Maria Estela Alonzo

Expediente 1459/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1459/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • MARIA ESTELA ALONZO y Otros.
  • Maria Estela Alonzo
  • Danixa Perez Alonso
  • Roxana Lizbeth Sanchez Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    ...Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO: Se niega la suspensión definitiva a *****, solicitada contra los actos y autoridad señalada en el considerando único, por los motivos ahí expuestos.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido en auto de diecisiete de octubre del año en curso, para efecto de que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención ahí decretada, sin que a la fecha hiciera mención alguna; en consecuencia se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. El contenido de los artículos y fracciones señalados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 3 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los ordinales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como aquellos en los cuales se presenta la demanda con posterioridad a los plazos establecidos para tal efecto en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, el cual por regla general es de quince días. El numeral 18 de la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para computar el plazo para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley que rija el acto reclamado. El quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. El promovente se haya ostentado sabedor del acto reclamado. De los numerales en comento se colige que las hipótesis sintetizadas son autónomas, es decir, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna; por lo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo se computará a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de ellos. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Así la primera hipótesis, necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 4 característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combate su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra, lo anterior, al así haberlo establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, con registro digital 245095, que aparece publicada en el Apéndice 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, página 6, que literalmente dice: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ". al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta confesión expresa que puede estimarse entraña una por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 5 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa, y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedor del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedor del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos María Estela Alonzo, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales I.F.P.A, M.E.P.A, B.N.P.A, J.A.P.A, B.M.P.A y H.G.P.A, Danixa Pérez Alonzo; María Rosmeri Pérez Alonzo por propio derecho y representación de sus menores hijos de iniciales K.A.P.P, H.S.P.P y B.A.F.P; Iris Janeth Gutiérrez Amador por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales E.J.P.G y M.I.P.G; Gladis Yamilileth Amador Alvarado por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales J.N.A.A; Eber Santiago Melendes Vásquez y Erica Julissa Inestroza Varela señalaron como autoridad responsable a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas (COMAR), con residencia en esta ciudad, a quien les reclama la fecha señalada en las citas 209288, 205757, 209523, 209806 y 209807, la omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 6 la que se asigne la clave única de refugiado (CUR) y la omisión de expedir la clave única de registro de población (CURP). En ese sentido, toda vez que los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que el ocho y quince de agosto del año en curso, se presentaron ante las oficinas de la autoridad responsable a solicitar cita para el inicio de trámite a solicitante de reconocimiento de refugiado, y que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, les fue entregado el citatorio correspondiente, es claro que desde esa data son sabedores de los actos reclamados. Sin que los impetrantes de amparo indicaran la razón por la cual la potestad en cita "les entregó con fecha posterior el citatorio". Por ende, el plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, trascurrió del veinte al diez de octubre del año en curso, sin contar los días inhábiles, de conformidad con el precepto 19 de la ley de la materia. De manera que si la demanda constitucional se presentó ante este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veintitrés, fue promovida de manera extemporánea. Sin que obste a lo anterior, que los actos reclamados sean de tracto sucesivo o que sus efectos se prolonguen en el tiempo, pues para verificar la oportunidad de demanda, debe atender se a la fecha en que el quejoso conoció el acto. Como criterio orientador, sirve de sustento a lo anterior, la tesis IV.2o.A.29 K, sustentada por el Segundo 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 7 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia Común, página 2336, de registro digital 177026, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 8 cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley. Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Tomo II, del mes de diciembre de 2022, página 2086, registro digital 2025635, cuyo rubro y contenido son: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL, EL PLAZO PARA PRESENTARLA ES EL DE 15 DÍAS QUE PREVÉ EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la actuación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que señala una fecha excesivamente lejana, a juicio de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determina que la presentación de la demanda de amparo, cuando se reclama el proveído en el que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala una fecha excesivamente lejana, a consideración de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque desde el momento en que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, asume una conducta positiva, un hacer frente al escrito de demanda, ya que materialmente emite un proveído en el que externa un criterio, una decisión jurisdiccional que comunica legalmente a las partes, quienes estarán en aptitud de controvertirla dentro del plazo de quince días, mismo que cumple con los requisitos de ser general, razonable y objetivo. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 9 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? En esas condiciones, al haberse consentido el acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, únicamente por lo que hace a los quejosos María Estela Alonzo, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales I.F.P.A, M.E.P.A, B.N.P.A, J.A.P.A, B.M.P.A y H.G.P.A, Danixa Pérez Alonzo; María Rosmeri Pérez Alonzo por propio derecho y representación de sus menores hijos de iniciales K.A.P.P, H.S.P.P y B.A.F.P; Iris Janeth Gutiérrez Amador por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales E.J.P.G y M.I.P.G; Gladis Yamilileth Amador Alvarado por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales J.N.A.A; Eber Santiago Melendes Vásquez y Erica Julissa Inestroza Varela. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos, respecto la diversa quejosa Roxana Lizbeth Sánchez Carbajal. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otro lado, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 10 rectores de nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por separado, en un solo cuaderno el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la negativa a expedirles la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, la respectiva CUR (Clave única de Refugiados) y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros. INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a la autoridad responsable que rinda su respectivo informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se le informa que: * En caso de que omita rendir su informe se presumirá cierto el acto reclamado que se le imputa. * En el informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, al que deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se les sancionará con una multa de cien unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 11 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? De igual forma, se apunta que el cumplimiento a lo solicitado, podrá realizarse por los siguientes medios siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica: ? Correo Institucional: 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx ? Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en día hábil, sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria ? Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, Carretera a Cantón Murillo No. km 0450 Colonia Innominada, Tapachula, Chiapas, C.P. 30785. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. En el entendido que, de contar con expediente físico, la autoridad responsable deberá remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, le sea devuelto a la 1 "Artículo 251. El trabajo de los órganos jurisdiccionales a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal deberá apegarse a los siguientes principios: a) Impulso tecnológico: por regla general, se debe optar por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquellos realizados en papel, salvo en aquellos casos cuya excepción sea debidamente justificada;" 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 12 brevedad. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza de lo reclamado, se considera que no existe persona a la que le asista el carácter de tercero interesado. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia y/o sobreseimiento, así como la existencia de otro u otros juicios constitucionales que se relacionen con el presente, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCIÓN LEGAL AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso K) y 28 de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, para notificar personalmente el presente auto, para lo cual deberá girarse el oficio relativo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 13 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se cita a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las once horas con dieciocho minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés. PRUEBAS De acuerdo al contenido de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se indica a las partes que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUN QUE NO EXISTA 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 14 REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión salvable en su denominación, es decir, que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 15 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada Además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización2 , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. FACULTAD DEL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en el artículo 2723 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en el caso de que la denominación de la autoridad responsable proporcionada por la parte quejosa en su demanda de amparo no sea la correcta, y esta sea indicada o precisada por el organismo al momento de la diligencia, cumpliendo con las formalidades del numeral citado con antelación, realicen la modificación correspondiente, con la finalidad de darle celeridad al trámite del presente juicio de derechos fundamentales.

  3. Incidental

    Visto lo de cuenta, tal como está ordenado en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1459/2023 VII-A, promovido por Roxana Lizbeth Sánchez Carbajal, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS Y EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA SUSPENSIÓN En el presente caso, se tiene que la demanda de amparo en el juicio del que deriva la presente incidencia, se admitió a trámite por cuanto hace al acto reclamado siguiente. ? Las fechas lejanas de formalización de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. ? La omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 de refugiado en la que se asigne la clave única de refugiado (CUR). ? La omisión de expedir la clave única de Registro de Población (CURP). Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a los impetrantes y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS Hay criterio vigente de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados, los órganos jurisdiccionales federales deben atender fundamentalmente a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa sobre la certidumbre de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 2a.5/931, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 3 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? Por consiguiente, se estima que, para efectos del presente cuaderno incidental, está acreditada de manera presuntiva la existencia de los actos reclamados. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 4 no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de la autoridad responsable, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 5 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 6 fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 7 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión provisional, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 8 En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que la parte quejosa lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 9 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión provisional para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 10 localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 11 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión provisional. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos de localización Registro digital: 2020401, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 12 particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. DECISIONES Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable expida a los quejosos de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 13 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. INFORME PREVIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, anexándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibida que en caso de no hacerlo así, se hará presumir cierto el acto reclamado y se resolverá la respectiva suspensión definitiva. En dicho informe la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la potestad responsable que de no cumplir con lo anterior en el plazo y condiciones establecidos, o de no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá en lo individual, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, específicamente a la persona física que ostente en cargo 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 14 público correspondiente, de conformidad con el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Asimismo, se informa a la autoridad responsable que se encuentran a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, el número de fax 962 62 61 84 1 (en un horario comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos) y la dirección del propio órgano jurisdiccional ubicado en edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, carretera a Cantón Murillo, km 0 450, colonia Innominada, Tapachula, Chiapas C.P. 30785, con la finalidad de hacer llegar los informes y documentos que así estimen conducentes. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las once horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 15 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles [de aplicación supletoria a la Ley de Amparo]. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 16 supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Osorio Mendoza, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados por la parte quejosa, para en caso de ser necesario se establezca como medio de contacto no procesal. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 17 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUN QUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 18 OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión salvable en su denominación, es decir, que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada Además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización2 , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. FACULTAD DEL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en el artículo 2723 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en el caso de que la denominación de la autoridad responsable proporcionada por la parte quejosa en su demanda de amparo no sea la correcta, y esta sea indicada o precisada por el organismo al momento de la diligencia, cumpliendo con las formalidades del numeral citado con antelación, realicen la modificación correspondiente, con la finalidad de darle 2 De conformidad con los artículos Transitorios Segundo, primer párrafo y Tercero, del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 3Articulo 272.- En las actuaciones judiciales, no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada, salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 19 Amparo indirecto 1459/2023 ??????????????? celeridad al trámite del presente juicio de derechos fundamentales. RESERVA DE INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Jovita Mejía Vázquez, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula. Por consiguiente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir a la autoridad responsable Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 2 presente proveído, den exacto y debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la referida potestad, que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, dentro del plazo antes señalado, se les impondrá en lo individual, específicamente a la persona física que ostente el cargo público correspondiente, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo, y asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por Ulises Eduardo Gordillo González, autorizado de la quejosa, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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