Maria Esther Gomez Padilla

Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1092/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Maria Esther Gomez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN...

  3. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la quejosa mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda, se desprende que consiste en: El proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Laboral ***** del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral de la Región IV. En dicho acuerdo la responsable despachó providencia cautelar a favor de la quejosa para el efecto de que la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Hospital de Especialidades Materno Infantil de esta ciudad, proporcionen a la aquí quejosa los servicios de atención médica de forma inmediata, gratuita e integral. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Armando Barajas Prieto, en su carácter de apoderado legal de María Esther Gómez Padilla, contra actos del Secretario Instrucción de Juzgado Tercero de Oralidad Laboral de la Región IV, con sede en esta ciudad y otra. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo... El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada... Ahora bien, como se precisó, la parte quejosa reclama el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Laboral **** del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral de la Región IV... Ahora, precisamente por lo destacado es que ese reclamo es inimpugnable en sede constitucional en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, porque contra ese tipo de determinaciones, la Ley Federal del Trabajo establece un medio ordinario de defensa que permite a la agraviada cuestionar la providencia cautelar despachada... Como puede advertirse, el artículo 858 de la Ley Federal del Trabajo, establece que, contra las providencias cautelares contempladas en el diverso numeral 857 de la Ley obrera, en el caso, aquella contenida en la fracción III, procede el recurso de reconsideración del que conoce el propio órgano jurisdiccional ante el cual se tramita el expediente de origen, con el objeto de que el juez del conocimiento la examine de nueva cuenta y resuelva lo que en derecho corresponda. En el caso concreto, contra la determinación reclamada al Secretario Instructor responsable, que despachó providencia cautelar a favor de la quejosa para el efecto de que la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Hospital de Especialidades Materno Infantil de esta ciudad proporcionen a la aquí quejosa los servicios de atención médica de forma inmediata, gratuita e integral, no se interpuso el recurso de reconsideración previsto en el ordenamiento legal rector de dicho acto reclamado, lo que ocasiona la desatención al principio de definitividad del juicio de amparo motivando su improcedencia y, por ende, conduce al desechamiento de la demanda... Por tanto, se estima que la parte quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la determinación que reclama. Sin que la parte quejosa se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previsto en los incisos a, b y c del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: a. El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata del auto en que la autoridad se pronunció sobre la medida cautelar solicitada dictando que se brinde atención médica en un centro de salud del sector público y no privado como lo pretende. b. La decisión controvertida no afecta la libertad personal de la parte quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. c. El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen; pues es la parte actora. Aunado a lo anterior, se precisa que tal principio debe de agotarse no obstante se esté en presencia de un acto en el juicio que sea de imposible reparación, pues la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues aquellos actos de ejecución irreparable tienen su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, lo cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable; mientras que el principio de definitividad, es la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio constitucional los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia. De ahí que, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo... Por tanto, se materializa el motivo de inviabilidad analizado, pues la parte amparista, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado concedido en la legislación en comento... En ese orden, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata...

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós que en resumen dice: "Agréguese el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la quejosa mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda, se desprende que consiste en: El proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Laboral ***** del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral de la Región IV. En dicho acuerdo la responsable despachó providencia cautelar a favor de la quejosa para el efecto de que la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Hospital de Especialidades Materno Infantil de esta ciudad, proporcionen a la aquí quejosa los servicios de atención médica de forma inmediata, gratuita e integral. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Armando Barajas Prieto, en su carácter de apoderado legal de María Esther Gómez Padilla, contra actos del Secretario Instrucción de Juzgado Tercero de Oralidad Laboral de la Región IV, con sede en esta ciudad y otra. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo... El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada... Ahora bien, como se precisó, la parte quejosa reclama el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ordinario Laboral **** del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Laboral de la Región IV... Ahora, precisamente por lo destacado es que ese reclamo es inimpugnable en sede constitucional en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, porque contra ese tipo de determinaciones, la Ley Federal del Trabajo establece un medio ordinario de defensa que permite a la agraviada cuestionar la providencia cautelar despachada... Como puede advertirse, el artículo 858 de la Ley Federal del Trabajo, establece que, contra las providencias cautelares contempladas en el diverso numeral 857 de la Ley obrera, en el caso, aquella contenida en la fracción III, procede el recurso de reconsideración del que conoce el propio órgano jurisdiccional ante el cual se tramita el expediente de origen, con el objeto de que el juez del conocimiento la examine de nueva cuenta y resuelva lo que en derecho corresponda. En el caso concreto, contra la determinación reclamada al Secretario Instructor responsable, que despachó providencia cautelar a favor de la quejosa para el efecto de que la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Hospital de Especialidades Materno Infantil de esta ciudad proporcionen a la aquí quejosa los servicios de atención médica de forma inmediata, gratuita e integral, no se interpuso el recurso de reconsideración previsto en el ordenamiento legal rector de dicho acto reclamado, lo que ocasiona la desatención al principio de definitividad del juicio de amparo motivando su improcedencia y, por ende, conduce al desechamiento de la demanda... Por tanto, se estima que la parte quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la determinación que reclama. Sin que la parte quejosa se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previsto en los incisos a, b y c del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: a. El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata del auto en que la autoridad se pronunció sobre la medida cautelar solicitada dictando que se brinde atención médica en un centro de salud del sector público y no privado como lo pretende. b. La decisión controvertida no afecta la libertad personal de la parte quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. c. El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen; pues es la parte actora. Aunado a lo anterior, se precisa que tal principio debe de agotarse no obstante se esté en presencia de un acto en el juicio que sea de imposible reparación, pues la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues aquellos actos de ejecución irreparable tienen su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, lo cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable; mientras que el principio de definitividad, es la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio constitucional los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia. De ahí que, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo... Por tanto, se materializa el motivo de inviabilidad analizado, pues la parte amparista, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado concedido en la legislación en comento... En ese orden, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata..."

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