Maria Eloisa Fernandez Macip y Otros.
Expediente 257/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2021
Partes del expediente
- Maria Eloisa Fernandez Macip y Otros.
- Maria Eloisa Fernandez Macip
Actuaciones
- Principal
Recepción de ejecutoria.Agréguese el oficio con anexos de cuenta, visto su contenido se provee: Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de: 1. Juicio de amparo en que se actúa; y, 2. copia autorizada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión... Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida en la materia del recurso, competencia delegada a este tribunal. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo 257/2020, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por... contra los restantes actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acuerdo general, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese el expedientillo de referencia. Destrúyanse las constancias restantes del citado cuadernillo transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en artículo 20 fracción I inciso a) citado acuerdo general. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de autos se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO COMUNICA EL AUTO DE RADICACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Téngase a la superioridad informando que registró el citado recurso con el número ***, y lo admitió.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, visto su contenido se provee: SE PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra la sentencia dictada en autos, en términos del artículos 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes las copias de los escritos de agravios en términos de los artículos 88 y 89 de la invocada Ley. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia ******************** del Sexto Circuito, en Turno los autos originales de este, así como el original del escrito de agravios, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 257/2020, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,..., demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: III.- Autoridades Responsables:.. IV., Acto Reclamado... Señalo como actos reclamados los siguientes: SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16 y 31 fracción IV y 133 constitucionales. TERCERO. Se radicó y registró la demanda de amparo como 257/2020, se admitió en sus términos; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, CUARTO. A causa de la emergencia sanitaria derivada por el brote del virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general, por lo que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del miércoles dieciocho de marzo del año en curso, levantándose la suspensión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, por lo que en proveído de trece de agosto de ese mismo año, se fijó día y hora para la audiencia que tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por autoridades con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción... SEGUNDO... TERCERO... CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Puebla, consistentes en la sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 -que prevén el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo-; así como del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 29, fracción I, inciso a, que establece el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado. El Congreso del Estado de Puebla, rindió su informe justificado, aceptando la existencia del acto reclamado fojas 259 a 286, consistente en la iniciativa, discusión, aprobación y expedición de los preceptos legales indicados en el párrafo que antecede... Por ello, resulta claro que la parte quejosa fue omisa en allegar algún medio de prueba idóneo con el que acreditara que llevó a cabo el canje de placas a que se refieren los numerales tildados de inconstitucionales; ello es así, en virtud de que no basta acreditar que son propietarios de diversos vehículos para considerar que el establecimiento genérico para llevar a cabo el pago por canje de placas les irroga un perjuicio en su esfera de derechos. De ahí que, si en la especie, los quejosos no acreditaron en modo alguno haber erogado determinado numerario por el pago del derecho de canje de placas al haberse establecido dicho programa, es evidente que no queda probado que el contenido de dichas disposiciones normativas se haya materializado sobre la esfera de derechos de los peticionarios... En consecuencia, se concluye que la sola entrada en vigor de las disposiciones normativas reclamadas no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que, se reitera, los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, son disposiciones normativas de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que dichos artículos adquieran individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice un perjuicio; circunstancia que no quedó acreditada en este caso. Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, porque cuando se promueve un juicio de amparo contra normas generales alegando que su sola expedición causa perjuicio al amparista, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo a más tardar en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación; ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 77/97, con número de registro 196954, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. En las relatadas condiciones, al ser las normas impugnadas de naturaleza heteroaplicativa y no acreditarse respecto de ellas el acto concreto de aplicación que actualice un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cabe precisar, que el sobreseimiento decretado en el presente juicio respecto de los actos reclamados materia del presente considerando, por no haberse acreditado el primer acto concreto de aplicación de la norma reclamada, de ninguna manera impide a la parte quejosa para en posterior oportunidad, acudir al juicio de amparo a efecto de impugnar los preceptos que tilda de inconstitucionales, pero esto, cuando en realidad se apliquen en su perjuicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por..., contra el actos y autoridades precisados en el resultando primero en relación con el considerando segundo, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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