Maria Esther Lozano Hernandez
Expediente 677/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Esther Lozano Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos los oficios y anexo de cuenta remitidos por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; mediante los cuales acusa recibo del oficio por el que se remitió el juicio de amparo 677/2020- VIII, promovido por María Esther Lozano Hernández, contra actos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y otras autoridades, asimismo, informa que dicho Tribunal calificó de legal el impedimento legal planteado por la suscrita y ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad, para que proceda a turnarlo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuaderno como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Finalmente, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; lo que deberá efectuarse una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso, obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; asimismo, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por María Esther Lozano Hernández, contra actos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y otras autoridades, con ocho copias y cuatro anexos que acompaña; que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 5°, 8°, y 16 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 677/2020-III. Así, en primer término, es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, que dio origen a la jurisprudencia 36/2002, consultable en la página 105, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.", sostuvo que todo proceso que se someta a la consideración del juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten, de tal suerte que el juzgador debe manifestar la existencia de los impedimentos a que alude el artículo 51 de la Ley de Amparo para, consiguientemente, dejar de conocer del asunto que lo motiva. Al respecto, los artículos 51, fracción VII, 52 y 55 de la ley de la materia disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano." De los citados numerales se advierte que uno de los supuestos legales que dan origen a un impedimento, es la amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes y, por tanto, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el aludido precepto legal, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. Lo anterior ocurre porque los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del funcionario para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplirla respecto de una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano o que desempeñan la función jurisdiccional. En el caso concreto, se estima que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII del artículo 51 del precepto legal en cita, en atención a que de la lectura de la demanda constitucional se advierte que, entre otros, Cinthya Piña Miranda, tiene el carácter de autorizada de la parte quejosa, con quien la suscrita mantiene una estrecha amistad. Por las consideraciones precedentes, esta juzgadora considera que en la especie podría verse afectada la imparcialidad con la que debe actuar todo juzgador, al emitir la resolución correspondiente en este juicio, lo que me obliga a declararme impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con el propósito de no incurrir en una posible causa de responsabilidad, debido a que a juicio de la suscrita se configura la hipótesis normativa prevista por la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, es pertinente hacer manifiesto lo anterior y declarar mi impedimento para conocer del presente asunto. Asimismo, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que similares impedimentos han sido resueltos y calificados de legales por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en sus impedimentos 3/2017, 50/2019 y 1/2018, respectivamente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para lo cual deberá remitirse el presente expediente para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento legal citado conforme a las razones descritas, sin que con ello pueda considerarse que la suscrita pretendo apartarme del conocimiento de una demanda de amparo sin causa justificada. Únicamente para efectos de este acuerdo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica en el proemio de la demanda. Como este juicio se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea en los términos mencionados, con copia autorizada de las constancias necesarias que integran este expediente, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 677/2020-VIII, promovido por María Esther Lozano Hernández, contra actos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y otras autoridades, se forma el presente cuaderno con motivo del impedimento legal por parte de este juzgado, y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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