recibos de nómina originales exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas podrán ser depuradas junto con el expediente. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se desprende que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de marzo de este año, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, informó la manera en que se había dado cumplimiento al fallo protector; ello, porque se había depositado a la cuenta bancaria de la aquí quejosa la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitió copia certificada de dicha operación bancaria (fojas 232 a 233); de igual manera, por oficio y anexo recibido en este juzgado el doce de abril de este año (fojas 252 a 253), el Director aludido remitió la notificación practicada a la quejosa, respecto del oficio FP/370/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, por el que le comunicó que desincorporó de su esfera jurídica los preceptos declarados inconstitucionales. En relación con lo anterior, en acuerdo de quince de abril de este año (foja 254), se ordenó dar vista a la solicitante de amparo, con la copia del oficio y documental de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Bajo ese contexto, por sentencia dictada el quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 140 a 163), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Esther Vega Sainz, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: "**Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, en ejecutoria de ocho de febrero de este año (fojas 208 a 219). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53" (fondo de pensiones). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado el seis de marzo de este año, informó la manera en que se había dado cumplimiento al fallo protector; ello, porque se había depositado a la cuenta bancaria de la aquí quejosa la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitió copia certificada de dicha operación bancaria (fojas 232 a 233). Además, por oficio y anexo recibido en este juzgado el doce de abril de este año (fojas 252 a 253), el Director aludido remitió la notificación practicada a la quejosa por conducto de su autorizada, respecto del oficio FP/370/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve, por el que le comunicó que desincorporó de su esfera jurídica los preceptos declarados inconstitucionales. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar, por una parte se negó, y por otra, se concedió (fojas 32 a 36 y 48 a 54), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, de constancias de autos se aprecia que obra por separado un sobre que contiene recibos de nómina originales exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas podrán ser depuradas junto con el expediente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector tal y como lo acredita con el anexo; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el ocurso y constancia de cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Por otro lado, téngase por recibido el oficio suscrito por el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas, a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguense a sus autos la comunicación oficial de cuenta y anexo, para que obren como corresponda, sin realizar mayor pronunciamiento, por las razones expuestas en el párrafo que antecede.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector tal y como lo acredita con el anexo; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el ocurso y constancia de cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Por otro lado, téngase por recibido el oficio suscrito por el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas, a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguense a sus autos la comunicación oficial de cuenta y anexo, para que obren como corresponda, sin realizar mayor pronunciamiento, por las razones expuestas en el párrafo que antecede.
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