Maria Estela Castillo Moreno

Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
245/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Maria Estela Castillo Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso, ha transcurrido sin que se haya interpuesto el citado medio de impugnación; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María Estela Castillo Moreno, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director General del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y de otra autoridad; fórmese y regístrese el juicio de amparo con el número 245/2021-3, que es el que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, visto el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Así las cosas, de la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama: La negativa de otorgar la pensión por viudez, que le fue autorizada con fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el Director General del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. En el caso, contra el acto reclamado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativo en el Estado de Tamaulipas. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" La fracción transcrita, aborda el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, dado que establece la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que sea susceptible de nulificar, modificar o revocar dicho acto; siempre y cuando la ley que lo rige no exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previo a instar el juicio de amparo, los recursos ordinarios tendentes a nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. En ese sentido, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún juicio, recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del juicio, recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Es ilustrativa la Jurisprudencia 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 447, tomo X, Octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular" El artículo 4 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, y el numeral 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, establecen en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 4. El juicio contencioso administrativo, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Estatal o Municipal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley" "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VIII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas." De los numerales transcritos, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional que tiene a su cargo, entre otros, conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. Luego entonces, si la parte quejosa reclama la negativa de otorgar la pensión por viudez, que le fue autorizada con fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el Director General del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; es inconcuso que dicho acto en términos de los artículos 4 de la Ley de de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, y el numeral 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, debe ser impugnado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por medio del cual se encuentra en aptitud de obtener la modificación, revocación o modificación del acto controvertido. Se afirma lo anterior, pues, acorde a lo estipulado en el artículo 61, fracción XX, sólo se exceptúan los casos en los cuales el medio de defensa previsto en el ordenamiento legal respectivo, prevea mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, supuesto que en la especie no acontece. Ello es así, en razón de que el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, el cual prevé la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados. En ese orden de ideas, se patentiza la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, en virtud de que, la parte quejosa reclama que desde el veintiuno de octubre de dos mil veinte ha solicitado al instituto la pensión por viudez, que asistió al Departamento de Pensiones del instituto, donde le hicieron un estudio y proporcionó los datos de su finado esposo; como lo acredita con la copia que anexa a su demanda, pero no le han dado solución. Lo que se ubica en el supuesto de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previsto en la Ley Orgánica por el artículo 4º, fracción VIII. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que al acreditarse que contra el acto reclamado existe un medio de impugnación ordinario, cuyo objeto tiende a modificar, revocar, o confirmar la determinación de la que se duele la parte quejosa; por lo que es indiscutible que debió agotar tal medio de defensa, previo a instar el juicio de amparo. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en el escrito de demanda de derechos fundamentales y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Luis Miranda Niño y en cuanto a Jorge Luis Miranda Macías y Alberto Miranda Niño únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "jorgemiranda" para oír, recibir notificaciones, presentar promociones electrónicas por la vía electrónica, así como se le practiquen las notificaciones a través del usuario mencionado.. Por tanto se instruye a la oficial judicial "A", realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "jorgemiranda", únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, -toda vez que cuenta con su firma electrónica y nombre de usuario para tal efecto- se le tiene señalando dicha vía para las notificaciones oficiales, por lo que la autorizada está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días, a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 de la referida legislación. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de Juicio en Línea Por otra parte, tomando en consideración el fenómeno de salud pública que se vive, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. Se requiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y correo electrónico De igual modo, con apoyo en el artículo 5, fracción I del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya invocado, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, contando a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con el objeto de establecer un contacto en los caso que se estime necesario. Se hace del conocimiento a las partes el sistema de citas para consulta de expedientes o comparecencias En otro entorno, conforme los artículos 2°, fracción VIII, 3°, 4° y 6° todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes señalado, se hace del conocimiento de las partes que desde del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/Servicios Jurisdiccionales, dentro del cual los justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, encontrarán el apartado "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas con el objeto de consultar expedientes, el desahogo de comparecencias o requerimientos. Publicaciones en lista de acuerdos Por otro lado, dado que aún no se permitirá el libre ingreso de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que las listas de acuerdos serán colocadas en un espacio de fácil acceso en el edificio, para quienes acudan sin contar con una cita. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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