María Elizabeth Aguilar González

Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
38/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • María Elizabeth Aguilar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Juicio de Amparo: 38/2019 El uno de abril de dos mil diecinueve Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para la parte quejosa del catorce al veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 38/2019. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Que sí existe prueba por devolver a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en el expediente laboral 321/2017. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el once de marzo de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito de demanda y la sentencia emitida en autos. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistente en el expediente laboral 321/2017, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de veintidós de febrero de ésta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 38/2019. El licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el secretario realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa, procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos, al respecto, da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Numero Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidenta (foja 16); asimismo, da cuenta con los anexos consistentes en copias certificadas del expediente relativo al juicio laboral número 321/2017, constancias que fueron adjuntadas a su informe justificado por la autoridad responsable (foja 17 y cuaderno de pruebas). En otro aspecto se da cuenta con el pedimento 30/2019, signado por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con número de registro 3191 (foja 60). A continuación, el suscrito Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con las constancias relacionadas por el secretario, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno; en otro aspecto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento 30/2019, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, y al respecto, se autoriza a la promovente consultar y dar seguimiento al expediente electrónico del asuntos que nos ocupa, bajo el número de usuario que indica, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las constancias aportadas por la responsable como anexos a su informe con justificación, las que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin más pruebas, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que a fojas 19 a 20, obra el pedimento 246/2019 signado por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este juzgado, en el que, entre otras cosas, formula alegatos; al respecto, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, el suscrito Juez de Distrito, declara vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 38/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, María Elizabeth Aguilar González, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, las garantías consagradas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado y formuló el concepto de violación que consideró pertinente. SEGUNDO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, siendo que por auto de diecisiete de enero de esta anualidad, fue radicada y admitida bajo el número de expediente ya precisado, en esa guisa, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedentes, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar el acto reclamado, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, con registro 192097, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, de un análisis acucioso al libelo de garantías se permite precisar que el acto reclamado a la autoridad responsable, se hacen consistir en el siguiente: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en cerrar la instrucción y dictar el laudo correspondiente en el expediente relativo al juicio laboral número 321/2017, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Numero Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues en la parte que interesa, así lo aceptó dicha autoridad al rendir su informe justificado (foja 16). Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 321/2017, del índice de la junta responsable, de las cuales se aprecia la existencia del acto reclamado en el presente asunto, pues a la fecha en que se dicta la presente resolución, no se advierte que la autoridad responsable haya cerrado la instrucción y dictado el laudo en el juicio laboral de origen; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que el suscrito advierta de oficio, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante de garantías. En ese orden de ideas, los motivos de disenso que hace valer María Elizabeth Aguilar González, aquí quejosa, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda de garantías, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en síntesis argumenta en su apartado de concepto de violación, lo siguiente: Que se contraviene en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable ha omitido dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al no cerrar la instrucción y dictar el laudo dentro del procedimiento laboral de origen, en el plazo fijado por dicho cuerpo normativo. Los motivos de inconformidad que hace valer la quejosa en su concepto de violación son infundados, sin que se advierta materia de la queja por suplir, en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de la materia. Para corroborar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución debidamente fundada y motivada sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, con registro 921075, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, en los términos y plazos que establezca la ley que los rija; así, del texto constitucional se advierte que la administración de justicia completa debe estar presente en todo momento al resolverse en definitiva por parte de la responsable el asunto puesto ante su jurisdicción. Lo anterior, debe entenderse referido al juicio laboral a fin de que se justifique la solución del conflicto. En concordancia con lo anterior, y en relación a los términos y plazos establecidos en la Ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". De los términos que los citados preceptos estipulan, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, se hará una certificación por el secretario del órgano laboral correspondiente, en el sentido de que ya no quedan pruebas por desahogar, una vez hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de Ley Federal del Trabajo. De todo lo cual se concluye que previo al dictado del laudo en un juicio laboral, indefectiblemente deberá emitirse auto que declare cerrada la instrucción, el cual a su vez se dictará una vez que se haya concluido con el desahogo de pruebas. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la junta responsable al omitir cerrar la instrucción y dictar el laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que las conductas de carácter omisivas tildadas de inconstitucionales, deben considerarse como actos que en sí mismos no son violatorios de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se hayan desahogado las pruebas en el sumario y cerrado la instrucción, y por ende, que dicha controversia se encuentre en estado de resolución, además que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que la quejosa sea parte. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente sumario, pues de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el expediente laboral de origen 321/2017 fue promovido por la aquí impetrante de garantías María Elizabeth Aguilar González, en contra de SERFINCOR, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Financiera Independencia, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada. Lo que conduce a establecer que la quejosa tiene el carácter de parte en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. 2) Que el juicio de origen se encuentre en estado de resolución, en razón de haberse concluido con el desahogo de pruebas y que exista un auto que declare cerrada la instrucción. En relación al segundo elemento, que implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo al haberse decretado el cierre de la instrucción y no quedar pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral, el que suscribe considera que no se actualiza. En efecto, de las copias certificadas del expediente laboral 321/2017 remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se obtiene que del sumario no se advierta proveído alguno que haya declarado cerrada la instrucción en el juicio de origen; pues de dichos autos solo se advierte que el último acuerdo, fue el de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 170 del tomo de pruebas), en el cual el secretario realizó una certificación en el sentido de que aún no se había desahogado la prueba de cotejo del documento ahí precisado, ofrecida por la parte actora (probanza que cabe señalar fue admitida en la audiencia celebrada en catorce de mayo de dos mil dieciocho, localizable a fojas 129 a 132 del tomo de pruebas) y en virtud de lo anterior, se señaló fecha y hora para llevar a cabo su desahogo, en los términos ahí precisados. Desahogo que no se pudo llevar a cabo, en razón de los motivos asentados en la razón actuarial de uno de marzo de dos mil diecinueve, obrante a foja 176 del tomo de pruebas). Por consiguiente, no se acredita que el juicio laboral de referencia a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, quince de enero de dos mil diecinueve, se encontrara en un estado procesal que ameritara el cierre de la instrucción y el posterior dictado del laudo respectivo, dado que aún no se ha emitido el auto que declare cerrada la instrucción en el juicio laboral, en razón de la probanza pendiente por desahogar, a que se hace referencia en el acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve. Lo anterior impide tener por actualizada la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aun cuando de las constancias que remitió la autoridad se advierta que no se ha cerrado la instrucción ni dictado el laudo en el juicio de origen, ello se debe a que aún no se han desahogado la totalidad de pruebas ofrecidas en el expediente laboral precisado. En otro aspecto, no debe perderse de vista que el que suscribe, al dictar sentencia definitiva sólo puede analizar el acto reclamado existente, a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, que en el caso concreto lo es la omisión de dictar laudo en el juicio de origen, y no lo concerniente a la omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas en el juicio de origen; y si bien el presente juicio deriva de la materia laboral, y la parte aquí quejosa es la parte trabajadora, y el numeral 79, fracción V de la Ley de Amparo establece que en materia de trabajo, operará la suplencia de la queja a su favor; sin embargo tal suplencia no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo como lo es la indicación del acto reclamado. Esto es así, pues el suscrito no está en condiciones legales de pronunciarse de oficio respecto de la constitucionalidad de los actos que se estimen probados y sustituir los precisados por los primeros, ello por la básica razón que este juzgado de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su ley reglamentaria. Y considerar lo contrario, modificaría la litis constitucional, lo cual desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Robustece a lo anterior, la tesis P./J. 5/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el doce de agosto de esta anualidad, que a la letra dice: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos." Ante esas circunstancias, se reitera que la omisión de dictar laudo que se tuvo por acreditada en el considerando que antecede no puede considerarse como violatoria de garantías, pues como ya se explicó, dicha inconstitucionalidad, depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se haya concluido con el desahogo de pruebas, que exista un auto que declare cerrada la instrucción, y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar; y atendiendo a esas premisas, no puede aseverarse que al momento de la interposición del presente juicio de amparo, el procedimiento laboral de origen se encontrara en estado de resolución y que además ya hubiera transcurrido el plazo que la ley establece para fallar, por ende, no ha lugar a considerar vulnerados los términos que para ese efecto establece la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia on registro 197499, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y tres, tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso, y al no advertirse que pueda ser susceptible de ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitado por María Elizabeth Aguilar González, contra la omisión reclamada a la Junta Especial Numero Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Elizabeth Aguilar González, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones jurídicas plasmadas en la última consideración del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa, autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Juicio de Amparo: 38/2019 El seis de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 2911, con anexo que adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo las constancias originales del expediente laboral 321/2017; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Dado su volumen guárdese por separado y fórmese un tomo de pruebas debidamente identificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  4. Principal

    El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve la autoridad responsable Junta Especial Número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, ofreció como prueba una copia certificada de auto de siete de febrero de dos mil diecinueve del expediente laboral 321/2017; sin embargo, toda vez que para el estudio del presente asunto resulta necesaria la totalidad de las constancias que integran dicho expediente de donde emana el acto reclamado; por tanto, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la legislación aplicable, mediante oficio que derive de este proveído, requiérasele a la citada responsable a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las aludidas constancias, o bien, copias fotostáticas debidamente foliadas, rubricadas y certificadas de ellas; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar 5013

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