María Esther Navarro Díaz

Expediente 239/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
239/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • María Esther Navarro Díaz
  • Rubén Jiménez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta firmado por la quejosa ***, por sí y como representante común de los diversos quejosos en el presente juicio de amparo; atento a su contenido, dígase al promovente que en el presente juicio de amparo se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable, por lo que una vez que la superioridad informe a este juzgado la ejecutoria que se dicte en el recurso de revisión correspondiente, se acordará lo conducente. Por otra parte, como lo solicita se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***, toda vez que si se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, como lo exige el numeral en consulta.

  2. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los presentes autos únicamente para obrar como corresponda, el escrito firmado por ****, toda vez que en autos se encuentra autorizado solamente para imponerse de autos y oír y recibir notificaciones, más no para promover; esto es, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los presentes autos únicamente para obrar como corresponda, el escrito firmado por ********************, toda vez que en autos se encuentra autorizada solamente para imponerse de autos y oír y recibir notificaciones, más no para promover, esto es, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

  4. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. VISTO, el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: Previo acordar lo conducente respecto de si las autoridades responsables cumplieron con las suspensiones provisionales y definitivas concedidas en autos, en principio resulta conveniente narrar algunos antecedes que obran dentro del presente incidente. Antecedentes. 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas el veinte de febrero de dos mil veintitrés, ********************, promovieron juicio de amparo por los actos y autoridades que de su propio escrito de demanda se desprenden, asimismo, solicitaron la suspensión provisional y definitiva respecto de la omisión de pago de aguinaldo correspondiente a la anualidad dos mil veintidós derivada de la pensión que ostentan, atribuido a la Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. 2. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés se se radicó la demanda bajo el número ********************; se admitió a trámite y se ordenó aperturar el incidente de suspensión por cuerda separada; en acuerdo de esa misma fecha, se dio trámite al presente incidente, en el que se concedió a los quejosos la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. 3. En audiencia y resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió la suspensión definitiva en la que se concedió a los quejosos la suspensión definitiva, contra el acto reclamado a las autoridades responsables. 4. Inconforme con la anterior determinación, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, mediante escrito de siete de marzo de dos mil veintitrés, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Tercer Circuito; quien lo registró como amparo en revisión administrativa ******************** y en acuerdo de veintitrés de marzo de la anualidad en cita, lo admitió a trámite. 5. Por escrito recibido en este juzgado el dos de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa, promovió incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional y definitiva; en auto de tres de mayo siguiente, se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe; y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia en términos de la fracción II del artículo 208 de la Ley de la Materia. 6. En audiencia y resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por la parte quejosa, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva deducido del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por conducto de su representante común, conforme a las consideraciones plasmadas en el considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, cumplan a lo ordenado en la parte final del último considerando de esta interlocutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo se realizará la denuncia al agente del Ministerio Público de la Federación, por los delitos a que se refiere el artículo 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo." 7. En acato a lo anterior, mediante escrito recibido en este juzgado el veintitrés de mayo del año en curso, la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, indicó que si bien es cierto contaba con la obligación de dar cumplimiento a las suspensiones emitidas por los órganos jurisdiccionales, el Instituto no cuenta con la liquidez inmediata para acatar el cumplimiento ordenado, por lo que, solicitó le fuera otorgada prórroga a fin de estar en aptitud de acatar la medida concedida. 8. Posteriormente, por escritos recibidos ante este órgano jurisdiccional, el uno, cinco y ocho de junio, todos de la anualidad en curso, el Delegado de las autoridades responsables, informó que persiste la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, eso es, efectuar el pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintidós a la parte quejosa, bajo el argumento de que el Instituto responsable no cuenta con la suficiencia financiera. Aduce que toda vez que ha hecho frente al requerimiento efectuado en diversos juicios amparo, se ha intentado cubrir en la medida de sus posibilidades; sin embargo, resulta insuficiente para realizar el pago de la cantidad que corresponde a los quejosos. A efecto de justificar lo anterior, la responsable anexó copias simples de los escritos de uno y siete de junio de dos mil veintitrés, mediante los cuales, la institución bancaria denominada ********************, ********************, ********************, emitió los saldos de las cuentas de cheques que el Instituto responsable mantiene al treinta y uno de mayo y seis de junio de la presente anualidad con la nombrada institución bancaria. 9. Finalmente, en proveído de nueve de junio de la anualidad en cita y atento a las manifestaciones vertidas por la responsable, se ordenó emitir pronunciamiento respecto al incumplimiento a la medida cautelar concedida dentro del presente incidente de suspensión. Efectos de la suspensión provisional y definitiva Precisado lo anterior, es conveniente señalar los efectos para los que fueron concedidas la suspensión provisional y definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************. Como se dijo, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión provisional a los quejosos, para los efectos siguientes: "Por lo antes expuesto, se concede la suspensión provisional solicitada por los quejosos, para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las gestiones y trámites correspondientes para que se pague a los quejosos los aguinaldos que reclaman. Lo anterior, en tanto se notifique la resolución que se emita al resolver la suspensión definitiva en el presente incidente. En el entendido que la medida suspensional no surtirá sus efectos, en caso de que exista una resolución firme emitida por autoridad competente en el que se haya revocado o determinado la suspensión del aguinaldo a favor de los quejosos". Posteriormente, en resolución incidental de dos de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva a los quejosos, para los siguientes efectos: "Por lo antes expuesto, se concede la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, para que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones y trámites correspondientes para que se pague a la quejosa el aguinaldo que reclama. Lo anterior, en tanto se notifique la resolución que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente." Manifestaciones y pruebas ofertadas durante el incidente. 1. Por escrito recibido ante este órgano jurisdiccional el diez de mayo de dos mil veintitrés, el Delegado de las autoridades responsables rindió informe respecto del incidente por defecto en el cumplimiento, en el que adujo que el Instituto responsable, no contaba con la suficiencia financiera, a efecto de dar cumplimiento a la prestación reclamada. Indicó que derivado del Informe Especifico emitido por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, se determinó suspender el pago correspondiente del aguinaldo anual de los pensionados. 2. Por escrito recibido el veintitrés de mayo siguiente, el Delegado de las responsables, indicó que realizó erogaciones con cargo al flujo de caja operacional del Instituto responsable, ocasionando crecimiento en la deuda interna, por lo que, dicho Instituto no contaba con la liquidez inmediata para realizar el pago a los quejosos, de conformidad con la medida otorgada. 3. Mediante escritos recibidos ante este órgano jurisdiccional, el uno, cinco y ocho de junio, todos de la anualidad en curso, el Delegado de las autoridades responsables, informó que persiste la imposibilidad material para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, eso es, efectuar el pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintidós a la parte quejosa, bajo el argumento de que el Instituto responsable no cuenta con la suficiencia financiera. Adujo que toda vez que ha hecho frente al requerimiento efectuado en diversos juicios amparo, se ha intentado cubrir en la medida de sus posibilidades; sin embargo, resulta insuficiente para realizar el pago de la cantidad que corresponde a los quejosos. Finalmente, refirió que continúa realizando gestiones tendientes a lograr cabalmente y en breve término el cumplimiento de la resolución. A efecto de justificar lo anterior, anexó copias simples de los escritos de uno y siete de junio de dos mil veintitrés, mediante los cuales, la institución bancaria denominada ********************, ********************, ********************, emitió los saldos de las cuentas de cheques que el Instituto responsable mantiene al treinta y uno de mayo y seis de junio, todos de la presente anualidad con la nombrada institución bancaria. Incumplimiento de la suspensión. No se debe perder de vista que el objeto primordial de la suspensión consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para la parte agraviada la protección de la Justicia de la Unión, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionarle. Por tanto, las autoridades responsables están vinculadas a acatar la suspensión, hasta en tanto ésta no sea dejada insubsistente jurídicamente. Por ello, en el incidente promovido por defecto en el cumplimiento de la suspensión corresponde verificar si la suspensión otorgada se cumplió o no en sus términos y si las autoridades responsables estuvieron en aptitud de rectificar los errores en los que pudo haber incurrido, lo cual podría incidir con el resultado de la denuncia que, en su caso se haga sobre la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, de todo lo anterior, se advierte que las autoridades responsables no dieron cabal cumplimiento a la suspensión provisional y definitiva de veintidós de febrero y dos de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, otorgadas en el presente incidente, pues a partir de que se concedió dicha medida cautelar no han efectuado el pago del aguinaldo correspondiente a la anualidad dos mil veintidós, a que tienen derechos los quejosos, pese a los diversos requerimientos efectuados. Se dice lo anterior, pues la suspensión provisional y definitiva que fueron concedidas por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el veintidós de febrero y dos de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los quejosos reclamaron de las autoridades administrativas, la omisión de realizarles el pago de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintidós, cuyos efectos se materializan dentro de la jurisdicción de este juzgado. Además, de las constancias que obran autos se obtiene que el veintitrés de febrero y tres de marzo de la anualidad en cita, las autoridades responsables quedaron notificadas de la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. Precisándose que, si bien es cierto, dicha suspensión definitiva fue recurrida por las responsables a través del recurso de revisión administrativa ********************, del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Tercer Circuito, la misma no ha sido revocada o nulificada, por lo que a la fecha las autoridades responsables aún se encuentran obligadas a su acatamiento. Al respecto, debe indicarse que las autoridades responsables, con posterioridad a la fecha en que se les notificaron las determinaciones en que se concedió la suspensión provisional y definitiva, dictadas en el expediente en que se actúa, continuaron con la omisión del pago de aguinaldo correspondiente a la anualidad dos mil veintidós a los quejosos, justificando su proceder en la insuficiencia financiera que actualmente presenta. A efecto de acreditar dicha insuficiencia financiera, allegó al sumario copias simples de los escritos de uno y siete de junio de dos mil veintitrés, mediante los cuales, la institución bancaria denominada ********************, ********************, ********************, emitió los saldos de las cuentas de cheques que el Instituto responsable mantiene al treinta y uno de mayo y seis de junio, todos de la presente anualidad con la nombrada institución bancaria. Dichas documentales carecen de valor probatorio pleno, en razón de ser copia simple, aunado a que las mismas adolecen del nombre y puesto de quien las suscribe; por lo que, a juicio de esta juzgadora, no es apta para acreditar la imposibilidad material y jurídica para cumplir con el pago de la prestación -aguinaldo- a la que fue conminada la autoridad responsable, con el dictado de las suspensiones provisional y definitivita de referencia. Como apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia del rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". De lo anterior, en este incidente quedó probado que, a pesar de existir la suspensión decretada en los presentes autos, las autoridades continuaron con la omisión del pago de aguinaldo correspondiente a la anualidad de dos mil veintidós; lo anterior pues los quejosos acreditaron ser pensionados del aludido instituto al exhibir las pruebas con las que se acreditó tal calidad, por lo que las autoridades responsables se encontraban compelidas en realizar el pago reclamado por los quejosos, a partir de la concesión de dicha medida cautelar, lo que implica que dichos pagos debían realizarse por el aguinaldo y no lo hicieron, o cuando menos no demostraron haberlo realizado. Aunado a lo anterior, como se adelantó, las autoridades responsables Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas,no cumplieron con la medida cautelar, pues hasta el momento, no demostraron haber realizado el pago de aguinaldo a los quejosos correspondiente a la anualidad de dos mil veintidós. En ese sentido, aún y cuando la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas al contestar el requerimiento realizado en la determinación de incumplimiento de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, haya manifestado estar en imposibilidad material y jurídica de realizar el pago de aguinaldo, atendiendo a la insuficiencia financiera de dicho Instituto para realizar el pago de la cantidad que se requiere y estar llevando a cabo las gestiones necesarias tratando de conseguir los medios que permitan cumplir con la resolución en comento, no obstante a ello, no justifica haber realizado el pago del aguinaldo. En ese sentido, se estima que las autoridades no dieron cumplimiento a lo ordenado en el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, pues incumplieron con la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En ese sentido, el incumplimiento a la violación a la suspensión provisional y definitiva trae como consecuencia, que se cumpla con lo que establece la ley reglamentaria, misma que remite a las disposiciones establecidas en el título quinto, "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos", para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión. De ahí que, ante un eventual desacato y siempre que la naturaleza del acto lo permita, el Juez de Distrito puede hacer cumplir el auto de suspensión o tomar las medidas para su cumplimiento. Asimismo, Ley de Amparo regula, en el capítulo quinto, "Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión", del título tercero, "Cumplimiento y Ejecución", el incidente en contra del exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se concede la suspensión del acto reclamado, bajo las condiciones señaladas y, en caso de que se demuestre que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión en sus términos, previo requerimiento para que dentro del plazo de veinticuatro horas rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, la autoridad responsable debe ser denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. De este modo, es incuestionable que las autoridades responsables están obligadas a cumplir, sin defectos ni excesos, con la suspensión del acto en los términos señalados en el acuerdo en que se haya concedido esa medida cautelar; sin embargo, si ello no se logra, la parte agraviada puede promover el incidente de referencia para controvertir el exceso o defecto en la ejecución del acuerdo suspensional. En ese sentido, la resolución del referido incidente adquiere una particular relevancia, ya que a través de éste, se determina, entre otros supuestos, si las autoridades responsables cumplieron en sus términos o no la suspensión del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que su desobediencia conlleva. En ese sentido, si bien la finalidad de los órganos de amparo no es constituirse como sancionadores, sino como garantes del orden constitucional, sobre todo en salvaguarda y plena observancia del deber previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, que obliga a toda autoridad a que, en el ámbito de su competencia, promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; máxime que ese propio precepto prevé, actualmente, el deber a cargo del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; transgresión que trae consigo el eventual incumplimiento de la suspensión decretada en un juicio constitucional por parte de la autoridad responsable correspondiente. Desde esa perspectiva, se estima que ante los diversos requerimientos formulados por este Juzgado de Distrito, a las autoridades responsables, éstas no dieron cumplimiento a las suspensiones concedidas en autos, pues no realizaron el pago de aguinaldo a los quejosos correspondiente a la anualidad dos mil veintidós. En consecuencia, procede observar lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVII de la Constitución Federal, vigente desde las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del 2011, así como lo previsto en el dispositivo 262, fracción III de la Ley de Amparo, los que respectivamente señalan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente; (.)." "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" De acuerdo con el artículo 107, fracción XVII Constitucional, la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión podrá ser sancionada penalmente; además el numeral 262, fracción III, determina que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. En ese sentido, a efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado en resolución incidental de diez de febrero de dos mil veintitrés y en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, procede hacer la denuncia correspondiente, de la Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por la existencia de hechos que puedan ser constitutivos del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, para que proceda de inmediato a realizar la investigación correspondiente, proceda a observar lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, ejerza acción penal en contra de las personas que probablemente hayan cometido o participado en los hechos previamente detallados que la ley señala como delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, al existir un hecho que la ley clasifica como delito previsto en el artículo 262, fracción III, la Ley de Amparo; esta juzgadora da vista de ello al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la Delegación de la Fiscalía General de la República en Zacatecas, Zacatecas, para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya o informe a quien corresponda, para que se inicie de inmediato la investigación correspondiente; se analice si los hechos acontecidos en el presente juicio de amparo, actualiza el citado ilícito y en su caso, ejerza acción penal en contra de quien resulte el probable responsable del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la tesis del de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato.".

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