María Esperanza Crisanto Martínez

Expediente 1237/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1237/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María Esperanza Crisanto Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informa gestiones para cumplimiento. Agréguese a los autos los oficios y anexos de cuenta, remitidos mediante correo electrónico oficial de este juzgado federal, por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, y por el Presidente Municipal y Síndico Hacendario, ambos del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. En cuanto al primero de los oficios de cuenta, se advierte la transcripción del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************de su índice, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Respecto al segundo de los oficios de cuenta, mediante el cual las autoridades del citado Ayuntamiento, informan en relación al requerimiento formulado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Sin que por el momento haya lugar a requerir a las autoridades oficiantes el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se realizó requerimiento a las mismas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informa gestiones para cumplimiento. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, remitido mediante correo electrónico oficial de este juzgado federal, por el Presidente Municipal y Síndico Hacendario, ambos del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; en atención a sus manifestaciones, no ha lugar a tenerles informando en vías de cumplimiento al fallo protector, toda vez que en atención a la diligencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, remitida por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, se advierte que la parte actora, en el juicio natural no aceptó el plan de pagos propuesto por el citado Ayuntamiento, realizando la propuesta siguiente: ". se tiene a la parte actora por no conforme con el plan de pago propuesto por el Ayuntamiento demandado por las razones expuestas, asimismo, con fundamento en el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, se tiene a la parte actora, realizando una propuesta de cumplimiento de pago, al tenor siguiente: "Que el Municipio realice un pago mensual de $******************** (******************** 00/100 m.n.) hasta en tanto se llegue al cumplimiento total del laudo, y asimismo en dicho convenio se estipule una cláusula de penalización consistente en un día de salario del cual disfrutaba la trabajadora al momento de ser despedida injustificadamente. ." Así también, en dicha diligencia se advierte que la Junta responsable, realizó requerimiento a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en los términos siguientes: ". SE REQUIERE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, CENTRO, OAXACA, Y TESORERO MUNICIPAL para que, en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, que esta autoridad considera suficientes, SE PRONUNCIE RESPECTO A LA PROPUESTA REALIZADA POR LA PARTE ACTORA A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL LAUDO DE MÉRITO. ." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente acuerdo, informe a este juzgado, si ya transcurrieron los plazos concedidos a los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y Tesorero Municipal, en diligencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, de su inventario, de ser así, informe a este juzgado la forma en que ejecute las multas impuestas a tales autoridades, debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento al fallo protector, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el medio de apremio, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia. Con el mismo fundamento y legal y plazo citado, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y Tesorero Municipal, para que dentro del plazo de tres días, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es: El AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL INCUYAN EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL, LA CANTIDAD TOTAL QUE ADEUDA A LA PARTE ACTORA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, derivado del expediente laboral donde fue condenado, y en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, dentro del término legal de TRES DÍAS HÁBILES, CUMPLAN CON LA CONDENA DICTADA EN EL LAUDO DE MÉRITO". Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite haber dado cabal cumplimiento al fallo. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no cumplir con la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el medio de apremio, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, en turno, para continuar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se invoca por su aplicación en la especie, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), correspondiente a la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 19, con registro digital 2007918 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. SI HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO, EL JUEZ DE AMPARO DEBERÁ MULTAR A LAS AUTORIDADES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA LEY DE AMPARO, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Se insiste, que las autoridades responsables deberán informar de manera fundada y motivada las acciones que tomen a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, partiendo de la base que el presente se encuentra involucrada un ayuntamiento, el cual deberá acreditar que sus gestiones son apegadas a su marco normativo; como lo es el de autonomía presupuestal y de gestión a la luz del artículo 115 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CXI /2010 de la Novena Época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXXII, Noviembre de 2010, página 1213 con registro digital 163468 de rubro y texto siguientes: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios." Por otra parte, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Informa gestiones para cumplimiento. Agréguense los oficios de cuenta y anexos, remitidos mediante correo electrónico oficial de este juzgado federal, por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; advirtiéndose de los oficios con registro 16171 y 16172, obra la diligencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, relativa a la celebración de las pláticas tendentes a cumplimentar el laudo de mérito, entre la parte actora ..., así como la parte demandada Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ordenado en auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente 11/2023 de su índice. En atención a lo informado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo se le tiene en vías de cumplimiento del fallo protector. Por otro lado, respecto al diverso oficio con registro 16173, de la autoridad responsable antes citada, glósese únicamente para que obre como corresponda, dado que el mismo lo remite en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el trece de octubre de dos mil veintitrés, el cual fue superado por el diverso de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, que en una vez que fenezcan los plazos concedidos a los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y Tesorero Municipal, informe a este juzgado la forma en que ejecute las multas impuestas a tales autoridades, debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento al fallo protector, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el medio de apremio, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia. Ayuntamiento Santa Lucía, Oaxaca, informa. Por otra parte, se ordena glosar a los autos oficio y anexo, signado por el Presidente Municipal, Síndico Hacendario y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; en atención a sus manifestaciones, no ha lugar a tenerles informando en vías de cumplimiento al fallo protector, toda vez que en atención a la diligencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, remitida por la Junta responsable, se advierte que la parte actora, en el juicio natural no aceptó el plan de pagos propuesto por el citado Ayuntamiento. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Por lo tanto, previo hacer efectivo el apercibimiento de multa con el que se conminó en autos, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo, se requiere POR SEXTA OCASIÓN al Ayuntamiento Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es: El AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL INCUYAN EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL, LA CANTIDAD TOTAL QUE ADEUDA A LA PARTE ACTORA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, derivado del expediente laboral donde fue condenado, y en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, dentro del término legal de TRES DÍAS HÁBILES, CUMPLAN CON LA CONDENA DICTADA EN EL LAUDO DE MÉRITO". Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite haber dado cabal cumplimiento al fallo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el medio de apremio, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, en turno, para continuar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se invoca por su aplicación en la especie, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), correspondiente a la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 19, con registro digital 2007918 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. SI HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO, EL JUEZ DE AMPARO DEBERÁ MULTAR A LAS AUTORIDADES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA LEY DE AMPARO, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Se insiste, que las autoridades responsables deberán informar de manera fundada y motivada las acciones que tomen a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, partiendo de la base que el presente se encuentra involucrada un ayuntamiento, el cual deberá acreditar que sus gestiones son apegadas a su marco normativo; como lo es el de autonomía presupuestal y de gestión a la luz del artículo 115 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CXI /2010 de la Novena Época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXXII, Noviembre de 2010, página 1213 con registro digital 163468 de rubro y texto siguientes: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios." Por otra parte, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informa gestiones para cumplimiento. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, del que se advierte la transcripción del acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** de su índice, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Sin que haya lugar a tenerle realizando trámites en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dado que del oficio de cuenta se advierte que señaló las trece horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de las pláticas tendentes a cumplimentar el laudo de mérito, entre la parte actora ********************, así como la parte demandada Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ordenado en auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ******************** de su índice; y con eso sólo se encuentra prolongando se dé cumplimiento al laudo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el expediente antes citado, en detrimento de la aquí parte quejosa. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, previo hacer efectivo el apercibimiento de multa con el que se conminó en autos, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo, se requiere NUEVAMENTE a la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, que en el plazo de tres días siguientes a la fecha a la celebración de la diligencia señalada para las trece horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, informe lo relativo; además, realice los trámites que estén a su alcance a fin de lograr el cumplimiento del laudo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el expediente ********************, de su inventario, y de la ejecutoria de amparo. Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acrediten haber dado cabal cumplimiento al fallo. Así también, con el mismo fundamento legal, previo hacer efectivo el apercibimiento de multa con el que se conminó en autos, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere POR CUARTA OCASIÓN al Ayuntamiento Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es: El AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL INCUYAN EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL, LA CANTIDAD TOTAL QUE ADEUDA A LA PARTE ACTORA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, derivado del expediente laboral donde fue condenado, y en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, dentro del término legal de TRES DÍAS HÁBILES, CUMPLAN CON LA CONDENA DICTADA EN EL LAUDO DE MÉRITO". Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite haber dado cabal cumplimiento al fallo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el medio de apremio, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, en turno, para continuar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se invoca por su aplicación en la especie, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), correspondiente a la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 19, con registro digital 2007918 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. SI HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO, EL JUEZ DE AMPARO DEBERÁ MULTAR A LAS AUTORIDADES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA LEY DE AMPARO, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Se insiste, que las autoridades responsables deberán informar de manera fundada y motivada las acciones que tomen a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, partiendo de la base que el presente se encuentra involucrada un ayuntamiento, el cual deberá acreditar que sus gestiones son apegadas a su marco normativo; como lo es el de autonomía presupuestal y de gestión a la luz del artículo 115 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CXI /2010 de la Novena Época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXXII, Noviembre de 2010, página 1213 con registro digital 163468 de rubro y texto siguientes: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios." Por otra parte, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano