María Esperanza Becerra Hernández
Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Esperanza Becerra Hernández
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio ***, procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante el cual comunica que ese tribunal aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes formado con motivo de la referida incompetencia. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.
- Principal
Visto el escrito aclaratorio de demanda signado por la quejosa ****, mediante el cual, en atención la prevención efectuada en proveído de catorce de agosto del año en curso, manifiesta que tiene su domicilio particular en la localidad de Mazatlán, Sinaloa. I. Incompetencia. Ahora bien, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Ahora bien, sobre el tema de la competencia territorial para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado...". En el mismo contexto, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción XII, establece: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . "XII. DECIMO SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Culiacán y Navolato. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio." Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Titular de la División de Previsión y Control del Gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Titular de la División de Tramite de Erogaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social Perteneciente a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales Perteneciente a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con sede en ciudad de México: La retención o descuento a su sueldo o pago como jubilada. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a) particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la ejecución de los actos reclamados consistentes en las retenciones o descuentos de su sueldo que aparece en su recibo de nómina con número de folio 8157, se realiza en Mazatlán, Sinaloa, por ubicarse ahí el domicilio de María Esperanza Becerra Hernández, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la propia quejosa en el escrito de cuenta. Por tanto, se considera que el Juez de Distrito competente para conocer la demanda de amparo que originó el juicio que ahora nos ocupa, es un Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en turno. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, con número de registro 237105, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, determina que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados; además, tal envió se lleva a cabo para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Sin que haya lugar a proveer en relación con la sustanciación del incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, toda vez que en la demanda de amparo no se reclaman actos de los mencionados en el artículo 15 de la ley reglamentaria del juicio constitucional y, por ende, el presente asunto no se ubica en los casos de excepción a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento. Fórmese cuaderno de antecedentes.
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