María Esther Ruiz Quinta
Expediente 1080/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Esther Ruiz Quinta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de doce de abril del dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y agréguese a estos autos el original del incidente de suspensión quedando sin efecto las medidas provisionales decretadas. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción I, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, en virtud de que el doce de abril de dos mil dieciocho, se decretó sobreseimiento, y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, en virtud de que no es de relevancia documental. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto invocado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el diverso punto Vigésimo Primero, fracción III, segundo párrafo del propio ordenamiento en cita, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada deberá depurarse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de cinco años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada. Por último, devuélvase al Presidente de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública el testimonio de constancias del expediente 427/2017-I, que acompaño a su informe de ley, sin solicitar acuse recibo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veinte de febrero del año, se ordenó emplazar al presente juicio a la tercera interesada Ignacia Paz Salas, por medio de edictos que acosta de la parte quejosa se publicaran por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación, requiriéndose al impetrante para que en el término de veinte días se presentara a recogerlos y en el mismo término, acreditara ante este Juzgado que había procedido a la publicación de los mismos. La anterior determinación fue notificada por medio de lista a la parte quejosa el día cinco de marzo del presente año, sin que la parte quejosa se haya presentado ante este órgano jurisdiccional a recoger el citado edicto, ni haya acreditado su publicación. Ahora bien, toda vez que en términos de la certificación secretarial de cuenta, ya transcurrió el término de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído veinte de febrero del año en curso, y en virtud de que no acreditó haber procedido a la publicación de los edictos con los que se habría de emplazar a la tercera interesada Ignacia Paz Salas al presente asunto, no obstante estar debidamente notificada de la determinación de veinte de febrero del este año, que así se lo ordenaba; por tanto, como no cumplió con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento, hace que este Juzgado no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto antes mencionado; y, con fundamento en el artículo 63, fracción II en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como del numeral 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE doce de abril DE DOS MIL DIECIOCHO, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veinte de febrero del año, se ordenó emplazar al presente juicio a la tercera interesada Ignacia Paz Salas, por medio de edictos que acosta de la parte quejosa se publicaran por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación, requiriéndose al impetrante para que en el término de veinte días se presentara a recogerlos y en el mismo término, acreditara ante este Juzgado que había procedido a la publicación de los mismos. La anterior determinación fue notificada por medio de lista a la parte quejosa el día cinco de marzo del presente año, sin que la parte quejosa se haya presentado ante este órgano jurisdiccional a recoger el citado edicto, ni haya acreditado su publicación. Ahora bien, toda vez que en términos de la certificación secretarial de cuenta, ya transcurrió el término de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído veinte de febrero del año en curso, y en virtud de que no acreditó haber procedido a la publicación de los edictos con los que se habría de emplazar a la tercera interesada Ignacia Paz Salas al presente asunto, no obstante estar debidamente notificada de la determinación de veinte de febrero del este año, que así se lo ordenaba; por tanto, como no cumplió con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento, hace que este Juzgado no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto antes mencionado; y, con fundamento en el artículo 63, fracción II en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como del numeral 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO."
- Principal
Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda los oficios signados por el Director General de Seguridad Pública del Estado, Directora de Catastro y Desarrollo Urbano, Dirección del Registro Público de la Propiedad y Titular de la Unidad Jurídica del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, mediante los cuales cumplen con el requerimiento formulado en proveído de doce de febrero de este año. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, particularmente del contenido de los informes que se solicitaron a diversas dependencias en proveído de doce de febrero del año en curso, de los cuales no se ha obtenido resultado alguno respecto del domicilio de Ignacia Paz Salas, donde pueda ser localizada y legalmente emplazada al presente juicio de amparo, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo y con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, emplácese a la tercera interesada antes mencionada, por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, los cuales, de conformidad con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación, los que deberán contener una relación sucinta de la demanda de garantías promovida por María Esther Ruiz Quinta, por su propio derecho y en su carácter de Secretaria General del Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado "SOLTGE", contra actos de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, de quien reclamó: "La resolución dictada por la CEGAIP en fecha 13 de Septiembre de 2017 y notificada a la suscrita en fecha 27 de Septiembre de 2017, dentro del expediente RECURSO DE REVISIÓN 427/2017-1 PLATAFORMA.." Hágase saber a la tercera interesada por dicho medio, que deberá presentarse ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, dentro del término de treinta días contado a partir del siguiente al de la última publicación, que queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de la demanda de amparo y que en caso de no comparecer las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional Federal. Colóquese en la puerta de este Juzgado copia íntegra del presente acuerdo por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Requiérase a la parte quejosa para que en el término de veinte días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente ante este Juzgado a recoger los edictos correspondientes y en el mismo término acredite ante este Juzgado que procedió a la publicación los mismos, apercibida que de no hacerlo, se sobreseerá el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción II en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como del numeral 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C.13 K (10a.), visible en la página 1991, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, ES PARA RECOGERLOS, ENTREGARLOS PARA SU PUBLICACIÓN Y HACER EL PAGO CORRESPONDIENTE, SIN QUE LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DENTRO DEL MISMO PLAZO, CONDUZCA AL SOBRESEIMIENTO. De los artículos 27, fracción III y 63, fracción II, de la Ley de Amparo se desprende que el propósito de ordenar el emplazamiento por edictos del tercero interesado, cuando ello no ha sido posible personalmente, es integrar la relación jurídica procesal. La carga procesal del quejoso de coadyuvar a la publicación de los edictos implica diversos actos y estadios, como son recogerlos, entregarlos para su publicación -lo que implica pagar esta última-, y acreditar ante el órgano judicial que los edictos fueron entregados para su publicación. Ahora bien, la causal de sobreseimiento por incumplimiento a la carga procesal de emplazar al tercero interesado mediante la prensa, debe interpretarse en el sentido de que el quejoso debe presentar los edictos para su publicación dentro del lapso de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, es decir, este término se refiere al ejercicio de la carga procesal de presentar los edictos para que sean publicados, mas no al deber de justificarlo ante el órgano jurisdiccional, lo que válidamente puede hacerse después de ese plazo, ya sea que para ello se fije el término genérico de tres días posteriores a los veinte para presentar los edictos; que el órgano jurisdiccional requiera su presentación dando un término para ello; o bien, si se omite requerir al quejoso para que compruebe que entregó los edictos, entonces podrá hacerlo hasta la fecha señalada para la audiencia constitucional pues, en este último supuesto, no estará constreñido a un término preciso. Lo anterior, desde luego, en el entendido de que la publicación se lleve a cabo en los términos ordenados por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta interpretación es la que mejor se adecua a la carga procesal en análisis, pues establece la posibilidad de que el quejoso goce del término de veinte días en forma completa, sin la restricción que resultaría de considerar que ese plazo es tanto para entregar y pagar los edictos, como para comprobar ello ante el órgano judicial, pues en esta hipótesis el término podría verse disminuido debido a que la entrega y pago generalmente ocurrirían antes de que finalice el referido plazo de veinte días. Asimismo, la interpretación propuesta atiende a la materialidad del hecho constitutivo de la causa de sobreseimiento, esto es, a si los edictos fueron o no publicados, con lo que se hace compatible lo ordenado en la ley con lo que haya ocurrido en la realidad, puesto que el sobreseimiento no se hace depender solamente de un requisito formal de comprobación ante el órgano jurisdiccional, sino que tiende a corroborar si en la realidad los edictos fueron o no entregados para su publicación dentro del plazo legal, privilegiándose la procedencia de la acción constitucional sobre requisitos que resulten excesivos y obstaculizadores, acorde con los postulados contenidos en el artículo 1o. constitucional.". Asimismo, por su contenido, también resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 27/2015 (1Oa.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo T, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009915, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción IIl, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.". Por economía procesal se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la misma. NP**
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