María Esperanza Gutiérrez de la Fuente
Expediente 1342/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1342/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Esperanza Gutiérrez de la Fuente
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se declara que dicha sentencia que concedió el amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Requerimiento de cumplimiento de sentencia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento dado al fallo protector o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo.
- Principal
Agréguese el oficio que remite el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto de su índice, formado con motivo del diverso 462/2023-III orden 749/2023 de este Juzgado; sin que haya lugar a acusar de recibo, toda vez que éste se generó de forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de dicho exhorto se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés se notificó a las autoridades responsables Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación de Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Encargado de la Estación Migratoria de Instituto Nacional de migración en Baja California y Representante A y B del Aeropuerto de Tijuana del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en Tijuana, Baja California el acuerdo de trece del mismo mes y año. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California. Dicha autoridad en atención al requerimiento de trece de octubre de este año, manifiesta que no son ciertos los actos reclamados; asimismo refiere que los quejosos no se encentran alojados en dicha estancia migratoria no se cuenta con registro o antecedente de alojamiento temporal. Con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Se informa a las partes que el informe en cita se encuentra disponible para consulta en el expediente físico y electrónico; sin embargo, comuníqueseles que en términos del artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en caso de carezcan de acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna sobre dicha consulta, se tendrá por satisfecha la vista ordenada. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tienen como delegados de la citada autoridad a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se aprecia que, al rendir sus informes relativos a la suspensión de plano el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California informó que ha cumplió con la suspensión de plano pues se expidieron a los quejosos los oficios denominados "Documento Provisional de visitante con permiso para Realizar actividades remuneradas". Posteriormente, en acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se agregó el exhorto del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual devolvió debidamente diligenciado el diverso ********************de este Juzgado, del cual se advierte que el nueve de abril de dos mil veintitrés el Actuario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Estado de Baja California, con sede en Tijuana localizó a los quejosos en el Instituto Nacional de Migración con sede en dicho Estado, quienes ratificaron la demanda promovida a su favor. Ahora bien, en el caso los quejosos reclaman la detención y alojamiento por parte de las autoridades responsables en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; asimismo, de los antecedentes reseñados, se aprecia que los quejosos sí estuvieron detenidos en dicho lugar por lo que se les iniciaron los procedimientos migratorios respetivos. No obstante, en su informe justificado el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California refiere que no son ciertos los actos reclamado ya que los quejosos no se encuentran alojados en dicha estancia migratoria ni se cuenta con registro o antecedente de alojamiento temporal, lo cual se contradice con lo que manifestaron en sus informes de la suspensión de plano. En consecuencia, se requiere a las autoridades responsables Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación de Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Encargado de la Estación Migratoria de Instituto Nacional de migración en Baja California y Representante A y B del Aeropuerto de Tijuana del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en Tijuana, Baja California para que en el término de tres días, que se le conceden con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aclaren su informe justificado y remitan copia certificada de los expediente migratorios que hayan formado con motivo de la detención de los quejosos o del expedientillo que al efecto hayan formado. Apercíbase a las autoridades requeridas que, de no cumplir con lo anterior o, hacerlo en forma deficiente, se les impondrá una multa por el equivalente a Trescientas Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional fijada en este asunto estaba programada para las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, conforme al aviso de la Coordinación de Jueces de Distrito con residencia en San Luis Potosí, el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés se declaró inhábil para este órgano jurisdiccional, entre otros; con motivo del paro laboral organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, a fin de que las partes se encuentren en condiciones de comparecer a la audiencia constitucional fijada en este juicio de amparo, se difiere la misma y se fijan las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el perito ******************** designado por la parte quejosa, mediante el cual informa que con la finalidad de emitir el dictamen referente a la prueba en materia de grafoscopia correspondiente en el presente juicio de amparo, acudió a la Notaria Pública número Tres con sede en el municipio de Tamazunchale, sin embargo, refiere no le fue proporcionado el instrumento notarial bajo el volumen ciento setenta y cinco, acta dieciocho mil doscientos setenta y cinco de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte. Se gira oficio a la Notaria Pública Tres con sede en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. Asimismo, Requiérase al referido Titular para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado la determinación que haya tomado en cuanto a la referida solicitud; en el entendido que deberá señalar fecha y hora para que el perito ******************** acuda a la citada Notaria Pública. Apercibimiento. Apercíbase, que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor, a una multa equivalente a la cantidad de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Dígase al Perito ********************, que el término de diez días para que emita su dictamen, comienza a partir de la fecha en que acepte y proteste el cargo de manera personal -lo cual ya hizo- y que obtenga todos los elementos necesarios para la elaboración del dictamen que se le encomienda, asimismo, el día de su presentación lo puede ratificar en la Secretaría correspondiente. Notifíquese personalmente al perito ********************.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el oficio que remitió la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de San Luis Potosí, en esta ciudad, por el que informó que la última consulta registrada para la parte quejosa en el servicio de oftalmología fue el doce de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, informó que del sistema denominado "Citas Médicas Electrónicas de Especialidades" se advertía que la parte quejosa tenía cita médica programada para el dos de octubre de dos mil veintitrés en el servicio de Psiquiatría. Se requiere cumplimiento. En ese sentido, en la sentencia emitida en este asunto se especificó que las autoridades responsables están obligadas a realizar acciones para garantizar el derecho a la salud de la quejosa, lo que implica que se proporcione sin interrupciones una atención médica de forma oportuna, permanente y constante tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, mientras sea derechohabiente, dando continuidad al protocolo de diagnóstico a su condición actual, y en caso de que sea necesaria su hospitalización, le sea brindada, así como para que se practiquen los estudios médicos, cirugías o tratamientos necesarios y de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para sus padecimientos, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales. En el entendido que el suministro de los medicamentos que requiera deberán ser entregados hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentre sujeta conforme a sus padecimientos, un especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, el tratamiento y/o la entrega de medicamentos ya no sea necesaria; y en caso de carecer de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio constitucional, para que dentro del plazo de tres días informen al respecto, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo.
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