María Elizabeth Martínez Reséndiz

Expediente 1574/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1574/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
03/11/2016

Partes del expediente

  • María Elizabeth Martínez Reséndiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa********************, hubiese recurrido el acuerdo dictado el siete de octubre de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...IV

  2. Principal

    SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo, promovida por ********** por sí y en representación del menor **********, en términos del diverso 113 de la propia ley...IV (NOTIFICACION PERSONAL)

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 10/10/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA; MARIA ELIZABETH MARTINEZ RESENDIZ EL AUTO DE 07/10/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE:Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********, mediante el cual desahoga la prevención que le fue requerida en veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, y al efecto bajo protesta de decir verdad precisa lo que le fue requerido, haciendo mención además, que comparece por propio derecho y en representación de su menor hijo ********, añadiendo el acta de nacimiento correspondiente con el fin de demostrar su personalidad. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado esencialmente el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia, en el cuaderno de ejecución 1289/2016, a través del cual se requiere a la quejosa el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 1734/2015. Sin embargo, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vierte el quejoso en su demanda de amparo, en su escrito aclaratorio, y de las constancias remitidas por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia, consistente en el cuaderno de ejecución 1289/2016, se desprenden los siguientes antecedentes: 1) PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, demando en la vía sumaria hipotecaria diversas prestaciones a la ahora quejosa, con motivo del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria celebrado entre ambas partes. 2) Dicha demanda fue radicada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Querétaro, en el expediente 1734/2015. 3) Seguido por sus causas legales, el treinta de junio de dos mil dieciséis se dictó la correspondiente sentencia en el juicio sumario hipotecario 1734/2015, en la cual se condenó a la ahora quejosa al pago de las prestaciones reclamadas por la parte demandante. 4) Inconforme con dicha resolución, en el mes de julio de dos mil dieciséis, la aquí quejosa interpuso en su contra recurso de apelación, el cual, afirma se encuentra pendiente de resolver. 5) Posteriormente, mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Querétaro, ordenó la formación del cuaderno de ejecución de sentencia 1289/2016, y decretó el inicio de la fase de ejecución de sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis dictada en el juicio sumario hipotecario 1734/2015. Resolución que constituye el acto reclamado. En ese orden de ideas, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de garantías, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal para quienes previamente fueron oídos en el juicio; resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En esas condiciones, las sentencias deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus derechos fundamentales, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. En el caso concreto se advierte que el acto que reclama la parte promovente, es un acto de ejecución provisional de la sentencia y para promover amparo en su contra debe esperarse hasta el dictado de la orden de otorgamiento de la escritura de adjudicación o entrega de los bienes rematados, de conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En todo caso, si se tratara de un acto dentro de juicio por no estar firme la sentencia que admitiere la apelación sólo en efecto devolutivo, entonces aplicaría la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sin embargo, no estamos ante un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, porque el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis solamente requiere el cumplimiento bajo apercibimiento de iniciar ejecución forzosa, de manera que todavía no se dicta un auto que afecte derechos sustantivos. Y sí, por el contrario, el acto reclamado se encuentra directa e intrínsecamente relacionado con la cosa juzgada a ejecutar; por lo tanto, no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracciones IV párrafo segundo y V, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial. Ello en razón a que el juicio de origen se trata de un juicio especial sumario hipotecario, en el cual, de conformidad con el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, todos las resoluciones dictadas en este tipo de juicios son admitidos en efecto devolutivo y en ningún caso podrá suspenderse su procedimiento. Luego, por el momento, se advierte que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; aunado a que la promovente es parte en el juicio natural, y éste se encuentra en la etapa de ejecución provisional, por ende, debe esperar al resultado de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, siendo improcedente que en esta vía pretenda impugnar la ejecución de lo resuelto en la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una acude en forma analógica, ante la inexistencia de sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". En mérito, de lo anterior, en el caso, la última resolución lo es aquella que ordene el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, o en su caso, aquella que declare la imposibilidad para cumplirla. Lo que en el caso no acontece, toda vez que la parte quejosa combate el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a través del cual sólo se decretó el inicio de la fase de ejecución de sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis; esto es, se trata de un acuerdo que manda ejecutar la sentencia definitiva, empero, no de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, del cual la ahora quejosa es parte. Máxime que no constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que la parte quejosa ya fue oída y vencida en juicio, en el cual fue definido el derecho que ahora argumenta le es afectado, lo que legitima la ejecución de la sentencia en la cual fue condenada al pago de prestaciones que le fueron reclamadas, y que la sola emisión de un requerimiento de cumplimiento no implica de ninguna forma afectación a derechos sustantivos. Tiene aplicación la jurisprudencia I.5o.C.J/9, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en l página 1088, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002. Que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO EXISTEN ACTOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, DE LOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Los actos que tienen ejecución de imposible reparación, en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; pero cuando el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no es procedente dilucidar, conforme a la citada fracción del aludido precepto legal, si tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y es necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, si el acto que tienda a cumplir la sentencia lesiona derechos sustantivos, lo hace en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo, de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por tal razón, las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo tienen aplicación en hipótesis diferentes. De no ser así, en este ordenamiento y en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, se habría previsto la procedencia del amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." De igual manera, la ejecución forzosa no implica la emisión inmediata de una orden de desalojo, porque tal determinación en su caso está sujeta a varias condiciones, como su actuar ante el requerimiento contenido en el acto reclamado y que además, se lleve a cabo el procedimiento de remate, lo que a la fecha no acontece, por lo que en este momento tal orden de desalojo constituye un acto futuro de realización incierta. Inclusive, en este aspecto, en el caso también se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta L.ey. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que los actos que se combaten no afectan derechos fundamentales del quejoso; como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que en el acto reclamado a la fecha aún no se ordena orden de desalojo alguna, por lo que no se afecta a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de actos reales y actuales en su esfera de derechos. Se estima así, porque en el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se advierte que únicamente se requiere a la parte demandada, aquí quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, dé cumplimiento con la sentencia definitiva y se le apercibe que de no hacerlo, se procederá a su ejecución forzosa, por ello, resulta indudable que el acto reclamado de desalojo, es un acto futuro, probable e incierto, pues de lo manifestado se advierte que a la fecha no se ha ordenado, por lo que, atendiendo a que el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera la quejosa pueden llevarse a cabo por parte de la autoridad responsable; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Finalmente, el hecho de que la promovente acuda en representación de un menor de edad, no implica soslayar cuestiones de procedencia del juicio amparo. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia ya precisadas y por ende, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por ********, por sí y en representación del menor ***********, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."....IV

  4. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, remitido por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis...IV

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