Maria Estela Figueroa Miranda
Expediente 1392/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Estela Figueroa Miranda
Actuaciones
- Principal
En catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 31008.- Conste.Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil diecisiete.Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por la Superioridad el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el recurso de queja 323/2017, en la cual en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja. Lo anterior comuníquese a las partes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Una vez notificado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente, previa anotación que corresponda en el libro de gobierno. En acatamiento al Acuerdo general conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental para su archivo, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia ni contra el ambiente y la gestión ambiental; además de que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica y no contiene información reservada. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja a que este expediente se refiere. Notifíquese.
- Principal
En trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta con el escrito registrado con el número de folio 23100.- Conste.Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil diecisiete.Por recibido el escrito firmado al parecer por la quejosa María Estela Figueroa Miranda, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de veintiocho de agosto del año en curso, por la que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en turno en el Estado de Morelos, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, así como de las demás constancias necesarias para el mejor conocimiento del asunto.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por María Estela Figueroa Miranda, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la demanda: En el caso se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es obligatorio y oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se señala como reclamado en esta instancia constitucional consiste en: ".Se señala como acto reclamad el punto de acuerdo octavo del acta de audiencia de fecha 08 de agosto del 2017, dictado dentro del expediente agrario número 86/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del distrito 18 con sede en Cuernavaca, Morelos, consistente en el ilegal llamamiento que pretende hacer la responsable al comisariado Ejidal de Tétela del Monte, Municipio de Cuernavaca, Morelos, al juicio en el cual fui demandada y que es una controversia individual y no colectiva." Se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "107. El amparo indirecto procede: "....................... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la disposición transcrita se obtiene que el juicio de garantías solamente procede contra los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, el acto aquí reclamado no conculca derecho sustantivo que repercuta en la esfera jurídica del Comisariado quejoso, lo que constituye el requisito fundamental para admitir a trámite el juicio de amparo indirecto que se promueve. En efecto, el acto reclamado no es un acto que tengan la condición de ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tal, aquéllos que de una manera inmediata lesionan el interés del agraviado, o bien, que hagan imposible la continuación del procedimiento, debido a que precisamente sea reparable en el fallo definitivo, pero por lo pronto en el caso concreto no se infringen alguno de los derechos sustantivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que además no puedan ser reparados en el curso del procedimiento relativo al juicio de origen. Ello es así, porque en la especie, es indudable que el auto reclamado, constituye meros actos procesales, que se insiste, no lesionan ningún derecho sustantivo en perjuicio de la agraviada de manera irreparable; por lo contrario se advierte que existe la posibilidad legal de que la promovente pueda obtener una resolución final favorable a sus pretensiones en el juicio de origen; mientras tanto, los efectos intraprocesales existentes por ahora, debido a ese posible pronunciamiento, pueden desaparecer jurídicamente y esto hace innecesaria la instauración del amparo indirecto propuesto. Además, en el supuesto de que la aquí quejosa, no obtenga sentencia favorable en el juicio agrario 86/2017, puede instaurar el juicio de amparo directo en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por María Estela Figueroa Miranda, contra el auto antes precisado, dictados por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, en el juicio agrario 86/2017. Esta determinación se orienta en la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, junio de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 37/2014 Página: 39 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Domicilio procesal y autorizados: Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas a las personas que refiere en los mismos términos que cita. Días y horas inhábiles: Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.
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