Maria Eni Daniel

Expediente 952/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
952/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Maria Eni Daniel
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, se acordó por error en el presente juicio de amparo estado de autos respecto del escrito registrado con número de correspondencia 14193, mismo que pertenece al Juicio de amparo 717/2022; por lo que se deja sin efectos dicho proveído. Causa estado. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En el entendido que únicamente se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser la única legitimada para recurrir el acuerdo de sobreseimiento, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, por lo que sólo están legitimadas a recurrir las determinaciones que les son adversas, lo que en la especie no aconteció ya que en este asunto se determinó sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Circuito, visible en la página 2464, libro 34, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2016, de rubro y texto siguientes: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...) Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexos. Finalmente, en el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s)-; mediante oficio devuélvase los mismos a la autoridad que los remitió.

  2. Principal

    Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que la quejosa María Eni Daniel, ya no se encuentra alojada y/o detenida administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California..... Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia.....Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor de la quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION III INCISO Y 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 7 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN SINTESIS DICE: Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que la quejosa María Eni Daniel, ya no se encuentra alojada y/o detenida administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California..... Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia.....Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor de la quejosa.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por Maria Eni Daniel, por derecho propio; contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración y el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; con fundamento en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite la demanda de amparo en los términos presentados, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 952/2022-III. Suspensión de Plano. En ese orden de ideas, por lo que hace a los actos reclamados que se hacen consistir en deportación o expulsión, de que se dice es objeto Maria Eni Daniel, se decreta la suspensión de plano o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traiga como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ello que resulte en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación, expulsión e incomunicación por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente. Sin que haya necesidad de realizar el estudio de la ponderación sobre la apariencia del buen derecho, en razón que la Ley de Amparo, en sus numerales 162, 164 y 165, establece expresamente que debe concederse la suspensión para este tipo de actos. Con fundamento en los artículos 162, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano, respecto en caso de orden de presentación o detención, para los efectos, términos y condiciones que enseguida se establecen: a) Si la orden de detención que reclama la parte quejosa no se ha ejecutado, se concede la suspensión para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que actualmente tiene y no sea privado de su libertad. b) Si el acto reclamado consiste en la detención de la parte quejosa ya efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probables responsables de algún delito, la suspensión se concede para el efecto que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo permite, o bien su consignación ante el juez correspondiente. c) En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de las partes quejosas no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivada de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. d) De consistir el acto reclamado en la detención de la parte quejosa ya efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para que se le ponga en inmediata libertad, si no se acredita la flagrancia o la urgencia. De existir flagrancia o urgencia, se instruye al Ministerio Público para que la parte quejosa sea puesta en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención. La presente medida cautelar surte efectos hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de la suspensión de plano. Informe sobre la suspensión de plano. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, y deberá manifestar categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados; asimismo, conforme al artículo 117, de la Ley de Amparo, deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; hágasele saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Apercibida que, de no cumplir, o de rendir el informe fuera del plazo señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial, 3jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se le requiere, para que al momento de rendir el informe justificado, informen la fecha en que recibieron el oficio correspondiente al presente proveído; de igual forma, se sirva proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado, en el entendido de que no será necesario el envío por ambos medios. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, se apercibe a las partes, que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA 96.22), multiplicada por treinta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Tercero interesado. Sin que haya lugar a designar tercero interesado en el presente juicio de amparo, en virtud de que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. De igual forma, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a ********************, dado que tiene inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************. De igual forma; y como lo solicita, de conformidad con los artículos 55, 57, 62 y 63, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en la modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "********************", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de este proveído. Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. ....

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