María Esperanza Castro Fernández

Expediente 1508/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1508/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • María Esperanza Castro Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Luis Daniel Vargas Moran, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por medio del cual rinde informe justificado. Al respecto intégrese el informe de referencia a los presentes autos sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que se tuvo por rendido el informe de mérito mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, aunado a que en esa misma data se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en los autos del toca 122/2023 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Dése a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a **o **[NOMBRE DE LOS QUEJOSOS], contra el acto que reclamaron al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, Diligenciario de su adscripción y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tecamachalco,Puebla, los cuales quedaron precisados en el considerando primero de esta ejecutoria. (VICIOS DE FONDO)." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de tres días cumplan con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: ".Juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla. Deje insubsistente las citaciones para la audiencia de conciliación que realizó el diligenciario el tres de mayo de dos mil veintiuno, así como los demás actos posteriores, incluida la sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, aclarado el veinticuatro de septiembre de ese año, y actos de ejecución de dicha sentencia. Ordene reponer el procedimiento respecto de los quejosos Santiago Rodríguez Rosas y/o Santos Celso S., Rodríguez Rosas y Modesta Hernández Solís, observando las formalidades de ley. Ordene nuevamente la citación de los aquí quejosos a la audiencia de conciliación, a fin de que se realice en los términos precisados en el considerando que antecede. Diligenciario adscrito al Juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla. Realice la notificación de la citación a la audiencia de conciliación y, en su caso, los emplazamientos a los demandados Santiago Rodríguez Rosas y/o Santos Celso S., Rodríguez Rosas y Modesta Hernández Solís, en términos del considerando sexto. Concesión que se hace extensivo respecto a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del distrito judicial de Tecamachalco, Puebla, señalada como ejecutora, por no combatirse su ejecución por vicios propios.." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otra parte, no resulta dable realizar requerimiento al superior jerárquico, en virtud de que el Juez de Primera Instancia como autoridad responsable no tiene superior para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C.J/3K de la Décima Época; sostenida por los Plenos de Circuito; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1378, cuyo rubro es: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO". Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexos de cuenta signados por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla y del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, de los que se provee lo siguiente: -Respecto del oficio con número de registro 18113 del Director Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informa que en atención al requerimiento de cinco de septiembre del presente año, en su carácter de superior jerárquico mediante memorándum SA/SSA/0118/2023 de ocho de septiembre del presente año, ordenó al Director General de Capital Humano dar cumplimiento al fallo protector. De lo que se toma conocimiento. Por otra parte se tiene el oficio número 18907 del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por el que en pretendido cumplimiento al requerimiento de cinco de septiembre del año en curso, asegura que el no pagar las cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), como según él se le ordenó, afectaría el patrimonio del quejoso Alejandro Sánchez García, y pretende establecer una causa justificada para efectuar el descuento realizado al pago ordenado en la ejecutoria de amparo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno a favor del quejoso, agregando que no le fue negado el servicio ni a él y ni a sus familiares. Finaliza diciendo que en la resolución incidental de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se debió cuantificar la deducción por servicios de salud. Ahora bien, en vista del actuar reticente del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a cumplir una sentencia firme de amparo (emitida el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno), así como a cumplir la resolución firme que cuantifica el monto de la cantidad líquida que debe pagársele al quejoso por concepto de indemnización (dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós), se deben hacer las siguientes precisiones: 1. La cantidad fijada en la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, no es una cantidad a negociar ni susceptible de ser modificada o reducida por voluntad de ninguna autoridad; sino que dicha resolución -y por ende lo ahí decidido- posee la categoría de COSA JUZGADA, misma que no se puede desconocer por capricho del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla. 2. Sostener que en la resolución emitida el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se debió efectuar la deducción por cuotas por servicios de salud, es eludir el cumplimiento de una decisión judicial irrevocable, lo que provoca una conducta evasiva del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que puede generar las consecuencias previstas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, incluyendo la separación de su cargo. 3. Contrario a lo que afirma, en ningún momento se le está ordenando dejar de pagar las cuotas al ISSSTEP, mucho menos se le está ordenando afectar el patrimonio del quejoso Alejandro Sánchez García sino que, de acuerdo con los lineamientos desarrollados en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, ya se le explicó que en la resolución incidental de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós no se cuantificó el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, ni en ella se autorizó deducción alguna a la cantidad ahí fijada, sino que únicamente se cuantificaron los conceptos de indemnización y prestaciones a que tenía derecho el quejoso como si estuviera laborando, sin que en dicha resolución se realizara operación alguna para cuantificar las cuotas y aportaciones correspondientes a seguridad social; es decir, las cuotas por concepto de seguridad social no fueron materia de análisis ni de pronunciamiento alguno en la mencionada resolución. 4. Con relación a las cuotas por servicios de salud, en la ejecutoria de amparo se estableció textualmente: "Así, en atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho que se estimó vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, en un plazo no mayor a cinco días hábiles partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realicen lo siguiente: a) Que desplieguen las gestiones recesarías para que se pague la indemnización correspondiente al quejoso, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de su separación tenía el cargo de policía "A", adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con número de expediente ********************716; la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En ese sentido cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionario por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán de demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del quejoso como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo." En este punto, debe destacarse que lo subrayado es para que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, tenga claro que el pago de cuotas y aportaciones por servicios de salud es materia de cumplimiento distinto a la indemnización, cuyo monto ya se fijó en resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, mismo que -se insiste- no puede ser alterado de modo alguno por tratarse del cumplimiento de una resolución que se inscribe en la categoría de cosa juzgada. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere POR ÚLTIMA OCASIÓN al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, realice lo siguiente: a) En el término de tres días, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de las constancias que acrediten que realizó el PAGO DEL TOTAL fijado en la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, que asciende a $********************,********************.******************** (******************** pesos ******************** y ******************** centavos moneda nacional), sin efectuar deducción alguna. b) Asimismo, en el término de tres días contados partir de que surta efectos la notificación del presente proveído entregue al quejoso Alejandro Sánchez García, la ACTUALIZACIÓN que corresponda a la cantidad total de $********************,********************.******************** (******************** pesos ******************** y ******************** centavos moneda nacional) al momento de realizar la totalidad del pago correspondiente, esto es, las actualizaciones deberán hacerse a partir de la resolución emitida el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, hasta la fecha en que se realice la totalidad del pago por concepto de indemnización. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado. Se le reitera que el pago a que tiene derecho el quejoso deriva de una ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento es de orden público y todas aquellas autoridades competentes que aun cuando no hayan sido designadas como responsables en el juicio, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en su cumplimiento están obligadas a realizar, dentro de los límites de esa competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel, para que logre vigencia real y eficacia práctica. De lo contrario, como ya se le ha hecho saber al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se podrá configurar una conducta evasiva de su parte para desarrollar las obligaciones legales que le surgen con motivo de la ejecutoria de amparo, generando las consecuencias previstas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, incluyendo la separación del cargo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 172605 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Se apercibe al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de trescientas unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ******************** de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, se requiere al superior jerárquico de la citada autoridad vinculada al cumplimiento, es decir, al Titular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaria de Administración del Estado de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ******************** de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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