María Esperanza Martínez de la Cruz

Expediente 2246/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2246/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • María Esperanza Martínez de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo 2246/2018, por estar concluido, en el cual, se consideró susceptible de destrucción; sin embargo, en la sentencia que se emitió por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con la única finalidad de regularizar el procedimiento, con apoyo en lo establecido en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2, se provee de la manera siguiente: Orden de depuración y destrucción. Visto el estado procesal del presente expediente, y en cumplimiento los puntos décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el presente expediente, es susceptible de depuración, en tanto que, de autos se desprende que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; término que comenzó a transcurrir, al día siguiente al en que se ordenó el archivo como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 909/2017, y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión 523/2017, cuyos puntos resolutivos dicen: "ÚNICO.- En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida, de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto número 909/2017, que concedió el amparo solicitado.". Anotaciones. Agréguese a los autos, hágase saber la circunstancia anterior a las partes; efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste; y acúsese recibo correspondiente. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: [.] se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad de los preceptos combatidos, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción del pago de la cantidad de $43,991.34 (cuarenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional) y $27,708.00 (veintisiete mil setecientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), contenidas en los recibos oficiales números 338699 y 2259142AA, que realizó la parte impetrante del amparo por concepto del impuesto predial sobre unos bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete); a fin de que le sea devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución deberá versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados. Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en artículos 32, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 46, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. [.] Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que si es susceptible de dar cumplimiento en tres días, en virtud de lo estipulado en párrafos que anteceden. Requerimiento a la autoridad responsable Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho (folio 66), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el catorce de junio de dos mil dieciocho (folios 37 a 43), se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: Acredite que dio contestación congruente a la peticionaria del amparo a la solicitud que le elevó el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, y le informe lo conducente respecto al trámite a seguir para la obtención de los certificados catastrales con historial de las cuentas R003919, R003923, R003924, R003925, R003926 y R003929, haciéndolo del conocimiento de la parte quejosa.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable (folios 58 a 65), se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable desde el veintitrés de febrero del año en curso, dio contestación a la solicitud formulada por la parte quejosa, y así mismo, que le fueron entregados los registros catastrales solicitados . En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Vista a las partes. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de quince días. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acuerdo reservado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de julio del año en curso, se reservó proveer respecto del escrito de registro 22136, presentado por la parte quejosa en el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, consecuentemente, dígasele a la promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el contenido del escrito de cuenta, que signa ...., administrador general único de la persona moral ..., mediante el cual, revoca anteriores autorizados en amplios y restringidos términos, así como el domicilio procesal; y al respecto señala uno nuevo para oír y recibir notificaciones.

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