Maria Esther Álvaro Leyva y Otros.

Expediente 1294/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1294/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Maria Esther Álvaro Leyva y Otros.
  • Mónica Álvaro González y Otros.
  • Carlos Baldovino Braun y Otros.
  • Gabriela Acosta Álvaro y Otros.
  • Mónica Álvaro González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    auto de regularización

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente municipal, Director de Gobierno Municipal, Jefe de la Unidad de Comercio y Vía Pública, Comisario de Seguridad Pública Municipal y Jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tianguistenco, Estado de México, por medio del cual rinden informe justificado, remiten copia certificada de las constancias que acreditan su personalidad, señalan domicilio, designan delegados y ofrecen pruebas. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la legislación aplicable, se tienen por ofrecidas las pruebas exhibidas, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Delegados. De conformidad con el artículo 9° de la Ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que designan. Domicilio. En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio el señalando por las responsables. Devolución de documento. Sin que haya lugar a devolver los documentos hasta en tanto cause ejecutoria la determinación que resuelva este asunto, pues el mismo está encaminado a acreditar su personalidad. Causal de improcedencia. Visto lo anterior y en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, el artículo 61, fracción XVI, de la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Lo anterior es así, en atención a que de acuerdo al precepto transcrito anteriormente se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, esto es, aquellos que una vez ejecutados no pueden retrotraerse en sus efectos para restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a los intereses del quejoso, no se le puede reintegrar en el goce de sus derechos sustantivos. Sostiene lo así´ expuesto, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 14, Volumen 163-168, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 249975, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales." El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto establece: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Así como, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en la página 16, Volumen 5, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 257377, que dispone: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." En ese sentido, para una mejor comprensión debe destacarse que la jurisprudencia ha sostenido que existen dos tipos de actos consumados y éstos se clasifican atendiendo a la posibilidad o no de restituir al quejoso en: a) actos consumados de manera reparable y b) actos consumados de manera irreparable. Los primeros son aquellos que aun cuando se han realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados en la vía constitucional; mientras que los segundos, son los actos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, físicamente y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas por lo que la sentencia de amparo carecería de fines prácticos. Robustece lo expuesto, la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209662, que dispone lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Por lo anterior, para estar en posibilidad de conocer si un acto debe ser considerado de aquellos consumados de manera irreparable, respecto del cual resulta improcedente el juicio constitucional, se debe atender a los efectos y consecuencias de su materialización a fin de determinar si es posible que el quejoso pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado y le fue transgredido. Ahora bien, en el presente caso a estudio los quejosos reclaman la expedición de una licencia para la celebración de un baile público en la central de abastos en el municipio de Santiago Tianguistenco, que se llevaría a cabo el cuatro de octubre de dos mil diecinueve; sin embargo, del informe justificado de cuenta y de las constancias exhibidas por la responsable se advierte que el Director de Gobierno Municipal de Santiago Tianguistenco, otorgó una licencia a la Sociedad Católica de Santa María del Buen Suceso para que bajo ciertos lineamientos celebrara el citado evento público en el inmueble denominado central de abastos de dicho municipio. En tales condiciones, la expedición la licencia para la celebración del baile público en la central de abastos en el municipio de Santiago Tianguistenco, que se llevó a cabo el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, tiene el carácter de acto consumado de modo irreparable, dado que la afectación no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional a la parte quejosa, considerando que materialmente sería imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada en el amparo, por haberse consumado irreversiblemente la violación alegada, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a los quejosos ese derecho. En virtud de lo anterior, siendo el derecho a la salud y a un ambiente sano, en todo caso, los que constituyen los derechos sustantivos tutelables a través del juicio de amparo que se promueve en contra de la expedición de una licencia para la celebración de un baile público en la central de abastos en el municipio de Santiago Tianguistenco, que se llevó a cabo el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, cabe concluir que si éste ya ocurrió, produjo todos sus efectos, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por el representante común de la parte quejosa Héctor Tomás Mejía González, respecto de los actos reclamados antes precisado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo, en virtud de que el baile público de cuatro de octubre del año en curso se ha consumado de un modo irreparable. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 51 a 57), a través del cual se desechó parcialmente la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto adquirió firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1294/2019-III, promovido por Mónica Alvarado González y otros, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tianguistenco, Estado de México y otras autoridades. .. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Mónica Alvarado González y otros, por los actos descritos, por las autoridades y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario José Antonio Rojas Moreno, que autoriza, firma y da fe.

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