Maria Emizuky Mandoza Acosta
Expediente 169/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Maria Emizuky Mandoza Acosta
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, trece de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por Miguel Ángel Caraza Reynes, en su carácter de abogado patrono de la extinta Ana Luisa Acosta Chee mediante el cual solicita la devolución de las documentales exhibidas junto a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, devuélvase a la parte quejosa las documentales solicitadas al ocursante o a las personas que indica en el ocurso de cuenta, previo cotejo y copia certificada que quede en autos. Asimismo, hágase saber al promovente que el documento puede recogerlo en cualquier día y hora hábil, dentro del horario de labores de este tribunal que comprende de las nueve a las quince horas de lunes a viernes. Por otro lado, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Gustavo de Cruz Pérez y Sylvia Aylin Olvera Pérez, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de treinta y uno de enero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Emizuky Mendoza Acosta, en su calidad de albacea y Miguel Ángel Caraza Reynes, quien se ostenta como abogado patrono de la extinta Ana Luisa Acosta Chee, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución de documentos Asimismo, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 20 del referido acuerdo general conjunto, requiérase a la parte quejosa para que comparezca a recoger ante este Juzgado en cualquier hora y día hábil, en un plazo de noventa días naturales, las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, una vez que concluya el término concedido, las documentales exhibidas podrán ser destruidas junto con este sumario. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia celebrada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 222/2012, de su índice. Visto su contenido, requiérase a Narciso Contreras Hernández, Presidente; Gustavo García Pereyra, Representante de las entidades públicas; y Soledad López Álvarez, Representante de los trabajadores; todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos el presente proveído, remita copia certificada del requerimiento a la demandada respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Precisando que deberá adoptar medidas de apremio más efectivas, así como ajustar los montos a efecto de logar el cumplimiento de la misma. Ahora, la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público; por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia amparadora a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, conformado por: 1. Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidenta Municipal y Primera Regidora. 2. Carlos Ovando Lázaro, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda. 3. Gaby del Carmen Rodríguez Rodríguez, Tercera Regidora. 4. Carmen Remedio López de la Cruz, Cuarto Regidor. 5. Alejandrina Hernández Gerónimo, Quinta Regidora. Para que dentro de plazo de TRES DÍAS HÁBILES IMPRORROGABLES, siguientes a la recepción del presente oficio, acrediten ante este órgano de control constitucional, haber solicitado y contemplado en el ejercicio fiscal del año 2023, el presupuesto para el pago del laudo dictado en juicio laboral 222/2012, dado que, el diversas ocasiones manifestó la imposibilidad para realizar el pago en el año próximo pasado (2022), en virtud de no contar con el presupuesto para ello; sin embargo, así también manifestó que realizarían las gestiones necesarias a efecto que la cantidad a la que fue condenada sería contemplada en el ejercicio fiscal de este año. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MG, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrá hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
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