María Esther Aviles Esquivel
Expediente 1181/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Esther Aviles Esquivel
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el cuatro de julio de este año, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a ala parte quejosa el auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, mismo que indica: Agréguense a los autos los oficios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los cuales remite la demanda de amparo promovida por María Esther Avilés Esquivel, quien se ostenta como Miembro del Colectivo Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA); contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese el expediente 1181/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Atento lo anterior, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto. Sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que así lo señalo la superioridad oficiante. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no afectan el interés legítimo de la parte quejosa. Antecedentes relevantes. La quejosa María Esther Avilés Esquivel, Miembro del Colectivo Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), "FRENA"; es un movimiento que se denomina "Ciudadano y Pacífico" que busca hacer dimitir al Presidente Andrés Manuel López Obrador, vía herramientas jurídicas, de presión social y medios; En su escrito de demanda la parte quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los actos que reclama a las autoridades responsables son: "(.) En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que la quejosa sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene la quejosa en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Ahora, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el legítimo, toda vez que la afectación que alega la promovente la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, y no a partir de la emisión de un oficio dirigido directamente a ella. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En el caso, debe precisarse que el interés legítimo puede ser individual o colectivo y es aquel con el que cuenta una persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de la especial situación que guarda frente al orden jurídico. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Asimismo, el Máximo Tribunal sostuvo que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. El Pleno del Alto Tribunal señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Las anteriores ideas se desprenden de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". En ese sentido, al proveerse sobre la admisión de la demanda, debe verificarse si la parte quejosa es titular de un interés legítimo, ya que sólo así se podría dar la oportunidad para que lo acredite durante el juicio; sin embargo, si de los hechos y las razones expuestas en la demanda se advierte que el quejoso no tiene ni podría tener un interés jurídico o legítimo, entonces se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que relación con el interés legítimo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Así, señaló que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sin embargo si de los hechos y las razones expuestas o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Esas afirmaciones derivan de la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Bajo ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que, en el caso, la parte quejosa no cuenta con un interés legítimo para impugnar los convenios que han celebrado México y Cuba, a fin de que médicos con nacionalidad cubana trabajen en nuestro país (cuestión que señala no le consta), ni la asignación de la partida presupuestal en el que se contemplen dicho pagos, que reclama, sino que únicamente tiene un interés simple, pues la sociedad en general tiene el mismo interés. Incluso, el hecho de que la sociedad quejosa alegue una afectación no le da un interés distinto y diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, ya que una eventual sentencia concesoria del amparo no le traería la obtención de un beneficio cierto, pues el obligar que no se contraten médicos especialistas de otro país, podría resultar hasta contraproducente, en el sentido de que en nuestro país no se cuenten con esas especialidades y puedan darse ciertos tratamientos o consultas de esa índole. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo, y en virtud de los motivos desarrollados en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por María Esther Avilés Esquivel, Miembro del Colectivo Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA). Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos (para lo cual bastará que las soliciten a la Secretaría responsable del expediente; que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado; y que se deje en el expediente constancia legal de su recepción), así como el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito ni que medie acuerdo alguno autorizando tal petición. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual podrán consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, mediante la utilización de una firma electrónica vigente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo; téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Valente Arizabalo Priego, Edmundo Aput Vite y Ruperto Martínez Gómez, toda vez que tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquense
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad directamente responsable, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha sido omisa en dar cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, en el que se le requirió por última ocasión para que acreditara que envió la reimpresión de las planillas de liquidación debidamente actualizadas, así como la solicitud de suficiencia presupuestal, al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, no pasa inadvertido que a través del oficio registrado con folio 18117, recibido en este Juzgado de Distrito el dieciocho de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable en cita haya informado las gestiones que se encuentra llevando a cabo para acatar el fallo protector, y al efecto solicitó una prórroga; sin embargo, se impone precisar que en auto de siete de julio de dos mil veintidós, se determinó que no se otorgaría prórroga, toda vez que previamente se habían realizado diversos requerimientos; máxime que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no exhibió constancia alguna con la que acreditara que efectivamente solicitó la suficiencia presupuestal a favor de la parte quejosa, como lo adujo en el oficio en comento. Es importante destacar que los requerimientos efectuados a la autoridad responsable en cita, particularmente desde el dos de mayo de dos mil veintidós, han sido para el efecto de que remita la solicitud de suficiencia presupuestal al Director General de Programación Organización y Presupuesto de la citada fiscalía. Así, aun cuando se han formulado diversos requerimientos a dicha autoridad y previamente se le concedió la prórroga solicitada, a la fecha, en modo alguno ha justificado el retardo en el incumplimiento a lo ordenado por este Juzgado de Distrito, pues se limita a referir que realiza los trámites y gestiones respectivas, sin acreditar en momento alguno lo que concretamente se le requiere. En consecuencia, dada la contumacia de la autoridad responsable en cita, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de julio de dos mil veintidós, por tanto, con fundamento en los artículos 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se impone a Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización vigente en la Ciudad de México. Por consiguiente, una vez que cause estado el presente proveído, gírese atento oficio al Titular de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda hacer efectiva dicha multa, a la persona física quien actualmente ocupa el cargo referido. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 cuarto párrafo, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que haya quedado legalmente notificada del presente acuerdo, exhiba copia certificada de las constancias que estime pertinentes con las cuales acredite que envió la reimpresión de la planilla de liquidación debidamente actualizada así como la solicitud de suficiencia presupuestal, al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de diez días, remita copia certificada de las constancias que estime pertinentes de las cuales de advierta la solicitud de suficiencia presupuestal al Director General de Programación Organización y Presupuesto; asimismo, que ordenó acatar la ejecutoria de amparo a la citada autoridad. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 párrafo tercero, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 en relación con el diverso 192, ambos de la ley de la materia; además de que se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que determine la procedencia de la aplicación de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal y se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tal efecto. Ahora, en caso de que las autoridades a las que se les deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentren en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que los resguarde y entregue dichos oficios una vez que reanuden sus labores. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, a través del cual sustancialmente solicita se requiera a las autoridades, responsable y vinculadas, a efecto de que acrediten cumplimiento al fallo protector; en atención a su contenido, infórmese a la ocursante que deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes. Notifíquese.
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