María Esperanza Magallán Ornelas

Expediente 207/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana
  • María Esperanza Magallán Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si el fallo protector se encuentra cumplido o no. En el presente asunto se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] que la Juez Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1750/2017, a partir del ilegal emplazamiento practicado a la codemandada María Esperanza Magallán Ornelas, y ordene nuevamente el mismo. Concesión que se hace extensiva a Martín Rodríguez Vázquez también conocido como Martín Rodríguez Vasquez demandado en el juicio de origen, atendiendo a la figura de litisconsorcio pasivo necesario que se acredita en el presente asunto, en razón de que, el que se deje sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento a juicio de la aquí quejosa, constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo." Mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Así, la autoridad vinculada comunicó haber dado cumplimiento con la ejecutoria, remitiendo fotocopia certificada de las constancias conducentes para acreditar su aserto; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Informes y documentales con los que se acreditó que se dio cumplimiento con la sentencia de amparo, pues se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1750/2017, a partir de la diligencia de emplazamiento que se le practicó a la aquí impetrante, y se ordenó nuevamente su llamamiento a la contienda de origen; por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, ordenándose el archivo definitivo del mismo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el quince de febrero de dos mil veinticinco. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible, al encuadrar en la hipótesis del artículo 21, inciso c), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el quince de febrero de dos mil veinticinco. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de enero de dos mil veintidós. Agréguense los oficios allegados por las autoridades vinculadas; se les tiene informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, con el contenido de los comunicados relativos al acato del fallo protector, dese vista a la quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades oficiantes, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo... determinación que, se notifica por medio de lista a la parte tercero...

  3. Principal

    C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado tuvo ejecución material dentro de los límites de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que el acto de reclamo destacado es el emplazamiento practicado a la quejosa en el juicio especial hipotecario 1750/2017, de la estadística del Juzgado Octavo de lo Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias. TERCERO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de sus informes con justificación, lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al expediente de origen. Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la ley de la materia. Así, ya que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este juzgado de distrito advierte de oficio que en el caso se actualice, lo procedente es examinar los motivos de disenso propuestos. QUINTO. La solicitante del amparo esgrimió el concepto de violación que estimó pertinente, el que se tiene por reproducido en este apartado por ser innecesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el precepto 74 de la ley de la materia. SEXTO. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta procedente destacar los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las constancias del juicio de origen. i) La persona moral tercero interesada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demandó en la vía especial hipotecaria a Marina Mesón Ornelas; reclamo que fue registrado bajo partida 1750/2017, en la estadística del Juzgado Octavo de lo Civil, de esta ciudad. ii) Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de que se trata, y se ordenó emplazar a la correcta parte demandada María Esperanza Magallán Ornelas y Martín Rodríguez Vázquez también conocido como Martín Rodríguez Vasquez. iii) Antecediendo citatorio, en la constancia actuarial de once de abril del mismo año, la actuaria responsable asentó haber emplazado a la demandada María Esperanza Magallán Ornelas en el domicilio ubicado en la vivienda marcada con el número 9, con número oficial 25638, interior 9F, avenida Paseo del Roble, condominio F-1 al F-5, fraccionamiento Villa Residencial del Bosque, segunda sección, en esta ciudad. iv) Posteriormente, en auto de dos de mayo siguiente, se declaró la rebeldía de la parte pasivo procesal y se turnaron los autos para el dictado de la sentencia, la cual fue emitida ese mismo día, en la que se declaró vencido anticipadamente el contrato de apertura de crédito simple y garantía hipotecaria, base de la acción, y se condenó respecto de otras prestaciones; resolución que causó ejecutoria el veintiocho de junio de dos mil dieciocho. SÉPTIMO. Es fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa, aunque para ello deba ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, con base en las consideraciones que se expondrán más adelante. En su demanda, la parte quejosa aduce, en esencia, que se vulneró en su perjuicio la garantías de audiencia y legalidad contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no fue debidamente emplazada al juicio especial hipotecario 1750/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil, de esta ciudad, lo cual la dejó en estado de indefensión. A efecto de evidenciar lo fundado del argumento que aduce la parte quejosa, conviene precisar lo dispuesto por los artículos 111, 114 y 117, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, los cuales -en lo que aquí interesa- establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 111.- Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por el Boletín Judicial, o por vía electrónica, en los términos de los artículos 123 y 125, por edictos, por correo y por telégrafo, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes." "ARTÍCULO 114.- Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: I.- El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias; [.]." ARTÍCULO 117.- En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: Reforma [.] II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y [.].El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejara citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijara atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; [.] En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se lleve a cabo conforme lo establece el artículo 110 de este Código, así como de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable." [Énfasis añadido] De los artículos transcritos, se advierte que, en términos generales, en un juicio civil el emplazamiento debe cumplir con ciertos requisitos legales, siendo estos: 1. La diligencia debe realizarse en el domicilio que señale la parte que pide el emplazamiento. 2. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente. 3. El actuario debe cerciorarse de que la diligencia se realiza en el domicilio asentado en autos y de que en ese domicilio vive o trabaja la persona en busca. 4. Deberá entregarse al demandado copia de la demanda y demás documentos, y del auto o proveído que deba notificarse. 5. La persona con quien se entienda la diligencia deberá firmar la cédula de notificación y, en caso de negarse, el actuario deberá de asentar dicha circunstancia. Ahora bien, es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", sostuvo que si la ley procesal respectiva que regula los juicios civiles, establece como formalidad del emplazamiento entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. Esto es así, porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la promovente sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entonces, si -como se anticipó-, conforme al marco normativo que regula el emplazamiento en materia civil en esta Entidad Federativa, al realizar el emplazamiento, el notificador debe entregar a la persona con la que entienda la diligencia copia de la demanda y demás documentos que se hayan adjuntado a ésta, es inconcuso que, en la diligencia correspondiente debe describir las copias de los documentos con los que corre traslado. Circunstancia que no ocurrió en el caso concreto, pues de la constancia de emplazamiento realizada a la demandada, no se obtiene que la actuaria responsable haya asentado la descripción de los documentos que entregó a la persona con quien se entendió la diligencia -distinta a la directamente interesada-, ya que únicamente se limitó a hacer constar en el acta respectiva que hizo entrega de "las copias de la demanda y de la totalidad de sus anexos debidamente sellados y cotejados". De la cédula de emplazamiento se desprende que al momento de llevar a cabo la diligencia, la actuaria responsable únicamente se limitó a asentar que entregó a Rafael Morales Flores (persona con la que se entendió la diligencia) copia simple de la demanda, de la cédula de notificación y anexos; empero, en ningún momento hizo constar la descripción de esos "anexos", es decir, de las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda inicial, con las que corrió traslado. Máxime, que del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que la demanda que dio origen al juicio especial hipotecario fue presentada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, y admitida hasta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, es decir, antecedió prevención, pues del referido auto se desprende que ésta fue subsanada, lo que pone en relieve que la fedataria judicial fue omisa en correr traslado con el escrito de aclaración respectivo. Circunstancia que se estima relevante en el caso, ya que en el escrito inicial de demanda -con el que únicamente se le corrió traslado-, se advierte como demandada a María Mesón Ornelas, y en el auto admisorio se tiene a la parte actora subsanando una prevención impuesta y demandando en la vía especial hipotecaria a María Esperanza Magallán Ornelas y Martín Rodríguez Vázquez, de ahí, que si únicamente se adjuntó copia de la demanda y no del escrito en el que se aclaró tal dato, constituye otra actuación que deja en estado de indefensión a la aquí quejosa, pues debe decirse que al tener su origen en una irregularidad del escrito inicial y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos forman parte de la demanda y, consecuentemente, deben ser apreciados indefectiblemente como un sólo documento. Entonces, tomando en cuenta que el emplazamiento constituye una de las actuaciones de mayor trascendencia dentro de los procesos, pues permite que el interesado tenga conocimiento completo de las prestaciones que se le reclaman, así como de los documentos y pruebas con las que el actor funde y pretenda acreditar la acción intentada, para que aquél esté en aptitud de comparecer a juicio y, a su vez, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; por tanto, se concluye que la omisión del fedatario de precisar qué documentos son los que entrega a la parte interesada impide tener certeza de que el demandado, en efecto, tendrá conocimiento real, completo y efectivo de las pretensiones de su contraria. Consecuentemente, si en el caso particular -como se demostró- la actuaria responsable no asentó la descripción de cuáles eran las copias de los documentos con los que corrió traslado, y tampoco hizo de su conocimiento el contenido del escrito aclaratorio, es inconcuso que el emplazamiento practicado el once de abril de dos mil dieciocho, no cumple con el requisito previsto en el artículo 117, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por lo que resulta violatorio del principio de legalidad y, en vía de consecuencia, del derecho de audiencia previa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 204, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Del mismo modo, robustece a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 834, libro 57, agosto de 2018, tomo I, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA. El emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es así que, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias simples del traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original, ello constituye una formalidad esencial para la validez, por lo que el actuario judicial debe certificar que así se ha realizado, a fin de no violar los derechos de audiencia y de defensa, de legalidad y de certeza jurídica, así como a recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes. En consecuencia, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la formalidad establecida para el emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda." De igual forma, ya que el expediente de origen se trata de un juicio especial hipotecario, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia PC.VII.C. J/8 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 1343, libro 72, noviembre de 2019, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. DEBE CORRERSE TRASLADO A LA DEMANDADA CON LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑARON, ENTRE ELLAS, EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Del artículo 76, en relación con los diversos 451-A, 451-B y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, deriva que dentro de las formalidades que se deben seguir en la diligencia de emplazamiento en el juicio especial hipotecario, está la relativa a que se debe correr traslado al demandado con las pruebas que se acompañaron, entre las que se encuentran la copia del instrumento público que contiene el contrato de crédito con garantía hipotecaria, por tratarse de un documento que necesariamente debe anexarse al escrito de demanda y que fue el que le permitió al juzgador admitirla; así, la persona que va a ser emplazada tendrá conocimiento del contenido del escrito de demanda en relación con lo pactado en el documento base de la acción, lo que le permitirá oponer las excepciones a que se refiere el citado artículo 451-C. Además, tal forma de proceder relativa a que en el emplazamiento se corra traslado al demandado con la copia del documento base de la acción, permite que por lo que hace a tal diligencia se cumpla con una de las formalidades esenciales del procedimiento, en el sentido de que al demandado se le garantice una adecuada y oportuna defensa." Criterio que resulta aplicable, pues la legislación del Estado de Veracruz, a la que se hace alusión en el mismo, prevé, al igual que la legislación del Estado de Baja California, que dentro de las formalidades que se deben seguir en la diligencia de emplazamiento en el juicio especial hipotecario, está la relativa a que se debe correr traslado al demandado con la copia del instrumento público que contiene el contrato de crédito con garantía hipotecaria, por tratarse de un documento que necesariamente debe anexarse al escrito de demanda y que fue el que le permitió al juzgador admitirla; por lo que, la omisión de tal requisito, vulnera el derecho de la quejosa a una adecuada y oportuna defensa. En consecuencia, al estimarse deficiente dicho emplazamiento, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra de los actos reclamados a la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para los efectos que serán precisados en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y la protección constitucional impetrados, para el efecto de que la Juez Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1750/2017, a partir del ilegal emplazamiento practicado a la codemandada María Esperanza Magallán Ornelas, y ordene nuevamente el mismo. Concesión que se hace extensiva a Martín Rodríguez Vázquez también conocido como Martín Rodríguez Vasquez demandado en el juicio de origen, atendiendo a la figura de litisconsorcio pasivo necesario que se acredita en el presente asunto, en razón de que, el que se deje sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento a juicio de la aquí quejosa, constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo. Apoya tal determinación, la jurisprudencia 406 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 350, tomo VI, apéndice 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la protección federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección federal." Sin que la concesión del amparo implique dejar sin efecto el emplazamiento al juicio natural del litisconsorte Martín Rodríguez Vázquez también conocido como Martín Rodríguez Vasquez, virtud de que ello no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, en atención a que el llamamiento a juicio de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que al respecto, ha de atenderse al principio de relatividad de las sentencias. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 72/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 933, libro I, octubre de 2011, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Criterios aplicables, en virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. NOVENO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Para los efectos precisados en el considerando octavo del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a María Esperanza Magallán Ornelas, contra los actos que reclamó de la Juez Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, puntualizados en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar el proveído de siete de junio del año en curso, a la persona moral tercero interesada que señala, por las razones ahí expuestas. Por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y atendiendo a lo establecido en el Acuerdo General Plenario 37/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena reanudar el procedimiento en este juicio, en consecuencia, se señalan las trece horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional...

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