María Estela Quezada Guzman

Expediente 1520/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1520/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • María Estela Quezada Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso b), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General". Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. Luego, cabe precisar que el acto reclamado en el presente asunto deriva de un procedimiento laboral, por ende, no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 del invocado Acuerdo General, motivo por el que no se considera de información reservada y dado que se actúa en el presente cuadernillo, no obran documentos originales por devolver.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el oficio que remitió la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo pronunciada en este juicio. Por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la ejecutoria de amparo dictada en el presente contradictorio federal se encuentra o no cumplida. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, Marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, de los autos se advierte que en el presente asunto se reclamó específicamente: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en su numeral 12 de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua Por tanto, en sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que se le cobrara únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente respecto del pago correspondiente al certificado de pago con número de operación 4447205 y se le reintegrara la parte que cubrió en exceso por tales conceptos. En proveído de dieciséis de enero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a las autoridades responsables y a la Oficina de Recaudación de Rentas del Municipio de Chihuahua dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad, el cabal cumplimiento de la misma. En consecuencia, mediante oficio DJF.-7027-VI/2020, suscrito por la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la entrega que hizo a la quejosa Marina Adriana Herrera Jiménez, del cheque 0012508, por la cantidad de $14, 250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Por lo que, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la impetrante de amparo, quedando notificada el siete siguiente. Constancia que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. En tales condiciones, de la lectura de las constancias allegadas a los presentes autos, se pone de manifiesto que Recaudación de Rentas del Municipio de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, el dieciocho de noviembre de la presente anualidad hizo entrega a la quejosa Marina Adriana Herrera Jiménez, de la cantidad de $14, 250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a fin de restituirle el monto enterado por concepto del pago de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad responsable en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos, pues bastó que aquélla compareciera ante la autoridad exactora a recoger el dinero a su favor, para hacer efectivo el cobro de lo indebido. Lo anterior, se determina atento a los razonamientos vertidos con antelación, los cuales conllevan a determinar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este juzgado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó a Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha no ha tomado protesta del cargo conferido, el perito en materia de topografía Joel Armando Solano Luna, como se encuentra ordenado en proveídos de diez de septiembre y dieciséis de octubre de este año, ofrecido por la parte quejosa, no obstante haber sido debidamente notificado para tales efectos.. Por lo tanto, para dar margen a que acontezca lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción para que requiera de nueva cuenta al profesionista señalado líneas arriba, en los mismos términos establecidos en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, así como para que notifique este acuerdo a la parte quejosa, toda vez que es la oferente de la prueba. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR ESTE JUZGADO, EN LA QUE EN LO CONDUCENTE SE DETERMINÓ: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por i)********************, ii)********************iii)********************iv)********************v)********************y vi) ********************, contra el acto que reclamaron de la autoridad responsable señalada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.

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