María Esther Ramos López
Expediente 1710/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1710/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Esther Ramos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Adalberto Escalante Lezama, apoderado legal de María Esther Ramos López, hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles, a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero para la devolución de los documentos, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la parte promovente o cualquiera de sus autorizados, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, en el entendido que de no recoger los documentos en el plazo señalado en líneas que antecede, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el párrafo que precede. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la copia certificada expediente laboral 331/2010, la cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1710/2021-9, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 9, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Magistrado Representante de las Entidades Públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Magistrado Representante de los Trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. Acto reclamado: ( La falta de ejecución eficaz, acuerdos imperativos y multas para el cumplimiento del laudo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dentro del expediente 331/2010. SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de tres de enero de dos mil veintidós, por una parte, se desechó la demanda respecto al Presidente, Síndico de Hacienda, Director Jurídico, Director de Finanzas y Director de Programación, todos del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, pues no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con la actora, aquí quejosa. Por otra parte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1710/2021-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La falta de ejecución eficaz, acuerdos imperativos y multas para el cumplimiento del laudo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dentro del expediente 331/2010. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierta la omisión de dar cumplimiento al laudo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 331/2010, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que atribuye a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades responsables integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco del Estado de Tabasco, no se advierte que haya sido emplazada a juicio ni requerida como autoridad vinculada en el cumplimiento del juicio de nulidad, sin que la parte quejosa hubiere aportado al presente juicio de amparo prueba alguna en contrario o de autos se advierta alguna que desvirtúe dicha inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia (V Región)2o. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, materia común, Tomo III, página 2351, con número de registro 2017654, que establece: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. Por consiguiente, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama a los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, pues aunque lo negaron éstos, dicha negativa se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias certificadas que remitió dicha responsable, de las que se advierte que emitió el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, subsanando las omisiones que señala la parte quejosa como acto reclamado en el presente juicio de amparo. Documentos a los que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que como lo hace valer la autoridad responsable, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, relativa a la copia certificada del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se advierte que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, dictó un proveído en el expediente 331/2010, en el cual, en lo que interesa dijo: "VILLAHERMOSA, TABASCO A DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO.- Con esta fecha el Pleno de este Tribunal Laboral tiene a la vista, a fin de resolver respecto de la documental siguiente: único).- Escrito de fecha 3 de junio de 2021, signado por el Lic. Adalberto Escalante Lezama, en su carácter de apoderado legal de la actora C. **********, constante de 2 fojas útiles tamaño oficio, recepcionado por esta Autoridad Laboral el día 7 del mismo mes y año; documental que se ordena agregar a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, vista las actuaciones que obran integradas en el presente expediente, y apreciando en consecuencia los argumentos y peticiones expuestas en los oficios de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado de Tabasco, el Pleno de este Tribunal tiene a bien resolver a verdad sabida y buena fe guardada, lo siguiente: PRIMERO.- En cuanto al escrito marcado en el inciso único, se tiene al Lic. Adalberto Escalante Lezama, en su carácter de apoderado legal de la actora C. **********, solicitando a este Tribunal señale fecha y hora para que se decrete, embargo a favor de su representada por la cantidad de $845,109.54 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 54/100 M.N.), en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, siendo dicha cantidad el pago de todas y cada una de las prestaciones a las que se le condenó a la entidad demandada en el Laudo de fecha 28 de junio de 2016, solicita además se dicten las medidas necesarias a efectos de cumplir las prestaciones condenadas en el Laudo de referencia, y en caso de que el ente público no acate lo solicitado, se de vista a su superior jerárquico para su debido cumplimiento. Ahora bien, en primer término, se acuerda favorable la fecha y hora de requerimiento de pago a favor de la actora por la cuantía firme determinada en autos. haciéndole ver que en el presente proveído se dictaran las medidas que a juicio de esta Autoridad son suficientes y eficaces para lograr el pago del pasivo laborar a favor de la actora. Y respecto al embargo, es conveniente jurídicamente establecer que de la lectura al sistema normativo que regula la ejecución de los Laudos la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Bajo ese orden de ideas, es evidente que no resulta procedente el embargo que reclama y solicita el actor, en su escrito por las consideraciones de derecho expresadas en líneas que anteceden. SEGUNDO.- Ahora bien, este Tribunal tiene la obligación de hacer cumplir sus propias determinaciones, por tanto, en acatamiento a las disposiciones consignadas en los artículos. Por lo que, para continuar con la ejecución del LAUDO DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS (fojas 211-227) y RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN (fojas 227-268). se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO. apercibiéndose a la demandada que en caso de no acatar lo aquí requerido se le impondrá una MULTA DE SIETE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. En el entendido que el condenado no puede soslayar su cumplimiento máxime al tratarse de un LAUDO, debidamente ejecutoriado por lo que se apercibe a la demandada de que de no dar cumplimiento a lo ordenado se le requerirá a través de su superior jerárquico y se seguirá el procedimiento de ejecución. TERCERO.- En las relatadas consideraciones, para dar cumplimiento al Laudo de mérito, lo procedente es REQUERIR al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, quien resulta ser el superior jerárquico del Presidente Municipal. Director de Programación.Director de Finanzas. Director de Asuntos Jurídicos; todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, para que en el término de DIEZ DÍAS HABILES, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente. En el entendido que, como ente público, y de conformidad con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, deberá incluir ante una posible insuficiencia de recursos económicos, en el Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, el pago a favor del quejoso la cantidad citada. Por lo antes expuesto se requiere al Presidente del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, así como a los titulares de las Direcciones de Finanzas y de Programación que dicho municipio, para que en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES. De lo anterior, se advierte que este Tribunal tiene facultad de poner en conocimiento del Cabildo, por conducto del Síndico de Hacienda (representante legal de la demandada), la omisión del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, de cumplimentar el Laudo y la interlocutoria de Liquidación dictada en el sumario laboral en que se actúa; por tanto, notifíquese y hágase del conocimiento de los integrantes del Cabildo del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, las omisiones desplegadas por el Presidente Municipal, Secretario, todos los integrantes del Cabildo, Director de Programación, Director Jurídico y Directos de Finanzas todos del Ayuntamiento demandado, obligados al cumplimiento del Laudo perentorio y de la Resolución Interlocutoria de Liquidación, dictada en el expediente laboral 331/2010, de su índice, en el que se condenó al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.". Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable, pues no había proveído eficazmente respecto de diversas acciones para el cumplimiento del laudo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dentro del expediente 331/2010; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 49, con registro digital 239006, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador de Actuarios adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual se adhiere al informe justificado rendido por su superior jerárquico; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, solicita se le conceda prórroga para remitir las constancias del expediente laboral 331/2010, por los motivos que expone. En tal virtud, en atención a lo solicitado, se le concede por única ocasión prórroga por el término de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, para que remita copia certificada de las constancias solicitadas inherentes al juicio laboral 331/2010; en el entendido, que sigue subsistiendo el apercibimiento con el que se conminó en auto de tres de enero de dos mil veintidós. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- María Estañol Sánchez764/2021
- María Estañol Sánchez1558/2023
- María Estela Flota Guzmán991/2021
- María Esther Caporali Fajardo1724/2016
- María Esther Marín Chablé1335/2018
- María Esther Ramírez Mendez491/2015
- María Esther Reyes López1691/2015
- María Esther Tellez Guzmán170/2019
- Maria Esther Tellez Guzman289/2018
- María Esther Tellez Guzmán1124/2019
- María Esther Tellez Gúzman672/2019
- María Estrella García García2454/2023