María Enriqueta Medina Verdugo
Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Enriqueta Medina Verdugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En sentencia emitida el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Enriqueta Medina Verdugo, para los efectos siguientes: El Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa dé respuesta a los escritos presentados por la quejosa en cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de marzo de dos mil diecinueve y se le notifique. En cumplimiento a lo anterior, el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa remitió copia certificada del oficio IPES/DJ/169/2019 del que se advierte que dio respuesta a los escritos presentados por la quejosa en cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de marzo de dos mil diecinueve; asimismo, se notificó a la quejosa de dicha respuesta el ocho de julio del año en curso. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Expediente que no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para constancia el oficio remitido por el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, toda vez que mediante auto de diez de julio del año en curso se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad oficiante.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual dice rendir informe justificado; sin embargo, dado que de los anexos que adjunta se desprende contestó los escritos presentados por la quejosa el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y veintiuno de marzo del año que transcurre, de acuerdo a lo establecido en la sentencia aquí dictada, misma que ha causado ejecutoria. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución sobre si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Vista la certificación que refiere la razón de cuenta, de la cual se desprende que ninguna de las partes recurrió la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Director General de Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo.
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