María Emilia García Hernández

Expediente 985/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
985/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • María Emilia García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, 985/2022-IX, promovido por María Emilia García Hernández, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 985/2022-IX, promovido por la parte quejosa María Emilia García Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en esta ciudad, recibido el día siguiente en este órgano jurisdiccional, María Emilia García Hernández promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La omisión de acordar el escrito presentado por el apoderado de la suscrita ante la hoy responsable en fecha 05 de abril del año 2021 dentro del expediente laboral registrado bajo el número 00447/E06/2017, habiendo transcurrido en demasía el término que la Ley concede a la responsable para acordar sobre la petición que en el mismo se menciona y la cual se explicara en los siguientes capítulos de la presente demanda de garantías." (sic) Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantía violada la contenida en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. En auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 985/2022-IX; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional la cual una vez integrado tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado por la quejosa consiste en: La omisión de acordar el escrito presentado ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el día cinco de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 00447/E06/2017. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención de las promoventes, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De esta manera, la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad, y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. TERCERO. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada par ello, según se advierte del sello de recibido en esa dependencia el treinta de agosto de dos mil veintidós (foja 10); por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Una vez que se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado al momento en que fue presentada la demanda de amparo que nos ocupa, procede atender la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 814 sustentada, por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo Sexto, Materia Común, cuyo texto dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo alegue o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Supuesto jurídico que ciertamente se actualiza, como se demuestra con las copias certificadas de las constancias que remitió la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente administrativo laboral 00447/E03/2017, entre las que se destaca el proveído de nueve de abril del año en curso, relativo al escrito firmado por Rubén Olvera Terán, autorizado de la aquí quejosa María Emilia García Hernández, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, recibido el cinco de abril siguiente ante la responsable, donde dicha autoridad ordena se envíen los oficios de solicitud de embargo de cuentas bancarias dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante correo institucional del Presidente de dicha Junta (fojas 18 a 21). En la inteligencia que tales documentales, este juzgador les otorga el carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa señalada en el presente considerando consistente en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de dictar el acuerdo sobre la petición que realizó con su escrito firmado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, presentado ante la responsable el cinco de abril siguiente, dentro de los autos del expediente laboral número 00447/E06/2017, ha quedado sin efectos, puesto que la responsable el nueve de abril de este año, emitió el acuerdo que estimó correspondiente; esto con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Con lo expuesto, evidentemente la causa de pedir de la parte quejosa, ha quedado subsanada de manera similar a la que hubiera sido obligada la autoridad responsable, en el caso de otorgarse la protección constitucional en este procedimiento por dicha omisión. En consecuencia, ha dejado de tener efectos el acto reclamado pues la autoridad laboral ha emitido el acuerdo sobre la promoción firmada por Rubén Olvera Terán, autorizado de la parte quejosa el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, recibida el cinco de abril siguiente ante la responsable, dentro del expediente laboral de origen, que solicitaba la parte agraviada que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por María Emilia García Hernández. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 1744/2022 y anexos, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado el veintisiete de septiembre del presente año y remite copia certificada del proveído de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por dicha Junta, recaído al escrito de cinco de abril del año que transcurre del cual emana el acto reclamado; en tal razón, agréguense a sus autos para que obren como corresponda y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, póngase lo anterior a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que se remiten, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la legislación antes invocada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, que ha precluido el plazo otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado; habida cuenta que quedó notificada del oficio 21262/2022, derivado del proveído de veintinueve de agosto del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se le requirió su informativa correspondiente, tal y como se advierte del acuse de recibo visible a foja 10; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dicha autoridad, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, en atención a que este Juzgado de Distrito no puede obligar a las autoridades responsables omisas a rendir su informe justificado, en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase a la autoridad de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remita copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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