Maria Esther Ortiz Lopez
Expediente 1063/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Esther Ortiz Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de trece de septiembre del año en curso, en el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Ahora, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1063/2022. PARTE QUEJOSA MARÍA ESTHER ORTIZ LÓPEZ, contra actos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de acreditada. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ACTOS RECLAMADOS: 1.- La falta de información respecto de los descuentos que se le realizan vía nómina de su fuente de trabajo, los cuales no alcanzaron a cubrir el treinta por ciento correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve a la fecha actual. 2.- La falta de notificación personal respecto de los descuentos realizados vía nómina de la fuente de trabajo de la trabajadora (aquí quejosa) que no alcanzaron a cubrir el treinta por ciento de los pagos correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve a la fecha actual. 3.- La falta de aplicación de la nómina de su fuente de trabajo, correspondiente al mes de septiembre de dos mil diecinueve a la fecha actual, en relación a la cláusula cuarta del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que firmo con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 4.- La falta de aplicación de incrementos de actualización respecto a los descuentos que se le realizan vía nómina de su fuente de trabajo, correspondientes a los años del dos mil diecinueve al dos mil veintidós, en relación al segundo párrafo de la cláusula cuarta del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que firmó con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 5.- El cobro de la acumulación de intereses moratorios por el incumplimiento de pagar TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL, de manera quincenal, a través de descuentos vía nómina de su fuente de trabajo. 6.- La omisión de determinar y notificar de as cuentas bancarias y la cantidad que resulte faltante para cubrir la obligación de pago que no alcanzó a cubrir del treinta por ciento sobre su sueldo, conforme a lo plasmado en la cláusula séptima del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que refiere firmó con el el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional. DESECHAMIENTO Ahora, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En tal circunstancia se tiene que, en el caso, LOS ACTOS RECLAMADOS NO SON ACTOS DE AUTORIDAD, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que a la autoridad que señala como responsable, no le asiste tal carácter para efectos del juicio de amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general .". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Aunque por supuesto, dicho Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Se puntualiza, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: .. Mientras el diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. (.) Ahora bien, en el caso, la lectura integral de la demanda de amparo y las documentales anexas por la quejosa, particularmente del Instrumento notarial número cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y uno, pasado ante la fe de la notaria pública número setenta y ocho en el Estado de Oaxaca, se desprende la celebración de contrato de compraventa, contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, y la Constitución de garantía hipotecaria, y que, con respecto al segundo, fue celebrado entre la ahora quejosa María Esther Ortíz López y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que es una unidad administrativa desconcentrada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a su vez es un organismo público descentralizado de la administración Pública federal. Que en lo que interesa, dicho contrato contempla que la acreditada, aquí quejosa, según cláusula tercera financiera, se obligó a pagar quincenalmente la cantidad de tres mil doscientos diecinueve pesos con treinta y cinco centavos, con motivo del contrato de mutuo con interés con garantía hipotecaria. Que conforme a la distinta cláusula quinta se devengarían intereses ordinarios, como también moratorios, según cláusula sexta, para el caso de que la acreditada deje de cubrir algún abono para el pago del saldo insoluto total del mutuo, obligándose también a pagar los pagos omitidos y el interés moratorio respectivo por los abonos vencidos. Ahora bien, si como ya se apuntó, es verdad que en el caso, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), es una unidad administrativa desconcentrada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a su vez es un organismo público descentralizado de la administración Pública federal, es decir, un ente público, ello por sí no lo coloca como una entidad que deba considerarse con el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque los actos objeto de reclamo, en su caso, no se ve deriven de una actividad unilateral fincada en la ley, antes bien, sus actuaciones tiene su origen, según lo plasma la parte quejosa, en el contrato de mutuo con interés con garantía hipotecaria, en donde la justiciable se obligó con la señalada como responsable, pero en su calidad de ente privado, a cumplir con el clausulado reseñado. De donde al existir autonomía en la voluntad de la suscribiente, ahora quejosa, para dar cumplimiento a obligaciones de manera bilateral con la reseñada como responsable, ello no da motivo para establecer que los actos que reclama sean asequibles al conocimiento de este juzgador en demanda de amparo. De ahí que, como los actos reclamados tienen su origen en un contrato, ello conduce a DESECHAR de plano, con los fundamentos ya invocados, la demanda de amparo de que se trata por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación de cuenta, autorizando para ese efecto, con todas las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente al licenciado Ponciano Santiago Lorenzo, no así de las restantes personas que para ello designa, toda vez que no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, por lo que solamente se les tiene autorizadas para oír y recibir acuerdos y notificaciones. SEÑALAMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus ., prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021, del citado Pleno, se tiene a la parte quejosa señalando los números telefónicos y correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional , no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-.), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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