María Enedina Chan Queb

Expediente 1054/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1054/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • María Enedina Chan Queb

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En ese contexto, visto lo asentado en la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se sobreseyó en el presente juicio de amparo y éste carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio de la Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; sin que haya lugar de hacer pronunciamiento alguno, por las razones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Se tienen por recibidos y se agregan a los autos, los oficios y anexos, signados por la Presidenta del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, con los cuales rinden su informe justificado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la aludida responsable, las documental que adjuntó la responsable a su oficio de cuenta, la cual se tomará en consideración como corresponda. Derivado de lo anterior, visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Gean Alberto Peña, quien se ostenta apoderado legal de xxxxx, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO La omisión de cerrar instrucción en los autos del juicio laboral de origen /2013 y notificar a las partes las determinaciones relativas a esa fase procesal. AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causal de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Actualización de una causa de improcedencia. Cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que remitió la Presidente del Tribunal responsable con su informe justificado, que en este acto se agregan, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, aparece que: Ante el Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio reclamatorio xx/2013, donde la aquí quejosa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, es parte actora. El doce de noviembre de dos mil veinte, la responsable declaró cerrada la instrucción en el citado expediente laboral y se turnaron los autos al Auxiliar para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, ordenando la notificación de dicho auto por conducto de los estrados de ese tribunal. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos, para la configuración de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, porque: El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo -cinco de noviembre de dos mil veinte-, la conducta omisiva de la autoridad responsable existía, lo cierto es que la circunstancia de haber efectuado pronunciamiento sobre el cierre de instrucción del expediente laboral 22/2013, produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la autoridad laboral acreditó haber dictado el doce de noviembre del año en curso, acuerdo mediante el cual hizo constar que había fenecido el término otorgado a las partes para que hicieran manifestaciones respecto a la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral 22/2013, por lo que declaró cerrada la instrucción turnando los autos al Auxiliar para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la omisión reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al notificar a la partes por conducto de los estrados de ese órgano colegiado el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral xx/2013, mediante el cual se declaró cerrada la instrucción de dicho procedimiento, cobró conocimiento sobre dicha circunstancia, lo que trae como consecuencia que se le reponga en el goce de las garantías individuales que consideró vulneradas con la omisión reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Se tienen por recibidos y se agregan a los autos, los oficios y anexos, signados por la Presidenta del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, con los cuales rinden su informe justificado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la aludida responsable, las documental que adjuntó la responsable a su oficio de cuenta, la cual se tomará en consideración como corresponda. Derivado de lo anterior, visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Gean Alberto Peña, quien se ostenta apoderado legal de xxxxx, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO La omisión de cerrar instrucción en los autos del juicio laboral de origen /2013 y notificar a las partes las determinaciones relativas a esa fase procesal. AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causal de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Actualización de una causa de improcedencia. Cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que remitió la Presidente del Tribunal responsable con su informe justificado, que en este acto se agregan, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, aparece que: Ante el Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio reclamatorio xx/2013, donde la aquí quejosa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, es parte actora. El doce de noviembre de dos mil veinte, la responsable declaró cerrada la instrucción en el citado expediente laboral y se turnaron los autos al Auxiliar para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, ordenando la notificación de dicho auto por conducto de los estrados de ese tribunal. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos, para la configuración de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, porque: El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo -cinco de noviembre de dos mil veinte-, la conducta omisiva de la autoridad responsable existía, lo cierto es que la circunstancia de haber efectuado pronunciamiento sobre el cierre de instrucción del expediente laboral 22/2013, produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la autoridad laboral acreditó haber dictado el doce de noviembre del año en curso, acuerdo mediante el cual hizo constar que había fenecido el término otorgado a las partes para que hicieran manifestaciones respecto a la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral 22/2013, por lo que declaró cerrada la instrucción turnando los autos al Auxiliar para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la omisión reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al notificar a la partes por conducto de los estrados de ese órgano colegiado el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral xx/2013, mediante el cual se declaró cerrada la instrucción de dicho procedimiento, cobró conocimiento sobre dicha circunstancia, lo que trae como consecuencia que se le reponga en el goce de las garantías individuales que consideró vulneradas con la omisión reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, toda vez que se encontraban suspendidos los plazos y términos desde el dieciocho de marzo de este año; procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, levantar dicha suspensión y reanudar los plazos en el punto en que quedaron pausados, continuando el trámite sin restricción alguna; en el entendido de que en el presente asunto, en el que sólo se encuentra pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación operará hasta que se notifique la nueva fecha para la celebración de aquélla. En esas condiciones, con fundamento en el 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional; y, atento a que no existen pruebas que deban prepararse y desahogarse en audiencia, hágase del conocimiento de las partes que, en términos del dispositivo 5, fracción II, del mencionado Acuerdo General, sus alegatos podrán presentarlos por escrito, física o electrónicamente. Finalmente, se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del referido Acuerdo General, que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

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