María Elizabeth Fernández Hernández

Expediente 1805/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1805/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • María Elizabeth Fernández Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Valoración Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. De inicio se precisa, por sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo solicitado por la parte quejosa para los efectos siguientes: "a) De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta respecto de la solicitud de pensión presentada por la parte quejosa y le notifique en el domicilio que proporcionó para tal efecto." Así, por auto de quince de agosto del año en curso, adquirió firmeza procesal la sentencia emitida, por lo que se requirió a la responsable a fin de que diera cumplimento a la misma. Luego, previas actuaciones, mediante acuerdo de seis de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el representante legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual, remitió copia del dictamen CP/92957/2023, de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, así como de la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el doce de octubre del año en curso y el acuse del detalle de periodos cotizados. Por tanto, del examen de dichas constancias, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2°, tienen valor probatorio pleno; se desprende que se atendió el efecto del fallo protector, dado que la autoridad responsable emitió el dictamen correspondiente y notificó a la parte quejosa. Cumplida Sobre esas circunstancias, se considera que la responsable acató los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo, a través de lo cual se restituyó a la parte solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda promovida por********************, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1805/2023-I. Desechamiento parcial De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De quienes sustancialmente reclama: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de dictamen de pensión que presentó ante la responsable el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)" La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "Autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo son aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado". De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (la omisión de dar contestación al escrito de aceptación de dictamen de pensión que presentó ante la responsable el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por fallecimiento de pensionado.; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por fallecimiento de pensionado), no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues carece de facultades para dar contestación al escrito de aceptación de dictamen que solicita la parte quejosa; ya que, en términos del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, solo el Departamento de Pensiones tiene las facultades para dar contestación respecto al pago de los derechos que han sido reconocidos en los dictámenes de pensión correspondientes, emitidos por el Comité de ese Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita y demás legislaciones aplicables. En ese sentido, dado que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no cuenta con las facultades para atender la petición de la parte quejosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de dicha autoridad. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable: Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Incidente de Suspensión Con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, tramítese el cuaderno relativo al incidente de suspensión. Ministerio Público Federal Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. Audiencia constitucional Se fijan las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. Requerimiento a la Autoridad Responsable Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; con el apercibimiento que de ser omisa, se impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; asimismo, se solicita que haga saber la existencia de amparos promovidos previamente por la parte quejosa, para lo cual deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; en caso de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Pruebas Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la probanza que anexa la quejosa a su escrito de cuenta debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación; ello, en virtud de que la ley de la materia no contempla los estrados para tal efecto. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se hará dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones De conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizado En relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. ****

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura de Incidente de Suspensión Vistas las copias de cuenta y en atención a lo ordenado en el cuaderno principal, fórmese el incidente de suspensión promovido por ********************, por propio derecho, relativo al juicio de amparo número 1805/2023-VI. Audiencia Incidental Se señalan nueve horas con cuarenta y un minutos del veinticuatro de noviembre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informe Previo Con apoyo en lo dispuesto por los artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia de la demanda de amparo. Informe en el que se concretará a expresar si es o no cierto el acto que se le atribuye; asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona que ostente el cargo, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Precisión del Acto Reclamado La parte quejosa reclama del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Oficina de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. Determinación de la Medida Cautelar Con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de la materia, se niega la suspensión provisional solicitada respecto al acto reclamado, dado que reviste el carácter de omisivo, contra el cual, es improcedente conceder la medida cautelar, pues no es susceptible de suspenderse, en virtud a que los efectos de la suspensión serían los mismos que lograría, en su caso, la sentencia de amparo que se dicte en el sumario del que deriva la presente incidencia. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 214, tomo V, abril de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "Actos de Omisión, Improcedencia de la Suspensión Provisional Solicitada en Contra de los. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada". Además de que dicha concesión se traduciría en restituir a la parte agraviada en el goce de las garantías presuntamente violadas; puesto que no se le puede dar a dicha medida cautelar, el efecto que es propio de la sentencia que se dicte en el fondo del amparo, en el caso de concederse el amparo y protección de la justicia federal. Prueba Con fundamento en el artículo 143, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental que exhibió la quejosa a su ocurso de demanda, dada su propia y especial naturaleza, para ser tomada en consideración en la celebración de la audiencia incidental. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación; ello, en virtud de que la ley de la materia no contempla los estrados para tal efecto. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se hará dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones De conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizado En relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. ***

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