María Estela Robles García
Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Estela Robles García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que la accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y toda vez que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; once de noviembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, autorizado de la quejosa en términos amplios del Articulo 12 de la Ley de Aparo, en atención a su contenido téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de veinte de octubre pasado, para lo cual manifiesta que no es su deseo señalar como acto reclamado, todo lo actuado dentro del juicio laboral 574/2016, radicado en la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, toda vez que la demanda debe proveerse en los términos inicialmente planteado y, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad en ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativa 208/2022, en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós; se reitera el su desechamiento en los siguientes términos: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito, se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que textualmente indican: Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Por tanto, interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, página 1089, registro 161133, cuyos rubro y texto son: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. Ahora, el caso el acto reclamado por la quejosa consiste en el cese, revocación, terminación nulidad o cancelación del nombramiento sobre la plaza 18212 de médico especialista "C", de ocho horas con diez por ciento de riesgos profesionales, clave M011011-288, turno 1.3 en el servicio de consulta externa, de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General ISSSTE Doctora ** y las prestaciones con motivo de dicho nombramiento. Sin embargo, la Unidad Jurídica, Jefe de Recursos Humanos, Subdirección Administrativa y Subcomisión Mixta de Escalafón, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Hidalgo no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, porque la relación que tienen con la parte quejosa se encuentra en un mismo plano; esto es, de coordinación y no de supra a subordinación. En efecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es parte integrante de la administración pública paraestatal, ya que es un organismo descentralizado, en términos del artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual establece: Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley. Cabe destacar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero, al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. En cuanto al carácter de ente asegurador que tiene ese instituto, si bien la relación jurídica que existe entre éste y los asegurados no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución General de la República, que disponen: Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.. (...) De lo transcrito se desprende el extremo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con finalidad enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio nacional de seguro social. Por lo tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, ya que en esos casos no existe una relación de supra a subordinación, sino una relación de coordinación. Luego, si el acto reclamado consiste en el cese, revocación, terminación nulidad o cancelación del nombramiento sobre la plaza 18212 de médico especialista "C", de ocho horas con diez por ciento de riesgos profesionales, clave M011011-288, turno 1.3 en el servicio de consulta externa, de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General ISSSTE Doctora *** y las prestaciones con motivo de dicho nombramiento; resulta evidente que no se trata de actos de autoridad para efectos del amparo, pues se refiere a una determinación en una relación en la cual el citado instituto carece de imperio, ya que actúa como ente asegurador. En efecto, se trata de una relación de coordinación, la cual es entablada entre particulares porque actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, ya que ambas partes se ubican en el mismo nivel, pues existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Se afirma así, porque tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador consideró que las controversias que se susciten entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus trabajadores corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de la fracción XII del artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 2/2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 608, registro digital 2013538; que es del tenor siguiente: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." En tales condiciones, se reitera que si el acto reclamado no fue emitido por una autoridad para efectos del amparo, porque su naturaleza y origen versa sobre prestaciones de seguridad social entabladas entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sus trabajadores, al tratarse de una relación de coordinación; es decir, de igualdad, es evidente que el juicio constitucional no es procedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haber quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida en el párrafo anterior, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por **...M-IV
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de octubre de dos mil veintidós. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativa 208/2022, en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, misma que en su punto resolutivo único dice: "Único. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 919/2022-IV-B." Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, confírmese la recepción de estilo correspondiente de la ejecutoria de cuenta. ACLARACIÓN. En tal tenor y en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, previo a acordar el escrito de demanda, debe precisarse que: El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". IRREGULARIDAD RELACIONADA CON EL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda se aprecia que la quejosa señala como acto reclamado el cese, revocación, terminación nulidad o cancelación del nombramiento sobre la plaza 18212 de médico especialista "C", de ocho horas con diez por ciento de riesgos profesionales, clave M011011-288, turno 1.3 en el servicio de consulta externa, de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General ISSSTE Doctora Columba Rivera Osorio y las prestaciones con motivo de dicho nombramiento. Luego, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la promovente en su escrito de demanda, se advierte que el veinte de mayo del dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa el Hospital General ISSSTE Doctora Columba Rivera Osorio, el actuario adscrito a la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el representante legal del ISSSTE, realizaron la diligencia de reinstalación de trabajo a la doctora ***, de la plaza 18212 de médico especialista "C", desposeyendo a la hoy quejosa del trabajo sobre la misma plaza 18212 de médico especialista "C", de 8 horas con 100¼ de riesgos profesionales, clave M01011-288, turno 1.3 en el servicio de consulta externa, Unidad de Medicina Familiar, adscrita al Hospital General ISSSTE Doctora Columba Rivera Osorio, de Pachuca, Hidalgo. Diligencia que se realizó, sin que la quejosa fuera notificada del cese, revocación, terminación, nulidad o cancelación emitida por autoridad competente de la plaza 18212 de médico especialista "C", clave MO1011-288; que se le otorgó mediante la carta de resolución y ratificación de plaza 18212, oficio RH/SME/005/2016 de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Pues refiere la quejosa que, lo único que recibió, fue el oficio número HGCRO/SA/0031/2022, de fecha uno de junio del dos mil veintidós, suscrito por el director del Hospital General del ISSSTE Pachuca, doctor ***, donde se le informaba el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del dos mil veintidós había sido cancelado, y el oficio HGCRO/SA/0031/2022, de uno de junio del dos mil veintidós, suscrito por el referido director, donde hace referencia lo siguiente: "...que de acuerdo al resolutivo tercero que del laudo de fecha 29 de abril de 2019, emitido por la Junta Especial Número 51 Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual con intervención de actuario el día 20 de mayo de 2022, fuera reinstalada la ***en la plaza número 081212 en la categoría de Médico Especialista "C", turno 1.3 de lunes a viernes, con horario de 08:00 a 16:00 horas y asignada al área de Consulta Externa, misma que fuera ocupada por Usted hasta antes de la emisión del laudo, situación de la cual Usted ya estaba enterada, ya que el día de dicha reinstalación se le notificó por parte del actuario el mandato..." REQUERIMIENTOS. En mérito de lo que precede, se requiere a *** para que dentro del plazo de cinco días: a) Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado lo actuado en el juicio laboral instaurado por ***, contra el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y b) En caso de ser afirmativo, deberá precisar si designa o no como responsable a la autoridad jurisdiccional que hubiere tramitado dicho juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que, en caso de no dar cumplimiento a los anteriores requerimientos, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo....M-IV
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...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte veinte de octubre, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veinte de octubre de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de octubre de dos mil veintidós. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativa 208/2022, en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, misma que en su punto resolutivo único dice: "Único. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 919/2022-IV-B." Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, confírmese la recepción de estilo correspondiente de la ejecutoria de cuenta. ACLARACIÓN. En tal tenor y en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, previo a acordar el escrito de demanda, debe precisarse que: El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". IRREGULARIDAD RELACIONADA CON EL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda se aprecia que la quejosa señala como acto reclamado el cese, revocación, terminación nulidad o cancelación del nombramiento sobre la plaza 18212 de médico especialista "C", de ocho horas con diez por ciento de riesgos profesionales, clave M011011-288, turno 1.3 en el servicio de consulta externa, de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General ISSSTE Doctora Columba Rivera Osorio y las prestaciones con motivo de dicho nombramiento. Luego, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la promovente en su escrito de demanda, se advierte que el veinte de mayo del dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa el Hospital General ISSSTE Doctora Columba Rivera Osorio, el actuario adscrito a la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el representante legal del ISSSTE, realizaron la diligencia de reinstalación de trabajo a la doctora ***, de la plaza 18212 de médico especialista "C", desposeyendo a la hoy quejosa del trabajo sobre la misma plaza 18212 de médico especialista "C", de 8 horas con 100¼ de riesgos profesionales, clave M01011-288, turno 1.3 en el servicio de consulta externa, Unidad de Medicina Familiar, adscrita al Hospital General ISSSTE Doctora Columba Rivera Osorio, de Pachuca, Hidalgo. Diligencia que se realizó, sin que la quejosa fuera notificada del cese, revocación, terminación, nulidad o cancelación emitida por autoridad competente de la plaza 18212 de médico especialista "C", clave MO1011-288; que se le otorgó mediante la carta de resolución y ratificación de plaza 18212, oficio RH/SME/005/2016 de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Pues refiere la quejosa que, lo único que recibió, fue el oficio número HGCRO/SA/0031/2022, de fecha uno de junio del dos mil veintidós, suscrito por el director del Hospital General del ISSSTE Pachuca, doctor ***, donde se le informaba el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del dos mil veintidós había sido cancelado, y el oficio HGCRO/SA/0031/2022, de uno de junio del dos mil veintidós, suscrito por el referido director, donde hace referencia lo siguiente: "...que de acuerdo al resolutivo tercero que del laudo de fecha 29 de abril de 2019, emitido por la Junta Especial Número 51 Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual con intervención de actuario el día 20 de mayo de 2022, fuera reinstalada la ***en la plaza número 081212 en la categoría de Médico Especialista "C", turno 1.3 de lunes a viernes, con horario de 08:00 a 16:00 horas y asignada al área de Consulta Externa, misma que fuera ocupada por Usted hasta antes de la emisión del laudo, situación de la cual Usted ya estaba enterada, ya que el día de dicha reinstalación se le notificó por parte del actuario el mandato..." REQUERIMIENTOS. En mérito de lo que precede, se requiere a *** para que dentro del plazo de cinco días: a) Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado lo actuado en el juicio laboral instaurado por ***, contra el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y b) En caso de ser afirmativo, deberá precisar si designa o no como responsable a la autoridad jurisdiccional que hubiere tramitado dicho juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que, en caso de no dar cumplimiento a los anteriores requerimientos, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo....M-IV
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