María Esther Díaz Zaragoza

Expediente 1249/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1249/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • María Esther Díaz Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en el Estado, por el que remite: a) El testimonio de la resolución pronunciada en sesión de tres de octubre del año en curso, dentro del amparo en revisión administrativo 101/2019. b) El expediente 1249/2018-V del índice de este Juzgado y; c) Un cuaderno de pruebas. Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Jesús Moreno Rodríguez, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la tercera interesada Ma. de Lourdes Reynoso Femat. Notifíquese (.)" En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que se negó la protección constitucional, lo que fue confirmado por la superioridad. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión, es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha susceptible para tal efecto el diecisiete de abril de dos mil veinte; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, toda vez que se concedió la suspensión provisional de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, y por una parte, se concedió la suspensión definitiva dictada el veintiséis del mencionado mes y año, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 4. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el diecisiete de abril de dos mil veinte. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. Devuélvase a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes el anexo que en copia certificada acompañó a su informe justificado, con el cual se formó un tomo por separado.(V)

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible... El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es destruible, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, cuenta habida que provisional y definitivamente se negó la medida cautelar. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible... Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones... "Visto el oficio 141/2019 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, a través del cual adjunta el informe justificado de la autoridad responsable Juez Quinto de lo Mercantil del Estado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -Pruebas- Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. -Estado de autos- Visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El veintidós de agosto del año en curso, María Esther Díaz Zaragoza, presentó demanda de amparo contra el Juez Primero de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes y otras autoridades, en la que reclamó el auto de ejecución y embargo en bienes de su propiedad y su ejecución. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1249/2019-III, la que se admitió en auto de veintitrés de agosto del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Se recibieron la totalidad de los informes justificados por parte de las autoridades responsables negando la existencia de lo reclamado, salvo el informe de cuenta, recibido el diecisiete de septiembre del presente año en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado, correspondiente al Juez Quinto de lo Mercantil en el Estado, en el que señala que es cierto el acto que se le atribuye, toda vez que el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó auto en el expediente del juicio ejecutivo mercantil. de su índice, en el que facultó al ministro ejecutor a fin de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y requiriera el pago de lo reclamado (foja 64); diligencia que no se ha podido ejecutar al momento; lo que se corrobora con las constancias certificadas del juicio en cita, que la autoridad acompañó a su informe de ley. Documentales a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". d) De las actuaciones preinsertas, destaca la copia certificada de la sentencia de amparo dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes el seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que sobresee el juicio de amparo 141/2019-X-5, promovido por la aquí quejosa, en contra de -entre otras autoridades responsables el Juez Quinto de lo Mercantil en el Estado y el Encargado de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado, por el acto que a ellos reclamó, consistente en la orden de embargo dictada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente del juicio ejecutivo mercantil 2160/2018 de su índice y su ejecución, en el que facultó al ministro ejecutor a fin de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y requiriera el pago de lo reclamado (fojas 72-76). Sentencia la anterior que causó ejecutoria en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 78). -Sobreseimiento fuera de audiencia- Actuaciones, de las cuales se desprende en forma manifiesta e indudable, la improcedencia del presente juicio de amparo, al existir cosa juzgada en relación con el acto que aquí se reclama, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XI, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, este órgano jurisdiccional de amparo advierte que, respecto de los actos reclamados por el quejoso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) . XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." Esta fracción XI contempla la figura jurídica de la cosa juzgada, de la cual refiere el exministro Genaro Góngora Pimentel en su obra intitulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" , que para su actualización ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto". De lo expresado por el jurista y del precepto en análisis, se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: ? Que necesariamente ambos juicios de garantías estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado. ? Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). . Ahora bien, de las constancias certificadas del expediente del juicio ejecutivo mercantil número. del índice del Juez Quinto de lo Mercantil en el Estado, se advierte que la quejosa María Esther Díaz Zaragoza, promovió diverso juicio de garantías, contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados que se han destacado con antelación en el presente juicio de amparo, dado que en este sumario constitucional emerge como tal, el auto de requerimiento de pago y embargo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente del juicio ejecutivo mercantil. de aquél índice, en el que se facultó al ministro ejecutor a fin de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y requiriera el pago de lo reclamado; acto reclamado el anterior, que corresponde en esencia al mismo proveído combatido en el diverso juicio de amparo., del índice del Juzgado Tercero de Distrito en esta ciudad capital. Luego, en este último sumario constitucional, como se advierte de las constancias que se acompañaron al informe justificado de cuenta, emerge que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el seis de marzo de dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva en la que sobresee el juicio de amparo, al estimar que previamente a su interposición, la promovente debió agotar el recurso de revocación que la ley de la materia prevé con la finalidad de revocar o nulificar el auto de embargo combatido, actualizando así la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal de la materia (fojas 72-76). Sentencia la anterior que causó ejecutoria en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 78). De esta suerte, dadas las particularidades del motivo de improcedencia que fue analizado en aquél juicio de amparo, resulta necesario acotar que, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto. No obstante, existen casos de excepción a lo antes expuesto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues esta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que no permitan ejercer la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Esta última situación ocurre, entre otros ejemplos, como acontece en el presente juicio de amparo, donde se reclaman actos sobre los que con antelación se sobreseyó en diverso sumario, con apoyo en un motivo -no haber observado el principio de definitividad- que constituye una situación que no puede ser desconocida en un nuevo juicio de garantías. Cobra aplicación la jurisprudencia de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Tercera Parte, página 91, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Por idénticas razones, también encuentra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, observable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Julio de 1993, página 225, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Finalmente, ilustro lo anterior la tesis I.7o.A.132 K, consultable en la página 2717 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Abril de 2010, que dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. Sin que con lo así resuelto se afecte la seguridad jurídica del impetrante, dado que el motivo de improcedencia actualizado es consecuente con dicho principio, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Ilustra lo así expuesto, la tesis de la Primera Sala 1a. XCV/2016 (10a.), observable con el registro 2011383, en la página 1107 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del siguiente tenor literal: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Finalmente, respecto a las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, el Director de Ejecutores del Poder Judicial del Estado, Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del Estado, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Familiar en el Estado, así como el Juez Mixto y de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial en Jesús María, Aguascalientes, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo en virtud de que negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que exista por parte de la quejosa prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con quince minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciocho. ". (III)

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.(III)

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