María Emilia Martínez Martínez
Expediente 300/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/05/2018
Partes del expediente
- María Emilia Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de la quejosa María Emilia Martínez Martínez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos; en consecuencia, dígasele que se esté a lo acordado en proveído que antecede, en la inteligencia que se tiene como autorizada para recibirla a la persona que indica.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.Por otra parte, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos.
- Principal
Señala autorizada y domicilio procesal. Téngase a la quejosa , señalando como su autorizada en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Daniela Michele Díaz Vázquez, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto al domicilio procesal que reitera, dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de trece del mes y año en curso.
- Principal
Razón actuarial. De la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito, para notificar a la quejosa María Emilia Martínez Martínez, el auto de seis de abril de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en la misma; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el auto en referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como los subsecuentes proveídos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. por este medio de lista se notifica a la quejosa María Emilia Martínez Martínez, el auto de seis de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual Téngase por recibido el escrito de la quejosa María Emilia Martínez Martínez, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de veintidós de marzo del año en curso. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Del examen de la demanda de garantías, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. a. Extemporaneidad. Respecto al acto reclamado que hace consistir en la diligencia de emplazamiento de seis de agosto de dos mil trece, al juicio civil sumario 163/2013 del índice del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, como se verá a continuación. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.)" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, por analogía la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado" . Del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que se hizo sabedora de los edictos publicados en el periódico Milenio el dieciséis de febrero del año en curso, manifestaciones que en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, tienen valor en su contra. En virtud de lo anterior, debe tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, data en la que se hizo sabedora de la existencia del juicio de origen, de los datos del expediente, de la autoridad responsable y del acto reclamado; por ende, esa data es la que debe ser valorada a efecto de computar el plazo que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, para establecer la temporalidad del juicio de amparo. Sin que sea óbice que la parte quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento del que deriva el acto reclamado, y que haya señalado como fecha de conocimiento en su escrito inicial de demanda el doce de marzo de dos mil dieciocho, ya que ésta fue la data en la que le fue notificado el auto de nueve del mes y año en cita, por el que el juez responsable no admitió el incidente de nulidad de actuaciones intentado por la disconforme contra el emplazamiento de seis de agosto de dos mil trece, como ella misma lo refiere, por lo que, se insiste, la data que debe tomarse como fecha de conocimiento es la diversa de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en la que tuvo pleno conocimiento de los edictos publicados, esto es así, porque la finalidad primordial de los edictos consiste en que el demandado adquiera pleno conocimiento de que se ha promovido un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado y el Juez que conoce de la causa, para que quede en aptitud de producir su defensa de la mejor manera, y no se dicte un fallo desfavorable en su contra, originado en esa falta de información u oportunidad, lo que aconteció desde el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, por lo que la presentación de la demanda lo hizo de forma extemporánea. El plazo de quince días a que se hace alusión, transcurrió del diecinueve de febrero al nueve de marzo de dos mil dieciocho, descontándose los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero, tres y cuatro de marzo, ambos de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos, por ende inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 19 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte del siguiente cuadro ilustrativo. (TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA) Febrero 2018 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 Día inhábil 4 Día inhábil 5 Día inhábil ART. 74-II. L.F.T. 6 7 8 9 10 Día inhábil 11 Día inhábil 12 13 14 15 16 Tiene conocimiento del acto reclamado 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 Día uno 20 Día dos 21 Día tres 22 Día cuatro 23 Día cinco 24 Día inhábil 25 Día inhábil 26 Día seis 27 Día siete 28 Día ocho Marzo 2018 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Día nueve 2 Día diez 3 Día inhábil 4 Día inhábil 5 Día once 6 Día doce 7 Día trece 8 Día catorce 9 Último día para presentar demanda de amparo 10 Día inhábil 11 Día inhábil 12 13 14 15 16 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 Día inhábil ART. 74-III. L.F.T. en conmemoración del 21 de marzo. 20 21 LABORABLE PERO NO CORREN PLAZOS. ART. 19 L. A. y 163 L.O.P.J.F. 22 23 24 Día inhábil 25 Día inhábil 26 27 28 Día inhábil Circular 07/2018 PCJF sesión Ord. de 14/03/2018 29 Día inhábil Circular 07/2018 PCJF sesión Ord. de 14/03/2018 30 Día inhábil Circular 07/2018 PCJF sesión Ord. de 14/03/2018 31 Día inhábil En consecuencia, si la demanda de garantías fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, es evidente que es notoriamente extemporánea, porque transcurrió en exceso el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que ejerciera su derecho y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en estudio, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se citan enseguida: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional" . Así como la diversa tesis de rubro: "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." Sin que sea obstáculo a la anterior consideración que en contra de la determinación en estudio, la parte quejosa haya presentado incidente de nulidad de actuaciones, ya que no es un medio de impugnación idóneo que con su presentación suspenda el plazo de presentación de la demanda de amparo. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que nuestro país forma parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo único, denominado "Disposiciones generales", específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se advierte que en dichos procedimientos pueden interponerse todos los recursos previstos en el código adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de lo que se colige que esta legislación sí contempla el derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin de que los gobernados puedan defender los derechos que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, aun cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez de amparo a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un recurso que no es el que debió agotarse, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil" "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz" b. No es la última resolución en etapa de ejecución. Tocante al auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se aprobó el procedimiento de ejecución, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que se refiere al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede, tratándose de actos después de concluido el juicio, en los procedimientos de remate siempre y cuando sea la última resolución, siendo la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no tenga las características antes descritas y, entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Se llega a la determinación anterior, tomando en consideración que de los preceptos legales transcritos, se advierte que, en el procedimiento de remate, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución, en el procedimiento de remate en los términos antes precisados, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de remate, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la citada resolución, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales ejecutados fuera de juicio son aquéllos que se llevan a cabo antes de la presentación de la demanda y que ayuden a preparar la acción que haya de intentarse; en cambio, los actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de la sentencia. Las reglas de procedencia previstas en la fracción IV, del artículo 107 antes citado son aplicables a las partes en el juicio de origen, sin que se entienda en los términos restringidos del actor y al demandado, sino que tienen ese carácter los terceros que sean llamados a juicio, o los acreedores diversos al actor que sean llamados a comparecer en el procedimiento en comento, pues al haber sido incorporados al procedimiento de que se trate, están en aptitud de promover los recursos y medios de defensa que la ley aplicable disponga a su favor y defender sus derechos, por lo que no deben considerarse terceros extraños, de ahí que el juicio de amparo que promuevan debe sujetarse a las reglas en comento. En el caso concreto, el acto reclamado lo hace consistir en el auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de origen, por el que en lo que aquí interesa aprobó el procedimiento de ejecución. De ahí que si el acto en estudio, no es de aquellos en los que se esté ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, es incuestionable que son actuaciones intermedias en el aludido procedimiento, por lo que, de ello, deviene la improcedencia de su demanda de garantías. Por consiguiente, al no actualizarse alguno de los casos de procedencia del amparo indirecto previstos por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada y procede desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Cobra aplicación al caso el criterio de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" Y la diversa: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial" También es aplicable la siguiente tesis: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO LO ES EL FALLO QUE APRUEBA O REPRUEBA EL REMATE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia el amparo procede en dos supuestos: el primero, previsto en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y el segundo, contenido en el párrafo tercero, tratándose de remates contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin embargo, no debe confundirse la "última resolución" con la "resolución definitiva" a las que se refiere el precepto citado, ya que si bien ambas son pronunciadas en el periodo de ejecución de sentencia, la mencionada "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declara la imposibilidad para darle cumplimiento, como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 26 publicada en la página 20 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."; en cambio, la "resolución definitiva" en la que se hubiere aprobado o no el remate decide un procedimiento específico de significativa importancia dentro del propio periodo de ejecución, con lo que, según sea el caso, se pudiera dar cumplimiento a la totalidad de lo condenado o sólo a parte de ello, ya que puede acontecer que además de la condena a pagar cierta cantidad de dinero, el reo se encuentre obligado a hacer determinados actos, por ejemplo, en un juicio de rescisión o terminación de arrendamiento, además de pagar las pensiones rentísticas, también tendrá que entregar la finca materia de tal contrato; al cumplimentarse el fallo dictado en un juicio hipotecario se procederá a escriturar a favor del adjudicatario el inmueble rematado, así como a la entrega voluntaria o forzosa de la posesión; también pudiera suceder que dentro del procedimiento de ejecución existieran varios remates, si el primero de ellos no fuera suficiente para cubrir la condena, de donde deriva que según lo sentenciado será el trámite a efectuar en el procedimiento de ejecución que se lleve a cabo para cumplimentar la resolución definitiva, en el que pudiera existir o no la subasta de bienes." Cabe destacar que en el caso tampoco se actualiza el supuesto excepcional de procedencia del amparo en términos del artículo 107, fracción V, de la citada ley, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional que afecten derechos sustantivos. En efecto, la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos después de concluido que no constituyan la última resolución, está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" Para mayor claridad, de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 215/2009, que dio origen a la jurisprudencia anteriormente citada se desprende que el alto tribunal consideró dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto aplicables para los actos emitidos después de concluido el juicio, a saber: 1. Si los actos carecen de autonomía propia y tienen como fin la ejecución de la sentencia, se aplica la regla genérica del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción IV, de la norma vigente), la cual dispone que en contra de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto independientemente que afecten derechos sustantivos, ya que bastaría con que se hiciera valer que se trata de un acto de imposible reparación para que con ello se admitiera la procedencia de todos los juicios, pasando por alto el fin que tuvo el legislador de que no se abusara del juicio de amparo, deteniendo y alargando el cumplimiento de la cosa juzgada. 2. Si los actos tienen autonomía propia y no necesariamente tienen como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia, por excepción y analogía, procede el amparo de acuerdo con la fracción V, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción V, del cuerpo legal vigente). Así, las condiciones para la aplicación del supuesto de procedencia del amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, son: a) Que los actos sean de imposible reparación, porque afecten inmediatamente derechos sustantivos. b) Que los actos no tengan una relación directa con la ejecución de lo condenado o que no tengan como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia. Así, en el caso, no se reúnen las dos condiciones para que sea aplicada la excepción prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley invocada, habida cuenta que, de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de mérito, se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En las relatadas consideraciones toda vez que se actualiza la causa de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII en relación con los artículos 17 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías. Sirve para justificar lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR IMPROCEDENTE, LA INSTADA POR EL TERCERO OPOSITOR QUE CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS MEDIOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; consecuentemente, interpretado en sentido contrario, cuando se promueve juicio biinstancial en contra del embargo de determinado bien, por aquella persona que con anterioridad hizo valer tercería excluyente de dominio en un juicio ejecutivo mercantil y que, incluso, agotó los medios ordinarios a su alcance, dicho juicio resulta improcedente ya que, desde el momento en que promovió la citada tercería, perdió su calidad de tercero extraño a juicio y se convirtió en tercero opositor; ello es así pues, la finalidad de dicha tercería, es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde el momento en que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño y, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda."
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