Maria Elizabeth Dominguez Gali
Expediente 3190/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2022
Partes del expediente
- Maria Elizabeth Dominguez Gali
Actuaciones
- Principal
VISTO. POR NO ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO QUE SE DEJO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y POR LISTA EN LA PAGINA ELECTRONICA http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFIQUESE.
- Principal
Ciudad de México; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Reanudación. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Se forman cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 839/2020, se integra de manera electrónica y física por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con las constancias que lo sustenten, contadas a partir del que quede legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial y de desahogo. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización que prevé la ley de la materia. Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien se fijó día y hora para la celebración de la audiencia en cita fuera del plazo legalmente previsto ello obedece a la saturación excesiva de la agenda correspondiente, aunado a que dicho proceder tiene por objeto de salvaguardar el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia incidental deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia incidental, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo, las partes -se insiste-, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Precisión del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, así como del ocurso de desahogo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: "La discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2019, en concreto, su artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el Octavo Transitorio, fracción I, del mismo Ordenamiento, al ser violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Acuerdos Internacionales." Efectos. La quejosa manifestó que solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: ". conceda la suspensión provisional posteriormente la definitiva respecto de los dispuesto por el artículo 17-H Bis .. "...al ser violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Acuerdos Internacionales..." Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Requisitos de la suspensión Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos condiciona la procedencia de la medida cautelar a la satisfacción de diversos requisitos, a saber: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. En ese tenor se procede a analizar si se cumple con los requisitos en mención. La petición de parte. Así, por lo que hace al primero de los requisitos se encuentra satisfecho, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado, destacándose que su interés suspensional para efectos de la medida cautelar que nos ocupa se acredita con la Constancia de Situación Fiscal y demás documentos que anexó, documentales que son valoradas de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se tiene por acreditado, el interés suspensional. Certeza de los actos reclamados. Por lo que hace a la existencia de los actos que reclama, se tienen por ciertos en estos momentos solo para efectos de la suspensión provisional, aunado a que la existencia de la Ley no es objeto de prueba. Naturaleza del acto reclamado. Al respecto, es pertinente tener en cuenta que el objeto de la suspensión del acto reclamado es el de mantener las cosas en el estado en que en se encuentran al momento de presentarse la demanda de amparo, preservando los derechos del quejoso y asegurando el cumplimiento de una eventual sentencia en la que se conceda la protección de la Justicia Federal peticionada, es por ello que salvo excepciones dicha medida cautelar es procedente solo tratándose de actos de naturaleza positiva, esto es, aquellos que se traducen en un hacer por parte de la autoridad, que a su vez implica la imposición al gobernado de una obligación de hacer, de no hacer, de dar o de permitir, cuyas consecuencias pueden traducirse en una molestia o privación de los bienes o derechos incorporados a la esfera jurídica de aquel. Negativa de la suspensión definitiva Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la persona moral quejosa respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Asimismo, es conveniente conocer el contenido de la norma general reclamada, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando: [.] V. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B de este Código y, que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal." De igual modo, se debe tener en cuenta el contenido del artículo 69-B en comento, el cual establece: "Artículo 69-B.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución. Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código." No contravención al orden público o al interés social. Al respecto, conviene tener en cuenta que del primer artículo del Código Fiscal de la Federación transcrito, se desprende que el Servicio de Administración Tributaria dejará sin efectos o restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, al detectar alguna anomalía (que se hayan dado efectos fiscales a los comprobantes emitidos por contribuyentes que se encuentren en el listado a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B de dicho código). Se establece además que en caso de que se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación de los mencionados artículos), deberá corregir su situación fiscal a través de declaración o declaraciones complementarias. En ese sentido no se acredita el requisito previsto por la fracción II del citado numeral 128 de la Ley de Amparo, ya que la sociedad está interesada en que la autoridad fiscal ejerza eficazmente sus facultades de fiscalización; es así, pues independientemente del perjuicio que resientan los interesados -es mayor la afectación que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva-, pues de permitir al contribuyente el uso del certificado de sello digital pese a que incurrió en alguna irregularidad sancionada por la ley con su suspensión temporal previo a dejarlo sin efectos, se impediría la implementación de las medidas de control orientadas a evitar la evasión y elusión fiscal, actividad en la que sociedad está interesada pues dichos mecanismos tienen como finalidad lograr una recaudación eficaz de los tributos que serán destinados a satisfacer necesidades colectivas. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia, 2a./J. 7/2017 (10a.);, con número de registro 2013681; cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con motivo de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado referido, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo desarrollan), porque no se satisface el requisito previsto en el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 88/2014 (10a.), con número de registro 2007347, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Resulta improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación del citado numeral, consistentes en el eventual dictado de una segunda resolución que establezca de manera definitiva la inexistencia de las operaciones celebradas por el contribuyente, para que no surtan efectos los comprobantes que amparan las operaciones ahí reflejadas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; ello es así, porque constituye un acto futuro de realización incierta ya que, de acuerdo con el referido procedimiento, antes de que se publique la resolución que defina la situación del contribuyente respecto del cual -en un primer momento- se presumió la inexistencia de las operaciones respaldadas en los comprobantes fiscales (y obviamente, antes de que la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación emita un crédito fiscal), se prevé un plazo para que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten información y documentación para desvirtuar los hechos objeto de la presunción; lo cual implica que no existe certidumbre de su realización, porque ello dependerá de su conducta a fin de desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones atribuida por la autoridad fiscal. Además, arribar a una posición contraria afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar se generaría la falsa creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas a través de los comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la colectividad, al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la imposibilidad -por los terceros relacionados- de acreditar la existencia de las operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, de corregir su situación fiscal. Por su parte, se permitiría la consumación o continuación de un ilícito o sus efectos, ya que los comprobantes expedidos por este tipo de contribuyentes aún estarían en el comercio, no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. " Máxime que la porción normativa reclamada y relacionada con el diverso 69-B párrafos Cuarto y Octavo del Código Fiscal de la Federación, establecen la procedencia de la restricción impugnada cuándo el contribuyente emisor de los comprobantes fiscales no desvirtúe la presunción de inexistencia de las operaciones que aquellos amparan, o en su caso, haya dado efectos fiscales a aquellos documentos y no acredite que efectivamente adquirió los bienes o servicios detallados en dichas constancias, lo cual denota que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de demostrar que no incurrió en las irregularidades que la autoridad pudiera llegar a presumir, o en su caso, a subsanarlas mediante los procedimientos correspondientes a fin de evitar las consecuencias derivadas de la eventual aplicación de los numerales en comento. Véase: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un precedente similar sobre la cancelación de sellos digitales, señaló que una de las causas fundamentales que impiden la emisión de una medida cautelar, radica en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, en el artículo 129 de la Ley de Amparo se indican los casos en los cuales se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, señalamiento que no es limitativo sino enunciativo; por lo que, en el caso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el orden público e interés social son nociones vinculadas. Al respectó indicó que, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle alguna desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidad o algún beneficio; y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o le evite un trastorno; por lo que se considera que se afecta el orden público y el interés social cuando con el otorgamiento de la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, ese órgano colegiado estimó que no es susceptible de suspenderse la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de las normas impugnadas), en tanto se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Concluyó que de otorgarse la suspensión respecto a la determinación de dejar sin efectos el certificado de sello digital, se permitiría que los contribuyentes que incurren en una o más infracciones que presumiblemente entrañan prácticas de evasión o elusión fiscal sigan utilizando el referido sello digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, lo cual perjudica el interés social. La postura de ese criterio radica en que corresponde al Estado implementar los mecanismos necesarios para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando que se utilice adecuadamente el aludido sello, con lo que se conseguiría una mayor recaudación y así se posibilitaría la satisfacción de las necesidades colectivas. En ese sentido, a criterio de la aludida Segunda Sala, el Estado está interesado en que las medidas de control, como la cancelación del certificado de sello digital, sean realmente efectivas para el objeto que fue creada, consistente en evitar las prácticas fraudulentas y desalentar el incumplimiento de las obligaciones fiscales a las que los contribuyentes se encuentran constitucionalmente constreñidos; por lo que el perjuicio que sufriría la sociedad sería mayor que el que pudiera resentir el particular, ya que dicha medida es provisional, siendo que el causante cuenta con un procedimiento sumario a través del cual, se le permite demostrar que no incurrió en la irregularidad que se le atribuye, o bien, que ya subsanó la detectada. En el caso de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se combaten y cuyos efectos se pretende sean suspendidos con motivo del otorgamiento de la medida cautelar solicitada, su efecto jurídico estriba en que, como medida previa a la restricción temporal de los certificados de sellos digitales, las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del Decreto aludido, hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, se sometan a la ejecución de un procedimiento sumario para corregir la existencia de cualquier irregularidad. Luego, esta nueva situación resulta similar a la ya analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que el Estado está interesado en que las medidas de control, como la cancelación del certificado de sello digital, sean realmente efectivas para el objeto que fueron creadas, consistente en evitar las prácticas fraudulentas de los contribuyentes. De esa manera, de conceder la suspensión definitiva resultaría en perjuicio del orden público, pues, se reitera, la sociedad está interesada en que la autoridad fiscal desarrolle todo el procedimiento que culmina con el ejercicio de sus facultades de fiscalización. No pasa inadvertido que la quejosa reclama la norma tildada de inconstitucional como autoaplicativa y que en términos de lo que establece el artículo 148 de la Ley de Amparo se pueden paralizar sus efectos; sin embargo, no debe soslayarse que previo al otorgamiento de la suspensión se debe cumplir con los requisitos de procedencia que al efecto establece la propia ley. Es aplicable la jurisprudencia I.18o.A. J/1 (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2009368, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa -sin señalar un acto concreto de aplicación-, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente." Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas documentales que se acompañan a la demanda de amparo, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionar tales medios de convicción al celebrarse la audiencia constitucional, sin necesidad de gestión expresa de la parte interesada. Fundamento: Artículo 119 de la ley de Amparo. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió más de dos tantos en copia simple de las mencionadas probanzas; con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, párrafo primero, se ordena su cotejo, compulsa, certificación Devolución de documentos En otro aspecto, se estima conveniente precisar a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como 280 del código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. De ahí que la oportunidad para la objeción de documentos sea hasta la audiencia constitucional, por lo que éstos no pueden devolverse antes de ese momento procesal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2000, con número de registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Se hace del conocimiento a las partes que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copias de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. También quedan a la vista de las partes los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; salvo documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 (TRES) DE ABRIL DE 2013 (DOS MIL TRECE)." Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, Capítulo II, denominado "Atención al Público en general", en el supuesto de la fracción II del artículo 6, que establece: ". II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema." Al respecto, dígase a las partes, que se pone a su disposición como medio de contacto el teléfono 5551338100 ext. 1006 y 1031 a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desea comparecer a las instalaciones de este juzgado a la consulta del presente expediente, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Lo anterior, siempre que estén vigentes los Acuerdos Generales citados en la segunda certificación de cuenta. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirle el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Invitación al Juicio en Línea Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: jaime.madrigal.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.
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