María Esther Hernández Muñoz
Expediente 613/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Esther Hernández Muñoz
- Juez Tercero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE A LOS AUTOS EL SOBRE AMARILLO, DE ESTAFETA, QUE CONTIENE EL OFICIO 7087, DEL INDICE DE ESTE TRIBUNAL Y EL EXPEDIENTE 487/2019. AHORA BIEN, DE LO ANTERIOR, NO SE ADVIERTE LEYENDA ALGUNA EN EL SOBRE DE CUENTA CON EL CUAL SE JUSTIFIQUE LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, COMO TAMPOCO OFICIO QUE AVALE DICHA SITUACIÓN. EN CONSECUENCIA, Y EN OBVIO DE MAYORES DILACIONES, TURNESE A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS PARA QUE DE INMEDIATO LO REMITAN A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO, TRANSCURRIÓ SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHÓ DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA POR EL JUEZ TERCERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL 487/2019; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, DEVUELVANSE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. "Visto; el oficio del Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo; registrado en oficialía de partes con el número 5462/2019, mediante el cual remite cuaderno de amparo que contiene demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Ramírez Gómez, endosatario en procuración al cobro de María Esther Hernández Muñoz, acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho (SIC), asimismo remite una copia de la demanda de garantías citada, el diverso 3374/2019, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado y el expediente 487/2019; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). En ese contexto, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE "DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que Víctor Manuel Ramírez Gómez, endosatario en procuración al cobro de María Esther Hernández Muñoz, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.-La autoridad responsable es el Juez Tercero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, (.)." "IV.- El acto reclamado es el acuerdo dictado con fecha 3 tres de los presentes, dentro del Juicio Oral Mercantil que promoví como endosatario en procuración al cobro de la hoy quejosa (.)". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que por escrito presentado en el Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, Víctor Manuel Ramírez Gómez, endosatario en procuración al cobro de María Esther Hernández Muñoz, promovió demanda en la vía oral mercantil el pago de diversas prestaciones a Rubén Guerrero Simón, así las cosas, el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, mediante proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, determinó desechar dicha demanda. Inconforme con la determinación antes indicada, Víctor Manuel Ramírez Gómez, endosatario en procuración al cobro de María Esther Hernández Muñoz, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Luego como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente toda vez que la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia así lo establece, ya que en contra de la resolución que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de revocación, previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, al tratarse de un asunto de cuantía menor a la establecida en el artículo 1340 de la ley en comento. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "De la revocación y reposición. Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/2010, de la Novena Época, que por contradicción de tesis 51/2010, resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el juicio oral mercantil 487/2019, se concluye que en contra de dicho auto procede el recurso de revocación al considerarse como un asunto de cuantía menor a la establecida en el artículo 1340 del Código de Comercio, lo anterior, de acuerdo a una interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio; y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Ramírez Gómez, endosatario en procuración al cobro de María Esther Hernández Muñoz. En el momento procesal oportuno, devuélvanse los autos remitidos a su lugar de origen y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma."
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