María Engracia Noemí Olivares García

Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
352/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • María Engracia Noemí Olivares García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de quince de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que DESECHÓ la demanda de amparo promovida por María Engracia Noemí Olivares García, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y atendiendo a la certificación secretarial de esta misma fecha, de la que se advierte que no desahogó el requerimiento efectuado en proveído de quince de marzo del presente año (fojas 7 y 8), se procede a determinar sobre su demanda de amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que la quejosa reclama a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, como lo manifestó en su escrito de demanda presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el catorce de marzo del presente año, lo siguiente: "De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, reclamo el auto de fecha veinte de febrero del año 2019, dictado en el Toca Familiar 091/2019, mediante el cual DESECHA DE PLANO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la suscrita en contra de la Sentencia definitiva de fecha 21 de septiembre del año en curso, únicamente por cuanto al considerando IV y punto resolutivo QUINTO, mediante el cual el Juzgador de Primera Instancia decreta ". Queda a salvo el derecho de las partes para que se promueva incidentalmente l correspondiente a los ALIMENTOS DEFINITIVOS de sus hijos menores de edad.", dictado por la H. SALA FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, (.). De las señaladas como responsable EJECUTORA, se reclama el cumplimiento que pretenden dar al mencionado auto, mediante el cual la responsable ordenadora DESECHA DE PLAN EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la suscrita en contra de la Sentencia definitiva de fecha 21 de septiembre del año en curso, dictada en el Toca Familiar 091/2019". .la negativa sin justificación legal a dar respuesta puntual, congruente y motivada a la petición que hice para liberar las cuentas bancarias propiedad de la sucesión que legalmente represento.". Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la peticionaria de amparo, entre otras cosas, se advierte en lo que interesa lo siguiente: "1.- (.) el Juez de Primera Instancia mencionado, dictó sentencia definitiva, decretando la disolución del vínculo matrimonial y en el considerando IV y punto resolutivo QUINTO, el Juzgador de Primera Instancia decretó ". Queda a salvo el derecho de las partes para que se promueva incidentalmente lo correspondiente a los ALIMENTOS DEFINITIVOS de sus hijos menores de edad.", situación que me obligó a interponer el recurso de apelación en contra de dicha sentencia únicamente por cuanto al punto considerativo y resolutivo que se menciona. 2.- Efectivamente la suscrita interpuse el mencionado recurso de impugnación en virtud de que el considerando IV, y punto resolutivo QUINTO de la sentencia dictada por el Juzgador de Primera Instancia decretó ".Queda a salvo el derecho de las partes para que se promueva incidentalmente lo correspondiente a los alimentos definitivos de sus hijos menores de edad, (.)". De lo expuesto, es claro para la que esto resuelve que **********, reclama de la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicias en el Estado de Guerrero el auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual desechó de plano el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Tabares. Por lo tanto, analizando el acto reclamado por la quejosa, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, el auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Familiar responsable dentro del toca familiar 091/2019, en el que dice la parte quejosa le fue desechado el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, puede ser impugnado a través del recurso de queja que para tal efecto prevén los artículo 399, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Ello implica, que la impetrante de amparo tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, mismo que tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el recurso de queja, previsto en el artículo 399, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establecen: "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: . II. Contra la denegación de la apelación; y." Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de garantías. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pag. 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de esta fecha, de lo que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes, promoviera inconformidad en contra del auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hayan hecho, no obstante estar legalmente notificados de ello, como se desprende de la constancia relativa; en consecuencia, se le tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, vistas las constancias de autos, se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, dado que el presente expediente se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas

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