María Estela Mexicano González
Expediente 809/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Estela Mexicano González
- Alexa Tzintzun Mexicano (Alejandro León Cortés)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SE TIENE POR INTESPUESTO RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta, que suscribe la quejosa María Estela Mexicano González, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, el escrito original de agravios y copia para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en turno, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ALEJANDRO TZINTZUN CALDERON, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SE TIENE POR INTESPUESTO RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta, que suscribe la quejosa María Estela Mexicano González, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, el escrito original de agravios y copia para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en turno, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos de los que se obtiene que mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, se recibió en este juzgado el oficio 1367 mediante el cual la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre, que dictó dentro del toca de apelación I-157/2023. Además, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a su análisis con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO En sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a la quejosa María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales A.T.M., contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio 1367 recibido en este juzgado el veinticinco de septiembre, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución de esa fecha, que dictó dentro del toca de apelación I-157/2023. Con dichas constancias se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; siendo únicamente la parte quejosa la que desahogo la vista en términos del escrito con el cual se dio cuenta párrafos precedentes y respecto del cual se proveerá lo conducente más adelante. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente cuadro los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.T.M., para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: 1. Deje insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación I-157/2023. 2. En su lugar, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto por María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.T.M., contra la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia, derivado del diverso 680/2011, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que sobre pago de alimentos provisionales promovió la apelante. Asimismo, atendiendo al principio de congruencia externa y exhaustividad, reitere lo que no fue motivo de análisis en la presente instancia constitucional, y de manera fundada y motivada, dé contestación a los restantes agravios formulados por la parte recurrente. En específico, el destacado en la presente ejecutoria, relativo a que el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente; de ser así, precise si también de dicho periodo se debe o no reponer para requerir alguna prueba para su cuantificación. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, porque su constitucionalidad se hizo depender del acto de la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del toca de apelación I-157/2023, en la que determinó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca I-157/2023, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra la interlocutoria de veintidós de marzo de la presente anualidad, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, que resolvió el incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia interpuesto por Alejandro Tzintzún Calderón. Incidente que derivó de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 608/2011, sobre pago de alimentos provisionales. 2. Abordó el estudio de los agravios expuestos por la actora y recurrente, y les dio respuesta; a) Al agravio en el que la actora y recurrente argumentó que fue ilegal la determinación del juez de determinar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas únicamente del periodo de mayo de dos mil diecisiete a febrero de dos mil veinte; el magistrado responsable dio contestación de la siguiente forma: "En la resolución apelada el juez -en lo que aquí interesa señaló: "Tampoco es de soslayar que posterior a los abonos o pagos parciales realizados por el obligado alimentista que aquí se tomaron en cuenta, y que el último de ellos fue el verificado en enero de 2020 dos mil veinte, ha venido realizando otros pagos parciales; más sin embargo, éstos no se toman en consideración para los efectos de la presente resolución, en atención a que no corresponden al periodo que se solicitó cuantificar y que constituyo la materia de la litis que nos ocupa." Lo que a criterio de este tribunal de alzada resulta ilegal. Si bien para precisar la litis en un incidente de liquidación hay que atender al debate que se forme entre las partes y, en su caso, a las pruebas aportadas en el procedimiento incidental, y que en el particular, Alejandro Tzintzún Calderón por su propio derecho, mediante escrito del 31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte, compareció a promover incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia a efecto de que se determinará la cantidad que, por concepto de alimentos provisionales, adeudada en favor de su descendiente respecto del periodo de mayo del 2017 dos mil diecisiete a febrero del 2020 dos mil veinte. También lo es, que en los procesos judiciales que tiene por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos, son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas, dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos como resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución; de lo contrario, se incumpliría con la obligación impuesta en los artículos 4º sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, así como las normas sustantivas y procesales que atribuyen el carácter público e interés social a los procesos de alimentos que involucren menores. De ahí que no pueda sostenerse que el juez estaba impedido para ocuparse de las pensiones alimenticias posteriores a febrero del 2020 dos mil veinte y hasta el dictado de la resolución por no ser materia de la litis, porque con ello -se repite- está incumpliendo con la obligación de actuar oficiosamente para asegurar y preservar el bienestar de la menor Alexa Tzintzún Mexicano, más aún cuando en el particular transcurrieron más de 3 tres años entre la fecha en que se presentó el incidente -31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte- y el dictado de la sentencia -22 veintidós de marzo del 2023 dos mil veintitrés. [.] Al no haberlo considerado así el juez y para resarcir las violaciones cometidas en detrimento del infante Alexa Tzintzún Mexicano, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria combatida del 22 veintidós de marzo del 2023 dos mil veintitrés, con la finalidad de que, antes de la emisión de un nuevo fallo que dirima el fondo del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia planteado, como legalmente corresponda, de oficio y de estimarlo procedente, proceda a recabar pruebas para efecto de determinar el momento de las pensiones alimenticias adeudadas de mayo del 2017 dos mil diecisiete hasta la fecha en que emita la resolución correspondiente. Hecho lo anterior, en el nuevo fallo que resuelva el incidente, el sentenciador de origen deberá pronunciarse con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho, respecto de la procedencia o no del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia que promovió Alejandro Tzintzún Calderón, por su propio derecho frente a María Estela Mexicano González, en cuanto representante legal de la menor Alexa Tzintzún Mexicano. b) Dio contestación al agravio en el que la recurrente adujo que el juez de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria de liquidación y/o ejecución de sentencia; en los siguientes términos: "Alegaciones que no ameritan prosperar. Si bien es verdad que en la resolución final del 23 veintitrés de noviembre de 2011, se decretaron alimentos provisionales a favor de Alexa Tzintzún Mexicano, por la cantidad de 45 cuarenta y cinco días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica "C" a la que pertenece Michoacán, que de manera mensual ascendía a un total de $2,551.50 dos mil quinientos cincuenta y un pesos con cincuenta centavos; pensión que debería computarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de alimentos, esto es, del 13 trece de julio del 2011 dos mil once, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 961 del Código Familiar. Pero también lo es que, el 4 cuatro de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, la licenciada Leticia Sánchez Domínguez, Actuaria del Juzgado Quinto de lo Familiar de este Distrito Judicial, en cumplimiento a los proveídos del 13 trece de abril del 2011 dos mil once, 6 seis de octubre del 2014 dos mil catorce, 28 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete y 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete, dictados dentro de los autos del expediente número 680/2011, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar, trabó embargo sobre bienes propiedad del deudor alimentista Alejandro Tzintzún Calderón -respecto de la parte que le corresponde- hasta en tanto y cuanto basten para garantizar la suma de $204,524.08 doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro pesos con ocho centavos, correspondientes precisamente a las pensiones adeudadas y no pagadas por aquél comprendidas del 13 trece de julio del 2011 dos mil once hasta abril del 2017 dos mil diecisiete. En tales condiciones, si las pensiones alimenticias que pretende la apelante sean tomadas en consideración en la presente incidencia que refiere en su escrito de contestación del 18 dieciocho de febrero del 2020 dos mil veinte, ya fueron materia de resoluciones diversas, a saber en los proveídos del 13 trece de abril del 2011 dos mil once, 6 seis de octubre del 2014 dos mil catorce, 28 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete y 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete, lo que incluso así se puso de manifiesto en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo del 4 cuatro de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, es palmario que no pueden de nueva cuenta ser materia del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia que presentó Alejandro Tzintzún Calderón el 31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte, sencillamente porque -se remite- el numerario correspondiente a las pensiones alimenticias del 13 trece de julio del 2011 dos mil once a abril del 2017 dos mil diecisiete ya forman parte de las cuantificaciones presentadas y resueltas en aquellos proveídos y garantizadas con el embargo trabado en bienes propiedad del deudor alimentista. Luego, sus argumentos en torno a que: El juez no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas con la finalidad de acreditar que el incidentista no ha cubierto el adeudo que mantiene para con su menor hija, respecto del periodo solicitado en su escrito de contestación al incidente y lo establecido en la sentencia firme del 23 veintitrés de noviembre de 2011 dos mil once -del 13 trece de julio del 2011 al dictado de la sentencia. Son infundadas. Habida cuenta que los incidente de liquidación tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no se pudieron cuantificar en el fallo. Por tanto no es a través de la presente incidencia donde habrá de dilucidarse y resolverse sobre el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias ya cuantificadas y adeudadas por el deudor alimentista desde el 13 trece de julio del 2011 dos mil once, pues para ello habrá de observarse el procedimiento previsto por el Título Décimo, Capítulo IV -Ejecución de Sentencias-, Sección Primera -Ejecución de las Sentencias dictadas por las Salas del Tribunal y por los jueces del Estado- del Código Familiar." SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Del análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. SE ATIENDEN MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, en atención al escrito de cuenta, que suscribe la quejosa María Estela Mexicano González, mediante el cual solicita lo siguiente: ". solicito se tenga por incumplido a la autoridad responsable con la sentencia que fue emitida por este H. Tribunal Federal, a razón de que incurrió, por una parte en defecto y por otra en exceso, al no haber ceñido su veredicto en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, al tenor de las argumentaciones y razonamientos esgrimido por la suscrita y cuyos efectos quedaron precisados en el presente". Solicitud que hace, medularmente, con base en las siguientes razones: "7. Aunado a lo anterior, en lo ordenado por este Órgano de Control Federal en donde ordena: .lo específico, el destacado en la presente ejecutoria, relativo a que el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente. Lo que no realiza la autoridad responsable, ya que contrario a lo instruido por este Juzgado Federal, la Responsable, tratando de simular lo ordenado en la sentencia de amparo, tiene el atrevimiento de desacatar y desobedecer lo que le fue ordenado en modo alguno deja al arbitrio y/o en plenitud de jurisdicción o competencia a la Responsable en dictar una nueva sentencia, más bien marca las directrices que debe seguir para dictar una nueva sentencia; en el caso concreto lo es: ".el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente." lo que en la especie y en el caso concreto NO REALIZÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Al respecto debe decirse a la promovente que no le asiste razón en sus argumentos, toda vez que al observar la parte considerativa de la sentencia, en particular el apartado denominado "III. Caso concreto y decisión", en lo conducente, se determinó: "Consideraciones que se encuentran parcialmente ajustadas a derecho, debido a que la autoridad responsable inobservó a cabalidad los principios de congruencia y exhaustividad que las sentencias deben de contener, ya que con independencia de que repuso el procedimiento, omitió analizar todos los argumentos vertidos por la aquí quejosa en su recurso de apelación, en tanto que estos podían tener impacto en los alcances de la reposición ordenada. En específico, el que a criterio de este órgano jurisdiccional también le causa beneficio a la menor quejosa, y que es el relativo a que el Juez de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución en el incidente respectivo. Ello porque aunque suplió la deficiencia de los argumentos planteados por la apelante, y sostuvo que el Juez recurrido no debió limitarse a analizar el pago de las pensiones alimenticias adeudadas comprendidas de mayo de dos mil diecisiete a febrero de dos mil veinte, sino también las posteriores a ese periodo hasta el dictado de la interlocutoria y, por ello, repuso el procedimiento para que, en caso de considerarlo necesario, requiriera las pruebas respecto a dicho periodo, es claro que no atendió lo solicitado por la parte apelante, aquí quejosa, en el sentido de que la resolución incidental también debió comprender las pensiones mensuales alimenticias adeudadas anteriores a mayo de dos mil diecisiete. Lo anterior porque de conformidad al interés superior del menor y en congruencia con lo solicitado, debió hacer pronunciamiento en el sentido de si era dable o no establecer el monto de las pensiones alimenticias desde el trece de junio de dos mil once hasta la fecha de la emisión de la sentencia o, en su caso, si era o no conducente que las pruebas cuyo desahogó ordenó, abarcaran dicho periodo, virtud de la reposición. Lo que se sostiene debido a que, contrario a lo indicado por la autoridad responsable en la resolución impugnada, sí resultaba necesario el análisis dicho de motivo de agravio, ya que de ser procedente resultaría en un beneficio para la menor quejosa en atención a su interés superior, dado que preservaría el derecho de percibir alimentos que tiene desde el momento en que los necesite y no le han sido otorgados, lo que afirmó acontece desde el trece de junio de dos mil once. Por lo que, se reitera, al no haber atendido dicho agravio, la responsable faltó a los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe contener, así como lo establecido en el numeral 1047 del Código Familiar del Estado de Michoacán." De la anterior transcripción se aprecia, que este órgano de control constitucional consideró que el magistrado responsable, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, debió hacer pronunciamiento, con libertad de jurisdicción, en el sentido de si era dable o no establecer el monto de las pensiones alimenticias desde el trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación. Mas no como incorrectamente lo interpreta la promovente, en el sentido de que el monto de las pensiones alimenticias debió determinarse a partir del trece de junio de dos mil once y hasta el dictado de la interlocutoria que resolviera el incidente de liquidación. Motivo por el cual no es dable sostener que el magistrado responsable haya incurrido en exceso y defecto en el cumplimiento de la sentencia. No obstante, debe decirse que la quejosa, de estimarlo procedente, tiene expedito su derecho para impugnar la presente determinación. Orienta a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 168905 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 115/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." "Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la ley en la materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes relativas al presente proveído y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar este acuerdo. JUICIO SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que de conformidad con lo que señala el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es conservable. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 19, fracción II, inciso a), del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretario que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ALEJANDRO TZINTZUN CALDERON, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos de los que se obtiene que mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, se recibió en este juzgado el oficio 1367 mediante el cual la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre, que dictó dentro del toca de apelación I-157/2023. Además, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a su análisis con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO En sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a la quejosa María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales A.T.M., contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio 1367 recibido en este juzgado el veinticinco de septiembre, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución de esa fecha, que dictó dentro del toca de apelación I-157/2023. Con dichas constancias se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; siendo únicamente la parte quejosa la que desahogo la vista en términos del escrito con el cual se dio cuenta párrafos precedentes y respecto del cual se proveerá lo conducente más adelante. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente cuadro los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.T.M., para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: 1. Deje insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación I-157/2023. 2. En su lugar, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto por María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.T.M., contra la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia, derivado del diverso 680/2011, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que sobre pago de alimentos provisionales promovió la apelante. Asimismo, atendiendo al principio de congruencia externa y exhaustividad, reitere lo que no fue motivo de análisis en la presente instancia constitucional, y de manera fundada y motivada, dé contestación a los restantes agravios formulados por la parte recurrente. En específico, el destacado en la presente ejecutoria, relativo a que el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente; de ser así, precise si también de dicho periodo se debe o no reponer para requerir alguna prueba para su cuantificación. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, porque su constitucionalidad se hizo depender del acto de la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del toca de apelación I-157/2023, en la que determinó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca I-157/2023, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra la interlocutoria de veintidós de marzo de la presente anualidad, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, que resolvió el incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia interpuesto por Alejandro Tzintzún Calderón. Incidente que derivó de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 608/2011, sobre pago de alimentos provisionales. 2. Abordó el estudio de los agravios expuestos por la actora y recurrente, y les dio respuesta; a) Al agravio en el que la actora y recurrente argumentó que fue ilegal la determinación del juez de determinar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas únicamente del periodo de mayo de dos mil diecisiete a febrero de dos mil veinte; el magistrado responsable dio contestación de la siguiente forma: "En la resolución apelada el juez -en lo que aquí interesa señaló: "Tampoco es de soslayar que posterior a los abonos o pagos parciales realizados por el obligado alimentista que aquí se tomaron en cuenta, y que el último de ellos fue el verificado en enero de 2020 dos mil veinte, ha venido realizando otros pagos parciales; más sin embargo, éstos no se toman en consideración para los efectos de la presente resolución, en atención a que no corresponden al periodo que se solicitó cuantificar y que constituyo la materia de la litis que nos ocupa." Lo que a criterio de este tribunal de alzada resulta ilegal. Si bien para precisar la litis en un incidente de liquidación hay que atender al debate que se forme entre las partes y, en su caso, a las pruebas aportadas en el procedimiento incidental, y que en el particular, Alejandro Tzintzún Calderón por su propio derecho, mediante escrito del 31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte, compareció a promover incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia a efecto de que se determinará la cantidad que, por concepto de alimentos provisionales, adeudada en favor de su descendiente respecto del periodo de mayo del 2017 dos mil diecisiete a febrero del 2020 dos mil veinte. También lo es, que en los procesos judiciales que tiene por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos, son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas, dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos como resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución; de lo contrario, se incumpliría con la obligación impuesta en los artículos 4º sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, así como las normas sustantivas y procesales que atribuyen el carácter público e interés social a los procesos de alimentos que involucren menores. De ahí que no pueda sostenerse que el juez estaba impedido para ocuparse de las pensiones alimenticias posteriores a febrero del 2020 dos mil veinte y hasta el dictado de la resolución por no ser materia de la litis, porque con ello -se repite- está incumpliendo con la obligación de actuar oficiosamente para asegurar y preservar el bienestar de la menor Alexa Tzintzún Mexicano, más aún cuando en el particular transcurrieron más de 3 tres años entre la fecha en que se presentó el incidente -31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte- y el dictado de la sentencia -22 veintidós de marzo del 2023 dos mil veintitrés. [.] Al no haberlo considerado así el juez y para resarcir las violaciones cometidas en detrimento del infante Alexa Tzintzún Mexicano, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria combatida del 22 veintidós de marzo del 2023 dos mil veintitrés, con la finalidad de que, antes de la emisión de un nuevo fallo que dirima el fondo del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia planteado, como legalmente corresponda, de oficio y de estimarlo procedente, proceda a recabar pruebas para efecto de determinar el momento de las pensiones alimenticias adeudadas de mayo del 2017 dos mil diecisiete hasta la fecha en que emita la resolución correspondiente. Hecho lo anterior, en el nuevo fallo que resuelva el incidente, el sentenciador de origen deberá pronunciarse con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho, respecto de la procedencia o no del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia que promovió Alejandro Tzintzún Calderón, por su propio derecho frente a María Estela Mexicano González, en cuanto representante legal de la menor Alexa Tzintzún Mexicano. b) Dio contestación al agravio en el que la recurrente adujo que el juez de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria de liquidación y/o ejecución de sentencia; en los siguientes términos: "Alegaciones que no ameritan prosperar. Si bien es verdad que en la resolución final del 23 veintitrés de noviembre de 2011, se decretaron alimentos provisionales a favor de Alexa Tzintzún Mexicano, por la cantidad de 45 cuarenta y cinco días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica "C" a la que pertenece Michoacán, que de manera mensual ascendía a un total de $2,551.50 dos mil quinientos cincuenta y un pesos con cincuenta centavos; pensión que debería computarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de alimentos, esto es, del 13 trece de julio del 2011 dos mil once, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 961 del Código Familiar. Pero también lo es que, el 4 cuatro de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, la licenciada Leticia Sánchez Domínguez, Actuaria del Juzgado Quinto de lo Familiar de este Distrito Judicial, en cumplimiento a los proveídos del 13 trece de abril del 2011 dos mil once, 6 seis de octubre del 2014 dos mil catorce, 28 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete y 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete, dictados dentro de los autos del expediente número 680/2011, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar, trabó embargo sobre bienes propiedad del deudor alimentista Alejandro Tzintzún Calderón -respecto de la parte que le corresponde- hasta en tanto y cuanto basten para garantizar la suma de $204,524.08 doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro pesos con ocho centavos, correspondientes precisamente a las pensiones adeudadas y no pagadas por aquél comprendidas del 13 trece de julio del 2011 dos mil once hasta abril del 2017 dos mil diecisiete. En tales condiciones, si las pensiones alimenticias que pretende la apelante sean tomadas en consideración en la presente incidencia que refiere en su escrito de contestación del 18 dieciocho de febrero del 2020 dos mil veinte, ya fueron materia de resoluciones diversas, a saber en los proveídos del 13 trece de abril del 2011 dos mil once, 6 seis de octubre del 2014 dos mil catorce, 28 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete y 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete, lo que incluso así se puso de manifiesto en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo del 4 cuatro de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, es palmario que no pueden de nueva cuenta ser materia del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia que presentó Alejandro Tzintzún Calderón el 31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte, sencillamente porque -se remite- el numerario correspondiente a las pensiones alimenticias del 13 trece de julio del 2011 dos mil once a abril del 2017 dos mil diecisiete ya forman parte de las cuantificaciones presentadas y resueltas en aquellos proveídos y garantizadas con el embargo trabado en bienes propiedad del deudor alimentista. Luego, sus argumentos en torno a que: El juez no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas con la finalidad de acreditar que el incidentista no ha cubierto el adeudo que mantiene para con su menor hija, respecto del periodo solicitado en su escrito de contestación al incidente y lo establecido en la sentencia firme del 23 veintitrés de noviembre de 2011 dos mil once -del 13 trece de julio del 2011 al dictado de la sentencia. Son infundadas. Habida cuenta que los incidente de liquidación tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no se pudieron cuantificar en el fallo. Por tanto no es a través de la presente incidencia donde habrá de dilucidarse y resolverse sobre el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias ya cuantificadas y adeudadas por el deudor alimentista desde el 13 trece de julio del 2011 dos mil once, pues para ello habrá de observarse el procedimiento previsto por el Título Décimo, Capítulo IV -Ejecución de Sentencias-, Sección Primera -Ejecución de las Sentencias dictadas por las Salas del Tribunal y por los jueces del Estado- del Código Familiar." SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Del análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. SE ATIENDEN MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, en atención al escrito de cuenta, que suscribe la quejosa María Estela Mexicano González, mediante el cual solicita lo siguiente: ". solicito se tenga por incumplido a la autoridad responsable con la sentencia que fue emitida por este H. Tribunal Federal, a razón de que incurrió, por una parte en defecto y por otra en exceso, al no haber ceñido su veredicto en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, al tenor de las argumentaciones y razonamientos esgrimido por la suscrita y cuyos efectos quedaron precisados en el presente". Solicitud que hace, medularmente, con base en las siguientes razones: "7. Aunado a lo anterior, en lo ordenado por este Órgano de Control Federal en donde ordena: .lo específico, el destacado en la presente ejecutoria, relativo a que el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente. Lo que no realiza la autoridad responsable, ya que contrario a lo instruido por este Juzgado Federal, la Responsable, tratando de simular lo ordenado en la sentencia de amparo, tiene el atrevimiento de desacatar y desobedecer lo que le fue ordenado en modo alguno deja al arbitrio y/o en plenitud de jurisdicción o competencia a la Responsable en dictar una nueva sentencia, más bien marca las directrices que debe seguir para dictar una nueva sentencia; en el caso concreto lo es: ".el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente." lo que en la especie y en el caso concreto NO REALIZÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Al respecto debe decirse a la promovente que no le asiste razón en sus argumentos, toda vez que al observar la parte considerativa de la sentencia, en particular el apartado denominado "III. Caso concreto y decisión", en lo conducente, se determinó: "Consideraciones que se encuentran parcialmente ajustadas a derecho, debido a que la autoridad responsable inobservó a cabalidad los principios de congruencia y exhaustividad que las sentencias deben de contener, ya que con independencia de que repuso el procedimiento, omitió analizar todos los argumentos vertidos por la aquí quejosa en su recurso de apelación, en tanto que estos podían tener impacto en los alcances de la reposición ordenada. En específico, el que a criterio de este órgano jurisdiccional también le causa beneficio a la menor quejosa, y que es el relativo a que el Juez de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución en el incidente respectivo. Ello porque aunque suplió la deficiencia de los argumentos planteados por la apelante, y sostuvo que el Juez recurrido no debió limitarse a analizar el pago de las pensiones alimenticias adeudadas comprendidas de mayo de dos mil diecisiete a febrero de dos mil veinte, sino también las posteriores a ese periodo hasta el dictado de la interlocutoria y, por ello, repuso el procedimiento para que, en caso de considerarlo necesario, requiriera las pruebas respecto a dicho periodo, es claro que no atendió lo solicitado por la parte apelante, aquí quejosa, en el sentido de que la resolución incidental también debió comprender las pensiones mensuales alimenticias adeudadas anteriores a mayo de dos mil diecisiete. Lo anterior porque de conformidad al interés superior del menor y en congruencia con lo solicitado, debió hacer pronunciamiento en el sentido de si era dable o no establecer el monto de las pensiones alimenticias desde el trece de junio de dos mil once hasta la fecha de la emisión de la sentencia o, en su caso, si era o no conducente que las pruebas cuyo desahogó ordenó, abarcaran dicho periodo, virtud de la reposición. Lo que se sostiene debido a que, contrario a lo indicado por la autoridad responsable en la resolución impugnada, sí resultaba necesario el análisis dicho de motivo de agravio, ya que de ser procedente resultaría en un beneficio para la menor quejosa en atención a su interés superior, dado que preservaría el derecho de percibir alimentos que tiene desde el momento en que los necesite y no le han sido otorgados, lo que afirmó acontece desde el trece de junio de dos mil once. Por lo que, se reitera, al no haber atendido dicho agravio, la responsable faltó a los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe contener, así como lo establecido en el numeral 1047 del Código Familiar del Estado de Michoacán." De la anterior transcripción se aprecia, que este órgano de control constitucional consideró que el magistrado responsable, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, debió hacer pronunciamiento, con libertad de jurisdicción, en el sentido de si era dable o no establecer el monto de las pensiones alimenticias desde el trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación. Mas no como incorrectamente lo interpreta la promovente, en el sentido de que el monto de las pensiones alimenticias debió determinarse a partir del trece de junio de dos mil once y hasta el dictado de la interlocutoria que resolviera el incidente de liquidación. Motivo por el cual no es dable sostener que el magistrado responsable haya incurrido en exceso y defecto en el cumplimiento de la sentencia. No obstante, debe decirse que la quejosa, de estimarlo procedente, tiene expedito su derecho para impugnar la presente determinación. Orienta a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 168905 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 115/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." "Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la ley en la materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes relativas al presente proveído y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar este acuerdo. JUICIO SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que de conformidad con lo que señala el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es conservable. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 19, fracción II, inciso a), del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretario que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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