María Esther Chacon Miranda

Expediente 2234/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2234/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • María Esther Chacon Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el diecinueve de septiembre del año en curso (fojas 686 a 688), el delegado de las autoridades responsables denominadas Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinte de septiembre del actual año (fojas 690 y 691), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, así como con una constancia de no adeudo predial para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial R000194 con clave catastral C58-B4-1202 en favor de la parte quejosa "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable y la consulta en el Sistema de Innovación para la Administración Gubernamental del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 692 a 694); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del treinta del mes próximo pasado al dos del actual mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el once de abril de dos mil diecisiete (fojas 100 a 121), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "(.) En esas condiciones, lo procedente es conceder a la persona moral quejosa "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de amparo. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; en consecuencia, la protección constitucional que se otorga a la persona moral quejosa lo es para que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no exija el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional. Lo anterior, como así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 1/2016, que derivó del juicio de garantías 782/2012, del índice de este Juzgado Federal, al determinar que ". asiste razón a la quejosa, pues los efectos del amparo no debieron tener ese alcance, ya que no se está en el supuesto de una exención, ni de un beneficio equiparable a una exención, ni de una sobretasa, sino que las disposiciones reclamadas contienen la base del impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil once y dos mil doce, y, por ende, cabe que se devuelva la cantidad total que la quejosa pagó con motivo del impuesto predial, en los pagos antes relacionados, por constituir el primer acto de aplicación en su perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, pues es criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ""cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido"". Asimismo, refirió que la concesión del amparo al considerar este órgano jurisdiccional que se encuentra viciado uno de los elementos esenciales -base- del impuesto predial, provoca que todo el sistema se torne inconstitucional, lo que conlleva a desincorporar de la esfera jurídica de la peticionaria de garantías la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional, lo que apoyó en la jurisprudencia por reiteración P./J. 62/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo VIII, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos título y texto son: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA, así como la diversa jurisprudencia por reiteración 2a./J. 188/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos setenta, Tomo XXI, correspondiente a enero de dos mil cinco, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS." Además argumentó, que: ". en razón a que en el caso el A quo no declaró la inconstitucionalidad de la disposición reclamada por violación al principio de seguridad jurídica, sino al principio de proporcionalidad tributaria respecto de una disposición que no contiene definiciones para determinar el tipo de inmueble a fin de determinar la base gravable, por lo que el criterio que se aplica, y al que debe atenderse, es el de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a diciembre de dos mil, Novena Época, Tomo XII, página 254, cuyo rubro, es: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."; en donde se analizó una norma que contiene un elemento esencial del tributo, que no establece sobretasas o tasas adicionales, sino tasas, como elemento cardinal del impuesto; y la concesión del amparo se decretó lisa y llana." Así, concluyeron que los efectos de la concesión de amparo constriñen a la autoridad exactora a devolver las cantidades que pagó la quejosa por concepto del impuesto predial respecto del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por los ejercicios fiscales reclamados, debidamente actualizadas como si se trataran de un pago de lo indebido; lo anterior, con las excepciones precisadas en dicha resolución en acatamiento a las jurisprudencias que citaron en dicha ejecutoria, las que a continuación se transcriben: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). ...". "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). ...." No obstante lo anterior, cabe precisar que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 245/2015, derivado del juicio de amparo indirecto 62/2013, en similitud de circunstancias con el presente asunto, consideró correcta la determinación de este juzgador, al manifestar que ". lo verdaderamente relevante es que tal vicio de constitucionalidad no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en cuestión, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se aplique el monto de menor cuantía, tal como lo determinó el juez de Distrito en la sentencia controvertida." Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 17/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA". De lo ante expuesto, se puede advierte claramente que el Tribunal de referencia modificó el criterio sustentado en el precedente mencionado, motivo por el cual este Juzgado Federal, adopta el último criterio sostenido por la superioridad; es decir lo resuelto en el amparo en revisión 1/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 782/2012. En otro orden, debe dejarse establecido que el concepto de violación enderezado por violación al principio de proporcionalidad tributaria, resultó fundado y suficiente para conceder la protección constitucional a la empresa quejosa, lo que hace innecesario entrar al estudio de los diversos motivos de inconformidad planteados en la demanda de garantías. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/5, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Tomo IX, Marzo de mil novecientos noventa y dos, página ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo". En esas condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos sostenidos por el órgano superior, al resolver el amparo en revisión 1/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 782/2012, lo procedente es, conceder a la persona moral "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no le exija la cantidad total a la quejosa (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), por concepto de impuesto predial respecto del predio con cuenta predial R000194, con clave catastral C58-B4-1202, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por una disposición autoaplicativa en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. Es aplicable la jurisprudencia 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintidós, tomo I, materia constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Además, la jurisprudencia 151, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y siete, Tomo I, materia constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA." Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.- La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio de la quejosa, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados, pues al haberse declarado inconstitucional los preceptos tildados inconstitucionales de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por la gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno. Se cita al respecto, la jurisprudencia, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN." Resolución que causó ejecutoria el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 132 y 133). Además, mediante ejecutoria de veintitrés de agosto del año pasado (fojas 218 a 228), el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró fundado el recurso de inconformidad 107/2017 de su índice, promovido por Salvador Villa Curiel, en su calidad de autorizado de la parte quejosa "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenando a este Juzgado de Distrito reponer el procedimiento, para los efectos siguientes: Dejar sin efectos el auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 168 a 174) que declaró cumplido el fallo protector. Requerir a las autoridades responsables a efecto de que remitan documento oficial idóneo con el que acrediten que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial R000194 con clave catastral C58-B4-1202 del predio ubicado en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, propiedad de la promovente del amparo; y, de esta manera corroborar que la cuenta de la parte quejosa no presenta saldo a liquidar por ese concepto. De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar el aludido Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro responsables, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: No exigir el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional, en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. Exhibir documento oficial idóneo con el cual se acredite que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial R000194 con clave catastral C58-B4-1202. Lo que conlleva a desincorporar de la esfera jurídica del peticionario de garantías la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional. Encontrándose obligados a que en sus registros no conste adeudo a cargo de la sociedad quejosa, por concepto del impuesto predial aludido. Ahora bien, por oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 598 a 600), el delegado de las autoridades responsables Tesorero y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, exhibió en original la constancia de no adeudo predial contenida en el oficio TM-206/2019 de quince de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el aludido Tesorero responsable, en el que le comunica a la parte quejosa "El Chololo Realtor", Sociedad Anónima de Capital Variable que no existe adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, relativo a la cuenta predial R000194, con clave catastral C58-B4-1202. Posteriormente, mediante comunicado recibido en este Órgano Federal el diecinueve de septiembre del actual año (fojas 686 y 687), los entes responsables adjuntaron una impresión simple de un estado de cuenta a nombre de la promovente del amparo, del que se advierte que no presenta adeudo por el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete respecto de la cuenta predial de que se trata. Además, de una consulta en el Sistema de Innovación para la Administración Gubernamental efectuada el veinte del mes inmediato anterior, se advierte que respecto de la cuenta predial R000194, con clave catastral C58-B4-1202, no existe adeudo en el sistema respecto del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Circunstancias que le fueron notificadas a la parte promovente del amparo, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Federal, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 692 a 694), por así haberse ordenado mediante acuerdo de veinte de ese mismo mes (fojas 690 y 691), por los motivos ahí expuestos. Con lo cual se cumple con la ejecutoria emitida en este expediente, la que tiene como finalidad que las responsables desincorporen de la esfera jurídica de la promovente del amparo la aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Entonces, si los efectos del amparo son que no se apliquen los preceptos legales declarados inconstitucionales, esta juzgadora de amparo debe asegurarse de que las responsables eliminen cualquier base para hacerlo, como lo es la información que aparece en la página de internet, lo que en la especie acontece, pues se corrobora de la impresión del Sistema de Innovación para la Administración Gubernamental, en la que se aprecia que la cuenta de la promovente no presenta saldo a liquidar por ese concepto. Se arriba a tal conclusión, debido a que en la sentencia protectora, expresamente se estableció que los efectos del amparo consistían en que las cosas volvieran al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías; lo que indefectiblemente implica que deben desaparecer de la esfera jurídica de la parte quejosa todos los efectos de las normas declaradas inconstitucionales, lo que desde luego conlleva que en los registros de las autoridades responsables no conste adeudo a cargo de la quejosa, por concepto de impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en lo referente al predio indicado. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO CUMPLIMENTADO. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados (fojas 29 a 31, 44 a 48 y 57 a 60 del cuaderno original del incidente de suspensión); previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el Libro de Gobierno que corresponda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 180 y 181), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de treinta de agosto de la presente anualidad (foja 182), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 61 a 85), se determinó conceder a la quejosa Anette Cristine López Portugal y René Alexis Paredes Fernández, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: **. En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), son aplicables, porque están referidas a las inscripciones como las que originaron la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, a través del oficio sin número, de veintiocho de agosto de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 180 y 181), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia a favor de la parte quejosa y acredita la entrega del mismo y del que se advierte que devolvió la cantidad de $20,628.36 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $21,083.17 (veintiún mil ochenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $21,083.17 (veintiún mil ochenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), menos $290.00 (Doscientos noventa pesos), por el pago del concepto de inscripción de documento público y $280.00 pesos (doscientos ochenta pesos), por concepto de inscripción de préstamo hipotecario, resulta $20,513.17 (veinte mil quinientos tres pesos 17/100 moneda nacional), que es el numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de febrero de dos mil diecinueve y el veintisiete de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia realizada a favor de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecinueve a julio de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.1080; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 103.6870. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0056. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $20,628.04 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 04/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $114.87 (ciento catorce pesos 87/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió a la quejosa la cantidad de $20,628.36 (veinte mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexo consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del oficio en cuestión, de cuya firma electrónica se advierte que lo suscribe la actuaria adscrita al citado órgano jurisdiccional; por lo que se trata de un documento público con valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.27/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta, del tomo XXV, correspondiente al mes de marzo de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: Oficio a través del cual comunica que el magistrado presidente de ese tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por ********************, contra la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 899/2019, medio de impugnación que se registró con el número 463/2019; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos los escritos signados por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios por la parte quejosa, a través de los cuales, por una parte, interpone recurso de revisión en contra de la resolución emitida dentro del presente juicio de amparo indirecto 2229/2017, mientras que, por la otra parte, exhibe diez copias de su ocurso de agravios a efecto de distribuirlas entre las partes. No obstante lo anterior, con fundamento en el arábigo 88, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo, requiérase a la parte agraviada, a efecto de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba una copia más de su escrito de agravios, ya que del sello de la oficialía de partes de este juzgado que ostenta el líbelo con número de registro 27155 de cuenta, se advierte que acompañó diez copias, siendo necesarias once, a fin de distribuirlas de la siguiente manera: el original para remitirlo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, una copia para el Agente del Ministerio Público adscrito, una copia más para agregarla al juicio de amparo en que se actúa, ocho para las autoridades responsables y una más para la parte tercera interesada, de conformidad con el dispositivo 89 de la Ley de la Materia. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al presente requerimiento, en el término indicado, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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