María Esther Soto Moreno
Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 50 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 18/02/2022
Partes del expediente
- María Esther Soto Moreno
- Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en Guadalajara Jalisco.
- Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por ********************, parte quejosa en este juicio de amparo, mediante el cual promueve incidente de cumplimiento sustituto, a lo que se provee: El presupuesto para que se dé el cumplimiento sustituto es que exista una sentencia que ampare y que el quejoso opte por el pago de daños y perjuicios en sustitución del cumplimiento convencional. Este supuesto se presenta cuando las autoridades no están en condiciones de restituir por imposibilidad material o por implicaciones políticas o sociales que obstaculicen la restitución en sus términos. Como una salida excepcional y a fin de no entorpecer o dilatar indefinidamente el cumplimiento de las sentencias. Cabe precisar que la tramitación del cumplimiento sustituto de una ejecutoria de amparo se da cuando concurran los siguientes requisitos: a) que la naturaleza del acto permita el cumplimiento sustituto; b) que se determine previamente el incumplimiento de la sentencia de amparo o la repetición del acto reclamado; y, c) que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que podría obtener el quejoso con su cumplimiento, requisito este que implica que aunque la ejecutoria de garantías pueda ejecutarse materialmente, no conviene hacerlo, lo cual no debe confundirse con la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Pues bien, de lo anterior se colige con meridiana claridad que de conformidad con el numeral 204 de la Ley de Amparo, el cumplimiento sustituto tiene por efecto que la ejecutoria de amparo se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios a la parte quejosa, circunstancia que en este caso no acontece, merced de que ya se declaró cumplido el fallo protector en acuerdo dictado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, superior que conoció de la inconformidad promovida por la quejosa, declaró infundado dicho medio de impugnación el cual fue registrado con el número ********************, de ahí que la declaratoria de cumplimiento se encuentre firme. Por lo expuesto no ha lugar a tramitar el incidente de cumplimiento sustituto dada la notoria e indudable improcedencia del mismo. Se cita la tesis con registro digital: 2012307, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado." De igual manera, se invoca la tesis con registro digital: 164113, sustentada por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Novena Época, que dispone: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU APLICABILIDAD MATERIAL. Aun cuando un órgano jurisdiccional distinto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que existe imposibilidad para cumplir con la sentencia que concede el amparo, ésta puede resolver, a partir del análisis de las condiciones de cada caso concreto, que la sentencia de garantías sí puede ser cumplida en sus términos y, por tanto, no procede ordenar su cumplimiento sustituto. Para determinar lo contrario, es decir, que la resolución no es susceptible de cumplirse en sus términos, es necesario valorar si conforme a lo previsto en el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional la ejecución de ésta afecta gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, para lo cual es necesario evaluar los costos y beneficios que una determinada acción pueda llegar a tener a partir de su expresión en una unidad comparable (normalmente mediante valores pecuniarios), identificando cuál de los dos es mayor y, a partir de ahí, tomar la decisión que represente mayores beneficios netos, lo cual es posible tratándose de situaciones de cuantificación perfecta, esto es, cuando los elementos comparables están definidos y la cuantificación numérica de los costos y beneficios es absoluta, pues en este caso la facultad se limita a comparar entre el valor de un curso de acción y otro, y decidir por el que represente el valor más alto. Por otro lado, cuando no estén definidos los elementos a contrastar o bien no sea posible asignarles un valor numérico preciso, el referido análisis consistirá: en primer lugar, en la identificación de los "bienes jurídicos" relevantes para el caso así como de los costos y los beneficios que de ellos resulten también relevantes, al igual que su adecuada relación respecto de los sujetos mencionados en el artículo 107, fracción XVI, párrafo segundo; en segundo lugar, en distinguir de entre los costos y beneficios determinados como relevantes, aquellos que puedan monetizarse y los que no puedan serlo, teniendo que argumentarse todos los elementos relacionados en el caso de los segundos, como el tipo de afectación que se irroga a la sociedad o a terceros y si ésta es o no grave; y, en último lugar, en la unión de los elementos anteriores mediante una adecuada motivación, que consistirá en identificar los bienes jurídicos, costos relevantes y sujetos relacionados, así como verificar los cálculos necesarios para llegar a la determinación final que permita contraponer costos frente a beneficios y, como consecuencia, con independencia del resto de elementos, arribar a una solución en cuanto a si efectivamente existe una razón para ordenar o no el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo." Quejosa designa domicilio. Se tiene señalando a la quejoso como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ****, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Resolución dictada por el superior. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria celebrada vía remota el trece de enero de dos mil veintidós, dentro del recurso de inconformidad 16/2021, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno; testimonio en el que la superioridad resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad". Agréguese testimonio y acúsese recibo. En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia y acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado informa. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite la inconformidad planteada por la quejosa María Esther Soto Moreno, en contra de la resolución de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, cuyo registro es 16/2021. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Recurso de inconformidad. Téngase por recibido escrito de la quejosa María Esther Soto Moreno y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista a las partes. Hágase del conocimiento de las partes y por lo que ve a las autoridades responsables notifíqueseles por medio de oficio. Remisión de los autos. Póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, en turno, el escrito de cuenta y el auto materia de impugnación; en el entendido de que a efecto de que la superioridad conozca lo actuado en el presente juicio, se deberá hacer disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), razón por la cual no se ordena la remisión física de constancia alguna. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 203 de la Ley de Amparo y con lo establecido en el Acuerdo General 10/2013 de dos de julio de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete siguiente; e Instrumento por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente el considerando séptimo; y puntos cuarto, fracción IV; y octavo, fracción I, así como primero transitorio. Solicitud de boleta de turno. Por otro lado, para estar en aptitud de remitir los autos del presente asunto, remítase oficio al correo electrónico del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a fin de que genere la boleta de turno al tribunal colegiado correspondiente, para que conozca del recurso de inconformidad. Señala domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el ubicado en el número 472 de la calle Rio Colotán, Colonia Loma Bonita Ejidal, Tlaquepaque, Jalisco, código postal 45085. Proporciona dato de contacto. Asimismo, proporciona como datos de contacto la dirección de correo electrónico que se desprende de su ocurso de cuenta. Del cual este juzgado toma nota, sin que implique que las notificaciones que se le realicen a su parte sea por dicho medio electrónico, sino que si por las cargas labores de este órgano jurisdiccional, resulta necesario hacerlas por tal conducto, deberá constar en acta que suscriba el actuario de la adscripción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Alberto Ramírez Díaz, Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse gozando de su período vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2851/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la secretaria Diana Ulloa Hernández, que autoriza y da fe. JARD/DUH/mmed
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