Maria Esther Castillo Tapia
Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Esther Castillo Tapia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese como constancia al presente juicio de garantías, para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que este órgano jurisdiccional en proveído de diecisiete de junio del año en curso, se ordenó la devolución de los documentos que adjunto la parte quejosa a su demanda. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; atento a su contenido, y según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de quince de junio en curso, causó estado el auto de veinticinco de mayo del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, ordenando su archivo definitivo; asimismo, que en el presente juicio de amparo la parte quejosa anexo a su escrito inicial diversas documentales que obran de foja 16 a 133; por tanto, hágase la devolución de los documentos que adjunto a su demanda; apercibida que de no hacerlo, estos sufrirán el mismo destino que el expediente en que se actúa; por lo que deberán de generar su respectivo código QR, a fin de que le sea agendada la hora y fecha de la cita para recibir los documentos en mención, pudiendo acudir a la cita directamente las partes en este juicio, o bien, personas autorizadas en el expediente, de conformidad con el numeral 3 del Acuerdo de referencia. Se informa que deberá acudir puntualmente a la cita generada y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Por otra parte, de conformidad con el dispositivo 4 del mismo ordenamiento, se requiere a las partes para que en caso de ser personas vulnerables frente al Covid-19 o con discapacidad, lo hagan del conocimiento de este juzgado, a fin de prestarles la atención respectiva en los espacios accesibles establecidos por la administración del edificio sede en que se ubica este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio enviado por la autoridad oficiante a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 121/2022 (número de orden 263/2022) de veinticinco de mayo del año en curso, enviado para notificar la parte quejosa -, por propio derecho, y en representación de -, y -, lo cual aconteció el tres de junio en curso; sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticinco de mayo del año en curso, en la que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, y en representación de -todos de apellidos -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, al que adjunta el juicio de amparo 520/2022, promovido por -, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y la determinación de diecisiete de mayo en curso, en la que, el similar de referencia, determinó que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, el turno corresponderá al órgano que tenga el último antecedente del asunto con el que guarda relación, que en el caso es el juicio de amparo 1118/2021, resueltó por este órgano jurisdiccional; y por ende, ordenó remitirlo a este Juzgado de Distrito. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, al compartir el criterio adoptado por el Juez declinante, en el sentido de que el juicio de amparo 520/2022, de su índice, guarda similitud estrecha con el diverso 1118/2021, del índice de este Órgano Jurisdiccional, virtud a que los actos reclamados emanan de un mismo expediente, pues tienen su origen en el juicio sucesorio intestamentario número - seguido por - a bienes de -; en consecuencia, en apego a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del presente asunto; por tanto, este Juzgado de Distrito declara la validez de las actuaciones realizadas por el Juez declinante. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-555/2022-1. Con lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese contexto, este órgano de control constitucional señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (...)". La referida causal de improcedencia tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido. En materia de amparo, la cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia ejecutoria contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se resuelva la controversia en lo principal o de fondo, y que en el juicio posterior las partes en la controversia sean las mismas y el acto reclamado haya sido analizado o estudiado en un primer juicio. Su justificación parte de la intención del legislador de evitar el estudio reiterado de una misma acción constitucional cuando ya hubo pronunciamiento por parte de una autoridad judicial, pues de lo contrario, se afectarían los principios de seguridad jurídica, debido proceso y firmeza procesal en que se encuentran inmersas las resoluciones que constituyen cosa juzgada, que resultan inmodificables, irrecurribles e inatacables, características de las resoluciones que constituyen la verdad legal; que además, implicarían también una transgresión al orden constitucional que deben observar todos los juicios conforme al mandamiento del artículo 17 constitucional, en virtud que su admisión implicaría retrasar los procedimientos, obligando a los tribunales, a examinar juicios ociosos, y permitir el abuso del juicio de amparo en perjuicio de la función jurisdiccional. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen casos de excepción, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio de tutela constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. Orienta esta determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 91, Volumen 181-186, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Asimismo, la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así, de lo hasta aquí expuesto se tiene que son tres las condiciones necesarias para que se actualice el supuesto de improcedencia en análisis, a saber: a) Que exista un diverso juicio de amparo. b) Que éste sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto. Ahora bien, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte lo siguiente: J.A. 1118/2021 J.A. 520/2022 QUEJOSO - AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. ACTO RECLAMADO La ejecución de la sentencia de Primera Instancia, dictada en el juicio sucesorio intestamentario número -, seguido por-, AL NO SER LLAMADOS A JUICIO. El reconocimiento de la intervención como terceros extraños a fin de que se reconozca su derecho a heredar en el juicio sucesorio intestamentario - FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Manifestó que fue enterada de tal situación por -, quien es la heredera del señor -, en fecha treinta de enero de dos mil veinte, Mediante boletín judicial de 13 junio 1978. SENTIDO 27-enero-2022 se desechó por extemporánea CAUSÓ ESTADO 28- febrero-2022 causo estado y se ordenó su archivo definitivo Ahora bien, en el caso, la parte quejosa comparece en su calidad de tercero extraño reclamando que dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario número -, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, seguido por - a bienes de - Lo anterior, al considerar que la autoridad responsable sin darle la oportunidad de defenderse, pretende privarlos de ese derecho de sucesión que aducen tener. Sin embargo, se desprende, que la parte quejosa en el amparo 1118/2011, el cual se invoca como hecho notorio pues fue tramitado ante este propio juzgado, acudió en defensa de su garantía de audiencia, pues reclamó la ejecución de la sentencia de Primera Instancia, dictada en el juicio sucesorio intestamentario número -, seguido por -, al no ser llamados a juicio, el cual el veintisiete de enero del año en curso, se desechó por extemporánea y el veintiocho de febrero siguiente causó estado y se ordenó su archivo definitivo Por tanto, es evidente que -, por propio derecho, y en representación de --, si bien se ostentan como terceros extraños a juicio de origen, lo cierto es que a través del diverso juicio de amparo 1118/2021, pretendió combatir el llamamiento al juicio sucesorio de origen, por lo que dicha impugnación demuestra fehacientemente que desde aquel momento tuvo conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, y estaba en condiciones de preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, pues conoce de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado ante el cual se ventila e incluso el nombre de quien lo tramitó; de ahí que, no existe una ignorancia total del juicio de origen; en consecuencia, se ordena agregar las principales constancias del diverso juicio de amparo número 1118/2021, a efecto de emitir la presente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Libro 55, Tomo I, Página 10, Junio de 2018, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sin que obste a lo anterior que en la primer demanda de amparo como en la segunda existan diferencias en el planteamiento de los actos reclamados contra las autoridades responsables, pues en ambos juicios se duele de que no fue llamado a juicio. Por tanto, los actos impugnados en el juicio en que se actúa, consistentes en la garantía de audiencia y ejecución de la resolución dictada dentro del juicio de origen, guardan plena identidad con lo analizado en el juicio de amparo 1118/2021. Por lo expuesto, se llega a la conclusión que en ambas demandas existe identidad de promoventes, de autoridad responsable y de acto reclamado; razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. En este punto es necesario determinar porque la causal de improcedencia decretada en el diverso juicio de amparo 1118/2021, debe asumirse que constituye cosa juzgada, a pesar que no se emitió un pronunciamiento de fondo y por ende, porque ese desechamiento de la demanda de garantías torna inatacable lo actuado en la contienda en un segundo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Esto es así, pues la finalidad que se busca en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." También se cita la tesis aislada 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En las relatadas condiciones, como se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de garantías promovida por María Esther Castillo Tapia, por propio derecho, y en representación de -, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2º.215 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 256, Tomo XIV, Septiembre de 1994 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución". En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. AUTORIZACION DE DÍAS, HORAS INHÁBILES Y MEDIOS ELECTRONICOS. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Guanos y Fertilizantes número 53, colonia Vista Hermosa en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; por tanto, con apoyo en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, y con los lineamientos de Higiene derivado de la Atención a la Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, ordene a quien corresponda se constituya en el citado domicilio, notifique el presente proveído y requiera a la parte quejosa para que en el momento de la diligencia designe domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal, se les hará legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio para tal efecto. Además, con apoyo en el precepto 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se faculta al juez exhortado, para que, habilite días y horas inhábiles a efecto de llevar a cabo la notificación encomendada, para que utilice todos los medios de apremio que establezca la normatividad para el debido cumplimiento de lo anterior; asimismo, con fundamento en el artículo 110 del citado Acuerdo General Conjunto, se solicita al Órgano jurisdiccional exhortado que la devolución de lo actuado se realice únicamente por la misma vía electrónica, ello con el fin de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo con los artículos 3, 10, 12, inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los mismos efectos que los presentados con la firma autógrafa. Hecho que sea lo anterior, devuelva a este Juzgado el exhorto de referencia, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación. Finalmente, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de diecisiete de mayo en curso, se tuvo por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente -, virtud a que los mismos tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y mediante exhorto a la parte quejosa.
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