María Esther Cinco Hernández

Expediente 770/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 33 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
770/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • María Esther Cinco Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, dado que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sentencia que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. La parte quejosa Guadalupe de Jesús León Quintero, en su carácter de cesionario de la demandada María Esther Cinco Hernández en el juicio de origen 65/2015, en esta vía constitucional, en esencia reclamó: La falta de cumplimiento a la sentencia interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el Juicio ordinario civil 65/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, en la que se cuantificaron en $57,931.84 (cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos 84/100 m.n.) las costas, a cuyo pago se condenó a la parte actora, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a favor de la demandada, en la sentencia definitiva emitida el once de mayo de dos mil dieciséis (confirmada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en ejecutoria de veintidós de septiembre de ese año). Luego, se tiene que este órgano jurisdiccional en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos de que la autoridad responsable, el referido organismo descentralizado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, diera cumplimiento inmediato a la nombrada resolución emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, en el aludido Juicio ordinario civil 65/2015, resolución de éste juzgado que fue recurrida y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. En ese sentido, en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, éste último conforme a lo establecido en la referida sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, debía coadyuvar para lograr el cumplimiento de la referida sentencia. Así las cosas, en lo relevante, la juez responsable, mediante oficio 1750/2021 recibido en este juzgado el tres de noviembre de dos mil veitiuno informó de los trámites realizados a fin de dar cumplimiento. Posteriormente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el seis de diciembre de dos mil veintiuno por su apoderado legal para pleitos y cobranzas, informó que había comparecido ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en los autos del juicio de origen 65/2015, a efecto de consignar los honorarios a los que fue condenada a pagar su representada, en favor de la parte que obtuvo, aquí quejosa. Mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cosas, este juzgado tuvo por recibido escrito del autorizado de la quejosa, a través del cual expresó que el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, exhibió de manera irregular ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa residente en esta ciudad, dentro de los autos del juicio natural 65/2015, el cheque de caja por el concepto de honorarios al que fue condenado dicho instituto. En consecuencia, se ordenó por este juzgado en ese auto requerir a la responsable, el citado Instituto, para que cumpliera la ejecutoria de amparo. Después, la juez civil responsable, a través de oficio 162/2022, hizo saber a este órgano jurisdiccional federal, en lo esencial, que mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, ordenó hacer entrega al cesionario Guadalupe de Jesús León Quintero de la cantidad de $57,931.84 (cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos 84/100 moneda nacional), suma total consignada por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, por medio de diverso oficio 197/2022 la multicitada juez civil comunicó a este Juzgado de Control Constitucional, el auto que emitió en el juicio de origen el dos de febrero de dos mil veintidós, mediante el que aprobó en sus términos la cesión de los derechos de costas que hizo Guadalupe de Jesús León Quintero a favor de Isac Guadalupe Torres Medrano. Lo anterior, para luego, mediante oficio 246/2022, comunicar a este Juzgado Federal, textualmente, lo siguiente: . "Mediante acuerdo emitido el 10 diez de febrero del presente año, se tuvieron por exhibidos los documentos necesarios para hacer entrega del numerario de referencia; señalándose el día 17 diecisiete de febrero del presente año, a las 10:00 horas, para efecto de que el beneficiario del numerario referido, se presente a este juzgado, para que firme el documento de trasferencia electrónica, y con el cual, se pide la autorización al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, para que ordene a la Institución Bancaria, realice el traslado de valores a favor del nuevo cesionario.". Por último, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en este órgano de control constitucional, oficio 328/2022 de la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil ya citada, a tra´vés del cual informó sobre la comparecencia de Isaac Guadalupe Torres Medrano, con objeto de firmar los formatos de entrega de dinero, haciéndosele saber que el numerario sería depositado en la cuenta bancaria de éste último. Ahora bien, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores diera cumplimiento inmediato a la nombrada sentencia que resolvió en definitiva el juicio ordinario civil 65/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, es claro que tal circunstancia ya aconteció, al ya haberse ordenado esa entrega del numerario por medio del ingreso a la cuenta bancaria del cesionario de la parte ejecutante en el juicio natural; por ende, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Finalmente, respecto de los escritos presentados por el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el autorizado de la parte quejosa, respectivamente, por medio de los cuales hacen diversas manifestaciones relacionadas con la mencionada cesión de derechos al cobro de las costas, dígaseles que la materia de este juicio de amparo se limitó a lo concerniente al cumplimiento de la ejecutoria que resolvió en definitiva el juicio natural, sin que se deban considerar los aspectos referentes a las particularidades de su cumplimiento, que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Visto el estado de los autos, resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. La parte quejosa Guadalupe de Jesús León Quintero, en su carácter de cesionario de la demandada María Esther Cinco Hernández en el juicio de origen 65/2015, en esta vía constitucional, en esencia reclamó: La falta de cumplimiento a la sentencia interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el Juicio ordinario civil 65/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, en la que se cuantificaron en $57,931.84 (cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos 84/100 m.n.) las costas, a cuyo pago se condenó a la parte actora, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a favor de la demandada, en la sentencia definitiva emitida el once de mayo de dos mil dieciséis (confirmada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en ejecutoria de veintidós de septiembre de ese año). Luego, se tiene que este órgano jurisdiccional en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos de que la autoridad responsable, el referido organismo descentralizado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, diera cumplimiento inmediato a la nombrada resolución emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, en el aludido Juicio ordinario civil 65/2015, resolución de éste juzgado que fue recurrida y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. En ese sentido, en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, éste último conforme a lo establecido en la referida sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, debía coadyuvar para lograr el cumplimiento de la referida sentencia. Así las cosas, en lo relevante, la juez responsable, mediante oficio 1750/2021 recibido en este juzgado el tres de noviembre de dos mil veitiuno informó de los trámites realizados a fin de dar cumplimiento. Posteriormente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el seis de diciembre de dos mil veintiuno por su apoderado legal para pleitos y cobranzas, informó que había comparecido ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en los autos del juicio de origen 65/2015, a efecto de consignar los honorarios a los que fue condenada a pagar su representada, en favor de la parte que obtuvo, aquí quejosa. Mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cosas, este juzgado tuvo por recibido escrito del autorizado de la quejosa, a través del cual expresó que el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, exhibió de manera irregular ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa residente en esta ciudad, dentro de los autos del juicio natural 65/2015, el cheque de caja por el concepto de honorarios al que fue condenado dicho instituto. En consecuencia, se ordenó por este juzgado en ese auto requerir a la responsable, el citado Instituto, para que cumpliera la ejecutoria de amparo. Después, la juez civil responsable, a través de oficio 162/2022, hizo saber a este órgano jurisdiccional federal, en lo esencial, que mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, ordenó hacer entrega al cesionario Guadalupe de Jesús León Quintero de la cantidad de $57,931.84 (cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos 84/100 moneda nacional), suma total consignada por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, por medio de diverso oficio 197/2022 la multicitada juez civil comunicó a este Juzgado de Control Constitucional, el auto que emitió en el juicio de origen el dos de febrero de dos mil veintidós, mediante el que aprobó en sus términos la cesión de los derechos de costas que hizo Guadalupe de Jesús León Quintero a favor de Isac Guadalupe Torres Medrano. Lo anterior, para luego, mediante oficio 246/2022, comunicar a este Juzgado Federal, textualmente, lo siguiente: . "Mediante acuerdo emitido el 10 diez de febrero del presente año, se tuvieron por exhibidos los documentos necesarios para hacer entrega del numerario de referencia; señalándose el día 17 diecisiete de febrero del presente año, a las 10:00 horas, para efecto de que el beneficiario del numerario referido, se presente a este juzgado, para que firme el documento de trasferencia electrónica, y con el cual, se pide la autorización al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, para que ordene a la Institución Bancaria, realice el traslado de valores a favor del nuevo cesionario.". Por último, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en este órgano de control constitucional, oficio 328/2022 de la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil ya citada, a tra´vés del cual informó sobre la comparecencia de Isaac Guadalupe Torres Medrano, con objeto de firmar los formatos de entrega de dinero, haciéndosele saber que el numerario sería depositado en la cuenta bancaria de éste último. Ahora bien, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores diera cumplimiento inmediato a la nombrada sentencia que resolvió en definitiva el juicio ordinario civil 65/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, es claro que tal circunstancia ya aconteció, al ya haberse ordenado esa entrega del numerario por medio del ingreso a la cuenta bancaria del cesionario de la parte ejecutante en el juicio natural; por ende, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Finalmente, respecto de los escritos presentados por el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el autorizado de la parte quejosa, respectivamente, por medio de los cuales hacen diversas manifestaciones relacionadas con la mencionada cesión de derechos al cobro de las costas, dígaseles que la materia de este juicio de amparo se limitó a lo concerniente al cumplimiento de la ejecutoria que resolvió en definitiva el juicio natural, sin que se deban considerar los aspectos referentes a las particularidades de su cumplimiento, que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta firmado por la Juez y el Secretario Primero del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, el contiene transcripción de la diligencia desahogada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la que se llevó a cabo la firma de los formatos de entrega de dinero, ordenada en auto de once del mismo mes y año, a cargo del licenciado Isac Guadalupe Torres Medrano, en su carácter de procurador judicial del cesionario con derecho a cobrar las costas en el juicio de origen 65/2015; agréguese a los autos. Asimismo, se tienen por recibidos los escritos firmados por el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por el autorizado de la parte quejosa, respectivamente, por medio de los cuales hacen diversas manifestaciones relacionadas con la mencionada cesión de derechos al cobro de las costas; glósense a los autos y una vez que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se proveerá respecto a tales manifestaciones.

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