María Elizabeth Carrera Rodríguez
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Elizabeth Carrera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por María Elizabeth Carrera Domínguez, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDEINTE 381/2022 Háganse las anotaciones correspondientes y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes; y, una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se sobreseyó; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General citado. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 381/2022 Amparo indirecto 381/2022 Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio suscrito por la la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual da cumplimiento al auto de dieciocho de abril del año en curso, al efecto, remite la constancia de notificación realizada a la quejosa María Elizabeth Carrera Rodríguez, respecto del proveído de once de abril en curso emitido en el expediente laboral SAT1617/2019. Documentales que este juzgado federal le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 381/2022 Así, quien aquí juzga, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie al quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 381/2022 Amparo indirecto 381/2022 de los efectos de éste, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la omisión de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de señalar día y hora para para la celebración de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral SAT1617/2019. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que la citada autoridad al rendir su informe justificado, informó que el once de abril de dos mil veintidós, se señalaron las doce horas del seis de Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 4 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 381/2022 julio de dos mil veintidós para el desahogo de la diligencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas. Acuerdo que le fuera notificado a la parte actora, aquí quejosa, a través de Boletín Laboral el trece de abril de dos mil veintidós; como se advierte de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al oficio de cuenta. De ahí que se estime que la omisión reclamada ha cesado, dado que si bien el acto que reclamó la quejosa existió, al haberse emitido el acuerdo de once de abril del año en curso, en el que se señaló fecha para la diligencia mencionada, la omisión reclamada ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 5 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 381/2022 Amparo indirecto 381/2022 el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien, la Sala responsable omitió en su momento acordar lo relativo a señalar la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral SAT1617/2019, al haberse emitido el proveído correspondiente, cesaron los actos que reclamó la peticionaria de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto de los actos reclamados. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Elizabeth Carrera Rodríguez. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 6 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 381/2022 Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta y un minutos del dos de mayo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinden las autoridades responsables Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por si y en replantación de la misma; al respecto, a fin de no irrogar perjuicio a las partes, con su contenido dese vista por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2º. Por otro lado, con base en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental que adjuntó en copia certificada, la cual será valorada en el momento procesal oportuno. Ahora bien, a efecto de que este juzgado se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente respecto a la posible actualización de una causal de improcedencia; mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase a la autoridad oficiante, para que en el término de tres días legalmente computado, remita a este juzgado la constancia de notificación del acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente SAT1617/2019 respecto de la quejosa María Elizabeth Carrera Rodríguez. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 381/2022 Con el apercibimiento de que de hacerlo así, o bien, no informar los impedimentos que para ello tuviere, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización; ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de abril de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida demanda de amparo presentada por María Elizabeth Carrera Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 381/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Se desecha demanda de amparo por la autoridad que se indica. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que en cuanto a la autoridad señalada como responsable Secretario de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con Residencia en Tlalnepantla, Estado de México, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los numerales y fracciones aludidos, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Luego, la promovente de amparo reclama la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable al no señalar día y hora en la que deba tener lugar la celebración de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la prosecución procesal del juicio laboral. Así pues, como se destacó, el juicio de amparo deviene improcedente respecto a la autoridad responsable Secretario de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con Residencia en Tlalnepantla, Estado de México; ello es así, dado que del texto del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales del quejoso y, que es autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo dichas premisas, es indudable que este funcionario no puede ser considerado como autoridad responsable para los efectos del amparo, pues únicamente está facultado para autorizar conforme a la ley, los acuerdos, autos y, en general, todas las diligencias en que interviene, por virtud de lo cual, carece de las facultades propias inherentes a las autoridades para los efectos del amparo y, en razón de ello, no puede ser considerado con tal carácter en el juicio de amparo; por consiguiente, es indudable que se surte en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, dentro de las facultades concedidas a los secretarios de acuerdos, no están las de decisión o de ejecución, sino que se circunscriben a la organización interna y de mero trámite de la sala a la que se encuentren adscritos, por lo que no puede ser considerado como autoridad responsable para los efectos del amparo, ya que si bien tiene facultades para autorizar las resoluciones o acuerdos que dicte el titular de dicho órgano, ello no se traduce en un acto de decisión o de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, página 244, que dice: SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Por disposición del artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de acuerdos de los juzgados de lo civil, está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues, solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, se desecha por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por María Elizabeth Carrera Rodríguez, por su propio derecho, por lo que respecta única y exclusivamente al acto reclamado al Secretario de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con Residencia en Tlalnepantla, Estado de México. Se admite demanda. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en los términos precisados. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión conforme a los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Vista al Ministerio Público Federal. Dese vista a la Fiscal de la Federación adscrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, y a fin de evitar la propagación del aludido virus bajo el esquema de medidas adoptado pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina lo siguiente: Toda vez que la Fiscal Federal adscrita, solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través de los correos electrónicos leticia.hernandezva@fgr.org.mx y abogadosdejusticia@yahoo.com, las cuales pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad, debiendo levantar la razón correspondiente en la que hagan constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Asimismo, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables), se deberá estar a lo siguiente: Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Las que no cuenten con el referido convenio de interconexión, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios; en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, los actuarios deberán realizar la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. Requerimiento de informes justificados. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen; en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, I) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y II) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a las autoridades responsables que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.. Lo que, además encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para qué dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede notificada de este auto, informe si dentro del expediente laboral SAT/1617/2019, de su índice, la parte quejosa ha promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y, de ser el caso, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes en la que se considere esencial para su defensa. En esa tesitura, dígasele a las autoridades señaladas como responsables que deberán rendir dicha información en el correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx; ello, en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que informen si las constancias que integran el expediente del juicio laboral SAT/1617/2019 se encuentran digitalizadas de manera electrónica, de ser el caso, deberán ser remitidas a través de los medios indicados (documentales que no podrán exceder de la capacidad 20 mega bytes), lo anterior para efecto de poder integrarlas al expediente electrónico; en caso contrario, deberán enviarlas de manera física. Lo anterior, con la finalidad de ponerlas a la vista de las partes, quienes podrán consultarlas previa cita se gestione, siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes, así como desahogar comparecencias o requerimientos. Vista a las partes y consulta del expediente físico. Se hace del conocimiento de las partes que a fin de imponerse de las constancias de los presentes autos, así como desahogar comparecencias y requerimientos, deberán agendar cita siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional. Requerimiento a las responsables para que señalen correo electrónico para recibir notificaciones: Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las autoridades responsables para que informen en el mismo plazo de tres días antes indicado, si cuentan con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que, a través del mismo, puedan notificarse de las resoluciones emitidas por este Juzgado de Distrito y enviar digitalmente promociones. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrán generar una mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), para lo cual deberá consultar el manual de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcionen algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que sea enviada por ese medio; ello, en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. En ese tenor, mientras este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento atendiendo a cada caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le requiere para que reciba toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que con independencia de lo anterior, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Obligaciones de las partes. Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, por lo que se le apercibe para una vez enterada que dicha denominación resultara incorrecta deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omisa se le sancionará declarándola inexistente de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la audiencia constitucional. Se señalan las once horas con treinta y un minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente, se previene a las partes, para que hasta veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia constitucional, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Se apercibe a las partes que en caso de omisión al respecto, se entenderá que no es su deseo intervenir en la videoconferencia, llevándose a cabo la audiencia correspondiente de manera escrita, sin presencia de las partes, sin que ello implique que no puedan presentar escritos en la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con una identificación oficial vigente, para que la exhiban en la audiencia, lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, el cal deberá estar digitalizado y será incorporado a través de la función "compartir pantalla" de la aplicación, a efecto de conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación, informándole que tendrá intervención en la misma a las partes. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder acceder a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional. De las notificaciones a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de dicho ordenamiento, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a dictar en este asunto se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez); apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que por única ocasión notifique el contenido de este auto en el domicilio ubicado en calle Paseos del Alba, edificio H4-4, departamento 301, colonia Bosques del Alba, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ahora, respecto a las personas que nombra como representantes y apoderados, no ha lugar a tenerlas como tal, toda vez que no acredita con documento idóneo dicha circunstancia; sin embargo, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Pruebas. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite las documentales que anexa a su escrito y, por lo que hace a los medios de convicción que ofrece consistentes en la presuncional e instrumental de actuaciones, se tienen por anunciadas; medios de prueba que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Terceros interesados. En ese sentido, no ha lugar a tener como tercero interesado en el presente asunto al Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, que refiere la quejosa en su demanda, dada la naturaleza del acto reclamado, ello no le ocasiona ningún perjuicio. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes, para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar las subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.
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