María Esther Vázquez Cruz y Otros.
Expediente 1511/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1511/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Esther Vázquez Cruz y Otros.
- Claudio Valencia Flores
- Carmelo Martínez Flores y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento contra el auto de diez de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno respectivo es susceptible de depuración; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo, los proveídos mediante los cual se concedió la medida cautelar y el presente acuerdo. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General en cita. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que, de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, conforme al Acuerdo General en mención, se destruirán junto con el expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento contra el auto de diez de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno respectivo es susceptible de depuración; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo, los proveídos mediante los cual se concedió la medida cautelar y el presente acuerdo. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General en cita. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que, de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, conforme al Acuerdo General en mención, se destruirán junto con el expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la lectura de la demanda de amparo que la parte quejosa María Esther Vázquez Cruz y Carmelo Martínez Flores, por propio derecho, señalaron como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, el cual dio origen al expediente ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual solicitan la celebración de junta familiar, entre los hoy quejosos y Claudio Valencia Flores; La omisión de decretar las medidas de protección y cautelares a los menores cuya identidad se reserva con iniciales ********************. y ******************** La omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la junta familiar. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huamantla, al rendir su informe justificado se advierte que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, la citada autoridad proveyó lo relativo al escrito fechado el cinco de diciembre de dos mil veintidós y presentado por la parte quejosa en fecha nueve siguiente, por el cual solicitó la celebración de una junta familiar entre María Esther Vázquez Cruz y Carmelo Martínez Flores, y Claudio Valencia Flores, dando origen al expediente ********************. Por tanto, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil veintidós), dicho acto no existía y por ende, es evidente que no puede desvirtuarse con ningún elemento de prueba, por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, mediante diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se decretaron las medidas protectoras a favor de los menores cuya identidad se reserva identificados con las iniciales ********************. y ******************** haciendo la restitución de los mismos a los solicitantes del amparo, hasta en tanto se llevara a cabo la junta familiar. Por lo que, mediante resolución de fecha seis de enero del año en curso, la citada autoridad resolvió modificar la medida protectora decretada por diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la guardia y custodia de los menores cuya identidad se reserva, otorgándoles la custodia provisional a los peticionarios del amparo y estableciendo el régimen de convivencias y alimentos; documental pública a la que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, AL CESAR LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que se pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimaron violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado la parte quejosa en su libelo de amparo la omisión de decretar las medidas de protección y cautelares a los menores cuya identidad se reserva con iniciales ********************. y ******************** y en consecuencia, la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la junta familiar y toda vez que la autoridad responsable el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós decretó las medidas protectoras solicitadas en el expediente ******************** de su índice y el seis de enero siguiente, resolvió modificar la medida protectora decretada por diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la guardia y custodia de los menores, otorgándoles la custodia provisional a los quejosos y estableciendo el régimen de convivencias y alimentos. Ante estas circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO respecto del acto reclamado con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron la DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Sin que haya lugar a que obre en autos el emplazamiento a la tercera interesada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la lectura de la demanda de amparo que la parte quejosa María Esther Vázquez Cruz y Carmelo Martínez Flores, por propio derecho, señalaron como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, el cual dio origen al expediente ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual solicitan la celebración de junta familiar, entre los hoy quejosos y Claudio Valencia Flores; La omisión de decretar las medidas de protección y cautelares a los menores cuya identidad se reserva con iniciales ********************. y ******************** La omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la junta familiar. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huamantla, al rendir su informe justificado se advierte que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, la citada autoridad proveyó lo relativo al escrito fechado el cinco de diciembre de dos mil veintidós y presentado por la parte quejosa en fecha nueve siguiente, por el cual solicitó la celebración de una junta familiar entre María Esther Vázquez Cruz y Carmelo Martínez Flores, y Claudio Valencia Flores, dando origen al expediente ********************. Por tanto, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil veintidós), dicho acto no existía y por ende, es evidente que no puede desvirtuarse con ningún elemento de prueba, por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, mediante diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se decretaron las medidas protectoras a favor de los menores cuya identidad se reserva identificados con las iniciales ********************. y ******************** haciendo la restitución de los mismos a los solicitantes del amparo, hasta en tanto se llevara a cabo la junta familiar. Por lo que, mediante resolución de fecha seis de enero del año en curso, la citada autoridad resolvió modificar la medida protectora decretada por diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la guardia y custodia de los menores cuya identidad se reserva, otorgándoles la custodia provisional a los peticionarios del amparo y estableciendo el régimen de convivencias y alimentos; documental pública a la que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, AL CESAR LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que se pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimaron violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado la parte quejosa en su libelo de amparo la omisión de decretar las medidas de protección y cautelares a los menores cuya identidad se reserva con iniciales ********************. y ******************** y en consecuencia, la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la junta familiar y toda vez que la autoridad responsable el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós decretó las medidas protectoras solicitadas en el expediente ******************** de su índice y el seis de enero siguiente, resolvió modificar la medida protectora decretada por diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la guardia y custodia de los menores, otorgándoles la custodia provisional a los quejosos y estableciendo el régimen de convivencias y alimentos. Ante estas circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO respecto del acto reclamado con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron la DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Sin que haya lugar a que obre en autos el emplazamiento a la tercera interesada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.
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