María Esther Cornejo Blancas

Expediente 1111/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1111/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • María Esther Cornejo Blancas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable el tomo de pruebas que remitió al presente juicio, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1111/2022, promovido por ********************, contra un acto del Juez Tercero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el Juzgado Tercero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda (fojas 5 a 9). Asimismo, estimó que el acto reclamado vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en esta ciudad, lo registró con el número de amparo directo civil 733/2022 y en acuerdo de once de octubre del presente año, determinó carecer de competencia legal para conocer de ésta y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (fojas 14 a 16). Atento lo anterior, el trece de octubre del presente año, este juzgado recibió las constancias del juicio de amparo que nos ocupa, lo registró con el número 1111/2022, se avocó al conocimiento del mismo y admitió a trámite mediante proveído de catorce siguiente (fojas 19 a 24); otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (reverso de la foja 19); dio vista a las partes con el informe justificado del Juez Tercero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad y convalidó el emplazamiento de la tercera interesada Imelda Cárdenas Rivera. Finalmente, en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 39 a 41), se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos precisados en líneas precedentes; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por ********************, por propio derecho, contra el Juez Tercero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, consiste en: La resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto del presente año, en la que declaró fundado el incidente de prescripción de ejecución de sentencia definitiva dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1219/2017, interpuesto por la demandada Imelda Cárdenas Rivera (aquí tercera interesada) y ordenó levantar el embargo trabado sobre el bien inmueble consistente en el lote marcado con el número doce, manzana X, ubicado en la calle Juan Soto Ramos sin número del Fraccionamiento Patriotas Republicanos de esta ciudad, así como girar el oficio correspondiente para tal efecto. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Tercero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 4) aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1219/2017, que el juez responsable adjuntó a su informe y obra en un tomo de pruebas por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni este juzgador la advierte de oficio; por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En los conceptos de violación la quejosa señala lo siguiente: 1. Que se viola en su perjuicio el artículo 1º Constitucional, en lo conducente a la igualdad de las partes, ya que considera que dentro del incidente planteado por la tercera interesada dentro del juicio de origen no se cumplieron con las formalidades de los artículos 1355 y 1055, fracción VIII, del Código de Comercio, así como inaplicación del criterio jurisprudencial de rubro "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL" y del diverso precepto 1047 del referido ordenamiento legal aplicable, toda vez que existe una sentencia definitiva elevada a categoría de cosa juzgada. 2. Que la resolución impugnada viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar una simple analogía lo cual no da certeza jurídica, pues aduce que también se omitió la aplicación de los diversos numerales 1287, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, así como el criterio anteriormente mencionado y el ordinal 1047 en cita, no obstante que en el juicio de origen hay una sentencia definitiva que constituye cosa juzgada. Ahora, en la resolución impugnada, el juez responsable, en lo que interesa determinó: "(.) C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Tercero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, es competente para conocer y resolver interlocutoriamente éste incidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1079, 1092, 1349, 1350 y 1391 del Código de Comercio, pues son incidentes las cuestiones que promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, como acontecen este caso. SEGUNDO. La demandada Imelda Cárdenas Rivera, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, promovió incidente de prescripción de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio y como consecuencia de ello se ordene levantar el embargo trabado en el bien inmueble de su propiedad, argumentando sustancialmente que: Con fecha 14 catorce de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, este juzgado admitió demanda en la vía ejecutiva mercantil al endosatario en procuración de ******************** y ordeno al Actuario hacerle el requerimiento de pago y en caso de no hacerlo se le embargaran vienes de su propiedad suficientes a garantizar el adeudo, así como emplazarla a juicio, lo cual aduce, ocurrió el 6 seis de marzo del 2018 dos mil dieciocho, fecha en que el Actuario de este Juzgado, llevo a cabo embargo de un bien inmueble de sus propiedad consistente en el lote marcado con el número 12 doce, manzana X, ubicado en la calle Juan Soto Ramos, sin número, del fraccionamiento Patriotas Republicanos del Municipio de Morelia, Michoacán, procediendo a emplazarle a juicio para dar contestación a la demanda enderezada en su contra. Aduce que seguido el juicio por su curso legal, el 1 uno de junio del 2018 dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, en el cual este Juzgador declaró procedente la acción y se le condenó al pago de la cantidad de $60,000.00 sesenta mil pesos 00/100 M.N., por suerte principal al pago de intereses moratorios al tipo legal del 6% seis por ciento anual en los términos precisados en dicha sentencia, así también se ordenó hacer trance y remate del bien inmueble embargado en autos y que con su producto se hiciera el pago a la acreedora de las prestaciones que le fueron aprobadas condenándola al pato de gastos y costas. Sigue relatando que en fecha 1 uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, se dictó auto en el que virtud a que causó ejecutoria por ministerio de ley la sentencia definitiva y a petición de la parte actora se le requirió para que en los términos de 3 tres días cumpliera en forma voluntaria con la sentencia definitiva bajo apercibimiento legal, auto que por cierto le fue notificado el 6 seis de agosto del 2018 dos mil dieciocho. Manifiesta que analizadas las constancias se desprende que en el presente juicio ejecutivo mercantil ya transcurrió el término de 3 años para que opere en su favor la prescripción ejecución de sentencia prevista en el artículo 1079 fracción IV del Código de Comercio, porque sí se toma en cuenta la última actuación tendiente a ejecutarla y que es cuando feneció el término de tres adías para que cumpliera voluntariamente con la citada sentencia definitiva que le fue concedida en autos mediante proveído de 1 uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, el cual fue notificado el 6 seis de agosto de ese mismo año, entonces el término de 3 tres días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia ocurrió del 7 siete al 9 nueve de agosto del propio año y que por tanto es a partir del 10 diez de agosto del 2018 dos mil dieciocho, cuando la parte actora ya estaba en condiciones de promover la ejecución de la sentencia. Refiere que por ende, los 3 tres años a que se refiere el precepto legal invocado para que opere la prescripción referida, comienza a computarse desde aquél día en que dejó de instar el procedimiento de ejecución de la sentencia y por ende, al día de hoy ya transcurrió en exceso el término señalado en la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio que es de 3 tres años para ejecutar la sentencia en juicio ejecutivo mercantil, sin que esta se haya llevado a cabo, ni tampoco se presentara promoción alguna impulsando la ejecución tendiente a interrumpirla, ni se dictó auto con la finalidad de continuar con la ejecución de la sentencia. Finaliza precisando que debe declararse que a la actora ya le prescribió el derecho de ejecutarla y por ende se debe declarar concluido el presente juicio ordenando que se levante el embargo trabado en el bien inmueble de su propiedad y ordenado el envío del expediente al archivo definitivo por tratarse de un asunto totalmente concluido. Sustenta su incidente en la tesis de los rubros siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. MOMENTO EN QUE INICIA EL COMPUTO DEL PLAZO PARA QUE SE MATERIALICE LA HIPOTESIS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 529 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.", y "PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTECIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE RIGE PRO L DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CODIGO DE COMERCIO, EN FORMA ESPECIFICA." cuyos textos, localización y precedentes en este apartado se dan por reproducidos atento el principio de economía procesal que impera en la materia mercantil. De paso indico que no obstante que existían más promociones y acuerdos en el expediente posteriores a la fecha en que feneció el término para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva y que es la que toma en cuenta para el computo de los 3 años en que opera la prescripción de la ejecución de la sentencia solicitada, tales como copias certificadas devolución y envió de expediente al archivo de poder judicial, estas corresponden a promociones y acuerdos genéricos y abstractos que no interrumpen el término de la prescripción al no tener como finalidad llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta su argumento tesis de amparo del rubro "PRESCRIPCIÓN D ELA ACCIÓN PARA EJERCITAR UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCATIL. LA PROMOCIÓN GENERICA O ABSTRACTA NO PUEDE INTERRUMPIR EL TERMINO PARA QUE OPERE COMO LA RELATIVA A "SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE LA ESTATA RESEPECTIVA", AL NO UBICARSE EN LA HIPOTESISI PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1079, FRACCION V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE SE REQUIERE QUE SEA CONCRETA E IDÓNEA Y ACORDE CON LA ETAPA PROCEDIMENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL JUICIO." cuyos texto, localización y precedentes en este apartado se dan por reproducidos atento al principio de economía procesal que impera en la materia mercantil. En su oportunidad, se dio vista a la parte actora e incidentada, quien en tiempo dio contestación al mismo, como obra específicamente de la foja 95 a la 99 del expediente, estando de ese modo conformada la litis materia del incidente. Pues bien, una vez analizado el incidente hecho valer, se determina que el mismo resulta fundado, veamos porque: En principio diremos que por ejecución de sentencia se entiende la tata del procedimiento judicial encaminada a dar cumplimiento que se encuentre regulada en el Enjuiciamiento Mercantil por los preceptos 1346, 1347 y 1348, los cuales contienen los métodos tendientes a lograr la ejecución del fallo definitivo. Paralelamente, los numerales 1038 y 1079 fracción IV del Ordenamiento Legal invocado, establecen, respectivamente: "Artículo 1038. Las acciones que se deriven de actos comerciales se prescribirán con arreglo a las disposiciones de este Código". "Artículo 1079. Cuando la Ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. II. III. IV. Tres años para la ejecución de sentencia en juicios ejecutivos y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos. V. VI." Por su parte -como ya vimos-, la parte incidentista esgrime -en síntesis- que solicita la prescripción de ejecución de la sentencia definitiva dictada el 1 uno de junio del 2018 dos mil dieciocho, debido a que ya transcurrió el término que para la ejecución de sentencia indica la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio, al establecer que se tiene el término de 3 tres años para su ejecución sin que la misma se haya solicitado, pues aduce que el auto emitido en data 1 uno de agosto de ese mismo año en el que se decretó que causaba ejecutoria por ministerio de ley la sentencia definitiva y se le requiere -a petición de la parte actora- para que en el término de 3 tres días cumpliera en forma voluntaria con la sentencia definitiva bajo apercibimiento legal, le fue notificado el 6 seis de agosto del 2018 dos mil dieciocho, que por tanto a su decir estos ocurrieron los días 7 siete, 8 ocho y 9 nueve de agosto y que por ello, es a partir del día siguiente, 10 diez de agosto del 2018 dos mil dieciocho, cuando comenzó a computarse el término de 3 tres años para que opere la prescripción referida, pues sostiene que desde aquel día se dejó de instar en el procedimiento de ejecución de sentencia transcurriendo al día de hoy, en exceso el término señalado en el precepto legal que invoca, pues refiere que no se presentó promoción alguna que impulsara la ejecución tendiente a interrumpir la prescripción, ni se dictó auto con la finalidad de continuar con su ejecución. Finalmente no se soslaya que también añadió, que al momento en que fue emplazada, en fecha 6 seis de marzo del 2018 dos mil dieciocho, se le embargo el bien inmueble de su propiedad que describe y del cual en sentencia definitiva fue ordenado hacer trace y remate del mismo para que con su producto se hiciera el pago a la acreedora. Luego, en la especie se tiene que efectivamente en autos obran entre otras, las siguientes actuaciones: a) Sentencia definitiva de fecha 1 uno de junio del 2018 dos mil dieciocho, en la cual se declaró procedente la acción cambiara directa que en la vía ejecutiva mercantil, ejercitó Rafael Arias Fuentes, en cuanto endosatario en procuración de ********************, frente a Imelda Cárdenas Rivera, a quien se condenó al pago de la cantidad de $60,000.00 sesenta mil pesos 00/100 M.N., por concepto de suerte principal; al de los intereses al tipo legal del 6% seis por ciento anual en los términos ahí precisados hasta la total liquidación del adeudo; y en la cual dicho sea de paso se ordenó hacer trance y remate del bien inmueble que le fue embargado en autos (visible en la foja 60 a la 69); b) Auto de fecha 1 uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, en el que a solicitud del endosatario en procuración de la parte actora se declaró ejecutoriada por Ministerio de Ley la Sentencia Definitiva de fecha 1 uno de junio del 2018 de dos mil dieciocho y se requirió a la aquí incidentista en cuanto parte demandada, mediante notificación personal, para que dentro del término de 3 días cumpliera voluntariamente con la sentencia referida, bajo apercibimiento legal que en caso de no comparecer dentro del término concedido, se procedería a su ejecución forzosa (foja 71). c) Notificación personal que se efectuó al autorizado de la demandada Imelda Cárdenas Rivera, según consta del sello de notificación que consta al reverso de la foja 71 del expediente. d) Proveído de fecha 30 treinta de enero del 2019 dos mil diecinueve, donde se acordó al endosatario en procuración de la parte actora expedirle copias certificadas de las constancias que indico, previo pago de los derechos fiscales, autorizando a las personas que menciono para recibirlas previa identificaron (sic) y razón sucinta. e) Proveído de fecha 24 veinticuatro de junio del 2019 dos mil diecinueve, donde se proveyó que existían más de 120 ciento veinte días sin que existiera promoción de la parte actora dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando su continuación para la conclusión del mismo; por tanto, se remitía el expediente al Archivo del Poder Judicial para su guarda provisional. f) Proveído de fecha 17 diecisiete de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, donde se dijo al endosatario en procuración de la parte actora que con esa fecha se había solicitado el expediente de cuenta al Archivo del Poder Judicial por los medios electrónicos correspondientes. g) Proveído de fecha 21 veintiuno de octubre del 2019 dos mil diecinueve, donde se proveyó que existían más de 120 ciento veinte días sin que existiera promoción de la parte actora dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando su continuación para la conclusión del mismo; por tanto, se remitía el expediente al Archivo del Poder Judicial para su guarda provisional. Actuaciones judiciales que gozan de eficacia demostrativa plena respecto a los hechos que tratan, al tenor de los numerales 1237 y 1294 del Código de Comercio. Expuesto lo anterior, cabe decir que efectivamente existe en forma expresa disposición que indica cuál es el término para ejecutar las sentencias en materia mercantil, contemplada en los transcritos artículos 1038 y 1079 fracción IV del Código de Comercio, relativa a que el plazo para la ejecución de una sentencia en juicios ejecutivos es de 3 tres años y por tanto se pone de manifiesto que el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y obtener lo reconocido en ella, es de naturaleza sustantiva; dado que, la única figura que por el transcurso del tiempo acarrea la pérdida de ese derecho a ejecutar, es la prescripción en términos de lo dispuesto en el último precepto indicado. Orienta además nuestro criterio, la tesis jurisprudencial sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. El derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual se extingue mediante la figura de la prescripción. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil prescribe en el término de tres años, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que prevé una norma específica para tal supuesto frente al término genérico de diez años contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual debe aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para la prescripción. Contradicción de tesis 475/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarias: Ana María Ibarra Olguín y Luisa Reyes Retana Esponda.". Resulta igualmente aplicable, la tesis de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que a la letra reza: "PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN FORMA ESPECÍFICA. Conforme a una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1047 y 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que contienen las reglas para la prescripción de los términos en cuanto a la ejecución de las sentencias, se sigue de manera incuestionable que el texto del numeral 1047 que refiere el plazo de diez años, rige únicamente para la prescripción ordinaria en materia comercial, siempre y cuando el propio código no establezca para tal efecto uno más corto. De esa manera, tratándose de la ejecución de sentencias dictadas en juicios ejecutivos, el plazo de la prescripción se rige por la norma específica, o sea, el artículo 1079, fracción IV, de dicho ordenamiento mercantil, que contempla al respecto el de tres años. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 61/2011. Adán Cuevas Salinas y otra. 29 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo." Bajo ese contexto, tenemos que en la especie el referido proveído de fecha 1 uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, constituyó el origen para que se realizara la última actuación tendiente a continuar con la fase de ejecución de la citada sentencia definitiva; porque -como ya vimos- a pedimento del endosatario en procuración de la parte actora, la sentencia definitiva dictada con fecha 1 uno de junio del 2018 dos mil dieciocho, causó ejecutoria por Ministerio de Ley, solicitando además se requiriera a la demandada Imelda Cárdenas Rivera, mediante notificación personal, para que en término de 3 tres días, cumplieran voluntariamente con la sentencia referida, bajo apercibimiento legal que en caso de no comparecer dentro del término concedido, se procedería a su ejecución forzosa; lo cual evidencia la intención del endosatario en procuración de la actora ********************, de dar impulso al procedimiento de ejecución de sentencia en materia mercantil. Ahora bien, al efectuarse la notificación de la determinación en comento, de manera personal el 6 seis de agosto del 2018 dos mil dieciocho (tal y como se advierte del sello de notificación que obra al reverso de la foja 71 del sumario); se obtiene que el término para la prescripción se debe empezar a computar con fundamento en los numerales 1040 y 1075 del Código de Comercio, al día siguiente a aquel en que feneció el plazo de los 3 tres días que se le concedió a la multicitada demanda para el fin antes precisado, esto es, a partir del 11 once de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, no así el 10 diez como inexactamente lo expone la incidentista, dado que de autos no se advierte que la parte demandada compareciera a cumplir voluntariamente con la sentencia referida y pronunciada en autos, virtud al pedimento del endosatario en procuración de la parte actora; y tampoco de constancias se advierte que posterior a ello, la parte accionante compareciera a impulsar la prosecución de la ejecución de sentencia definitiva hasta su conclusión, de ahí que es la indicada data a partir de la cual empezó a contar el término de la prescripción de que se trata. De modo que el día 11 once de agosto del 2018 dos mil dieciocho, a la fecha en que se presentó el escrito incidental -10 diez de agosto del 2022 dos mil veintidós-, han transcurrido efectivamente 3 tres años, 11 once meses y 30 días, plazo suficiente para decretar la prescripción en favor de la parte reo y aquí incidentista Imelda Cárdenas Rivera, en virtud de que ha transcurrido el plazo de 3 tres años que para tal efecto establece el numeral 1079 fracción IV del Código de Comercio. Consecuentemente, se concluye que ha prescrito el término que tenía la parte actora para ejecutar de manera coactiva la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ejecutivo mercantil, por haber transcurrido en favor de la pate demanda -como ya se dijo- el plazo de 3 tres años que establece la Ley Mercantil, sin que la parte accionante solicitara o ejercitara alguna gestión tendiente a ejecutar la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, pues aún y cuando el endosatario en procuración de la parte actora, con posterioridad del auto donde solicitó que se requiera a la parte demandada para que dentro del término de 3 tres días cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva de fecha 1 uno de junio del 2018 dos mil dieciocho, presentar las promociones a las que recayeron las siguiente actuaciones: a) Proveído de fecha 30 treinta de enero del 2019 dos mil diecinueve, donde se acordó al endosatario en procuración de la parte actora expedirle copias certificadas de las constancias que indico, previo pago de los derechos fiscales, autorizando a las personas que menciono para recibirlas previa identificaron (sic) y razón sucinta. b) Proveído de fecha 17 diecisiete de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, donde se dijo al endosatario en procuración de la parte actora que con esa fecha se había solicitado el expediente de cuenta al Archivo del Poder Judicial por los medios electrónicos correspondientes. Lo cierto es que estas actuaciones corresponden a las que se consideren tendientes a ejecutar la sentencia definitiva dictada en autos, por tanto, en modo alguno son interruptoras del término de la prescripción de ejecución de sentencia consumada, de ahí que se insista en que ha prescrito el término que tenía la parte actora para ejecutar de manera coactiva la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ejecutivo mercantil. Paralelamente, en este apartado corresponde abordar al estudio de las excepciones y defensas que opuso la parte accionante e incidentada ********************, al dar contestación a la presente incidencia, mismas que resultan infundadas como se pondrá de manifiesto a continuación: 1. La excepción que a su decir se desprende del artículo 1047 del Código de Comercio, toda vez que la prescripción no ha fenecido ya que del contendido dela sentencia definitiva de fecha 1 uno de junio del 2018 dos mil dieciocho, elevada a la categoría de cosa juzgada en acuerdo del 1 uno de agosto de ese mismo año, se señala que se haga trance y remate del bien inmueble embargado y que de acuerdo al contenido del artículo 1047 del Código de Comercio o ha procedido la prescripción porque se encuentra en tiempo. Excepción que le resulta infundada porque en la especie no resulta aplicable al juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa el plazo de 10 diez años que contempla el artículo 1047 del Código de Comercio dado que este plazo rige únicamente para la prescripción ordinaria en materia comercial, siempre y cuando el propio código no establezca para tal efecto uno más corto, y en esa tesitura, tratándose de la ejecución de sentencias dictadas en juicios ejecutivos, ya existe en forma expresa disposición que indica cuál es el término para ejecutar las sentencias mercantiles, a saber la contemplada en los invocados artículos 1038 y 1079, fracción IV del Código de Comercio, que precisan que el plazo para la ejecución de una sentencia en juicios ejecutivos es de 3 tres años, siendo este el plazo que debe aplicarse en el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa frente al término genérico de diez años contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual -como ya se dijo- solo se debe aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para la prescripción. De manera que, si bien es verdad que en el fallo definitivo se ordenó hacer trance y remate del bien inmueble embargado a la reo, cierto es también que la aquí incidentada contaba únicamente con el termino de 3 tres años para llevar a cabo su ejecución, pues como ya se dijo en líneas anteriores y acorde a la jurisprudencia invocada y tesis aislada de rubros: "."EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMNO DE TRES AÑOS." y ".PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERNCANTIL. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN FORMA ESPECÍFICA." que aquí damos por reproducidas atento el principio de economía procesal, en tratándose de la ejecución de sentencia en los juicios ejecutivos el plazo de la prescripción se rige por la norma específica, o sea, el artículo 1079, fracción IV, de dicho ordenamiento mercantil, que contempla al respecto el de tres años. 2. La excepción y defensa que denominó "Dejarme en estado de indefensión" la cual hace descansar en que según ella la incidentista no citó ni mencionó a que ejecución de sentencia se refiere, por lo que aduce que el incidente en cuestión no cumple con lo ordenado en el artículo 1353 del Código de Comercio por la falta de requisitos y formalidades en su escrito incidental al no ofertar los medios de prueba que acredite los hechos narrados en el escrito del incidente en cuestión, por lo que asegura que el mismo es improcedente. Sustenta su excepción en la jurisprudencia de rubro "PRICIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE ENLA CIVIL." cuyo texto, localización y precedentes en este apartado se dan por reproducidos ateto el principio de economía procesal que impera en la materia mercantil. Excepción en ese sentido que le resulta infundada en principio porque contrario a lo que arguye del análisis integral efectuado al escrito incidental que presento la promovente del mismo, ante este juzgado y que aquí nos ocupa, lógica y jurídicamente se puede apreciar que la parte incidentista sí menciona que la prescripción de ejecución de sentencia que invoca corresponde a la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, lo cual sí se considera además, porque en autos no se encuentra emitida alguna otra como pudiera ser una sentencia interlocutoria. En segundo lugar lo infundado de su excepción viene a darse porque resulta desacertada su apreciación de que en el presente incidente se tenga que cumplir con lo preceptuado en términos del artículo 1353 del Código de Comercio, donde dicho sea de paso y en lo que aquí interesa ordena que en el escrito incidental y en el que se dé contestación al mismo, deberán proponerse las pruebas en tales escritos, fijando los puntos sobre los que versen las mismas, lo anterior es así porque contrario a lo que sostiene la incidentada, el incidente que aquí nos ocupa fue sustanciado acorde a lo preceptuado en términos del artículo 1355 del Código de Comercio, el cual dispone que cuando no se ofrezcan pruebas -como ocurre en la especie- o las que se propongan no se admitan una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, y que es así porque tal hipótesis en la especie se actualizó con el escrito incidental que presentó la demanda Imelda Cárdenas Rivera, quien no ofreció pruebas de su parte, substanciando por ende el presente incidente en términos del aludido numeral 1355 del Código de Comercio, empero sin que ello implique la falta de alguna formalidad para l procedencia del incidente que nos ocupa ya que la comprobación de los hechos en que este se sustenta deriva de lo actuado en el propio juicio ejecutivo mercantil que aquí se analiza, de ahí que o resultaba necesario que ofreciera pruebas de su parte ya que de lo actuado se evidencia lo por ella pretendido en la incidencia de mérito. Por lo anterior y virtud al resultado de la excepción que nos ocupa, no resulta aplicable al incidente que nos ocupa la jurisprudencia que invoca la incidentada toda vez que su defensa parte de un argumento inexacto en cuanto al precepto legal en que se hizo valer el presente incidente. 3. Finalmente invoca la excepción consistente en el dolo y la mala fe del proceder de la condenada en sentencia definitiva hoy cosa Juzgada mediante proveído de fecha 1 uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, por su conducta de evadir su responsabilidad, pues aduce que fue vencida y oída en juicio, por lo que solicita que este juzgador dicte sentencia en su favor. Excepción que corre la misma suerte que las anteriores sencillamente porque no se le puede atribuir a la aquí incidentada en su calidad de demandada el dolo y mala fe quien le atribuye su contraria solo por invocar mediante el presente incidente la pérdida del derecho ganado a través de la sentencia definitiva, dado que la pérdida del mismo lo fue por inactividad de la propia excepcionante al no impulsar la ejecución de la sentencia definitiva o ejercitara (sic) alguna gestión tendiente a ejecutarla de conformidad con los artículos 1346, 1347 y 1348, los cuales contienen los métodos tendientes a lograr la ejecución del fallo definitivo. Sin que de su escrito contestatorio del incidente que nos ocupa, se desprendan más excepciones y defensas que las analizadas con antelación. Congruentes con lo hasta aquí expuesto, se declara fundado el incidente de prescripción de sentencia definitiva interpuesto por la demandada Imelda Cárdenas Rivera, por haber operado en su favor la prescripción de la misma; en consecuencia, se ordena levantar el embargo trabado sobre el bien inmueble propiedad de la demandada Imelda Cárdenas Rivera, consistente en el LOTE MARCADO CON EL NÚMERO 12 DOCE, MANZANA X, UBICADO EN LA CALLE JUAN SOTO RAMOS SIN NUMERO DEL FRACCIONAMIENTO PATRIOTAS REPUBLICANOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, para lo cual, en el supuesto de que dicho embargo se encuentre inscrito ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, gírese el oficio respectivo. (.).". De lo anterior, quien resuelve considera que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados en una parte e inoperantes en otra, en primer lugar, porque contrario a lo que argumenta, la autoridad responsable no fue omisa en aplicar los artículos y criterios que refiere, pues de la lectura íntegra de la resolución reclamada se advierte que le señaló que el artículo 1,047 del Código de Comercio no resultaba aplicable al caso en concreto, toda vez que sobre el particular el diverso numeral 1,079, fracción IV, del referido ordenamiento legal dispone específicamente que el término para la prescripción de la ejecución en las sentencias dictadas dentro de un juicio ejecutivo mercantil, es de tres años, no así el diverso de diez años que prevé el primero de los preceptos en cita. En segundo lugar, porque contrario a lo estimado por la impetrante de amparo el juez natural sí respetó las formalidades establecidas por el diverso artículo 1355, pues como en el caso no se ofrecieron pruebas, una vez contestada en tiempo la incidencia de que se trata y transcurrido el término para hacerlo, citó a las partes para oír la interlocutoria correspondiente, la que se pronunció el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y notificó a las partes dentro de los tres días siguientes (fojas 101 a 112 del tomo de pruebas). Por otra parte, como bien lo estableció el juez responsable el criterio de rubro "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL", no resulta aplicable al caso, puesto que en el caso materia de estudio éste no incurrió en alguna omisión dentro de la sustanciación del trámite del incidente de origen, toda vez que éste sí proveyó y resolvió sobre cada uno de los planteamientos propuestos por la parte incidentista e incidentada. Asimismo, quien resuelve advierte que la parte incidentada (aquí quejosa) no ofreció algún medio de prueba o controvirtió de manera eficaz y eficiente los argumentos de la incidentista para la procedencia de la prescripción de la ejecución de la sentencia del juicio natural. Aunado lo anterior, la suscrita observa que la parte quejosa no ataca las consideraciones en las que el juez responsable, fundó su decisión en la resolución que constituye el acto reclamado; por ello, quien resuelve se encuentra imposibilitada para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo infundado e inoperante decretado por el juez responsable. Esto, porque la quejosa no dice por qué no fue correcto que el juez considerara que el término para la prescripción en el asunto que nos ocupa es de tres años y no el ordinario de diez años y tampoco controvierte lo relativo a que a decir del propio juez, fue correcta la tramitación incidental en términos del artículo 1355 del Código de Comercio, porque no se ofrecieron pruebas. No obsta para ello, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado, como en el caso acontece, al exponerse razonamientos generales para atacar la resolución reclamada, ya que en las "razones" que ahora expresa y alude la parte quejosa, únicamente insiste en que la autoridad responsable fue omisa en aplicar los artículos 1047 y 1355 del Código de Comercio y el criterio de rubro "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL", así como que no se analizó debidamente la improcedencia del incidente planteado. Además, se estima que el juez natural al emitir la resolución reclamada cumplió cabalmente con el principio de exhaustividad y congruencia que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que toda autoridad debe dirimir todas las cuestiones litigiosas que le son planteadas a su consideración, toda vez que sí abordó de manera específica los planteamientos que la aquí quejosa le formuló en su escrito de contestación al incidente propuesto por su contraparte. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Igualmente, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.". Es aplicable -conforme al contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente- la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante.". En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de ********************, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado al Juez Tercero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", hasta hoy once de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 11 de enero de dos mil veintitres, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del dos de enero de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1111/2022, quien actúa asistida de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Enseguida se da cuenta a la encargada del despacho con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las documentales ofertadas por autoridad responsable Juez Tercero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad y con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, propuestas por la parte quejosa. La encargada del despacho provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por las partes en comento y, precluye el derecho a las partes para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. La encargada del despacho acuerda: Debido a que las partes no formularon alegatos, precluye su derecho para realizarlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la encargada del despacho para dictar sentencia.Licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA".

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