María Emilia Eva Rodríguez Ortiz

Expediente 123/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
123/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • María Emilia Eva Rodríguez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la actuaría judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual informa que ese Tribunal aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por **********************. Por lo anterior, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. En atención a lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa ***************, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veintiséis de febrero del año en curso, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veinticinco del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se acuerda: En relación con el escrito de marras, téngase a la promovente cumpliendo con la prevención formulada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, consistente en precisar cuál es su domicilio y manifestar la fecha en la que se le notificó la resolución reclamada. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si la quejosa ****************, esencialmente reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho y en su escrito aclaratorio manifestó tener su domicilio en calle ****************, número catorce, colonia *************** en la ciudad de Puebla, Puebla, lo que acreditó con copia de la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, esto es, el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que se desenvuelve la impetrante, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta la agraviada para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en Puebla, Puebla, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en San Andrés Cholula, Puebla, ejercen jurisdicción territorial, entre otros municipios, en la ciudad del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno en el estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa ***************, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veintiséis de febrero del año en curso, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veinticinco del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se acuerda: En relación con el escrito de marras, téngase a la promovente cumpliendo con la prevención formulada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, consistente en precisar cuál es su domicilio y manifestar la fecha en la que se le notificó la resolución reclamada. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si la quejosa ****************, esencialmente reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho y en su escrito aclaratorio manifestó tener su domicilio en calle ****************, número catorce, colonia *************** en la ciudad de Puebla, Puebla, lo que acreditó con copia de la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, esto es, el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que se desenvuelve la impetrante, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta la agraviada para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en Puebla, Puebla, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en San Andrés Cholula, Puebla, ejercen jurisdicción territorial, entre otros municipios, en la ciudad del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno en el estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por la quejosa ***************, antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del ocurso de cuenta con el escrito inicial de demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con la estampada en el libelo constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días legalmente computado, comparezca ante este juzgado debidamente identificada, en día y horas hábiles, a fin de que en diligencia formal RECONOZCA la firma del ocurso de cuenta; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.

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