Maria Elisa Videgaray Gonzalez
Expediente 1115/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Elisa Videgaray Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinte de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por MARIA ELISA VIDEGARAY GONZALEZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe.YARIGH*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por María Elisa Videgaray González, parte quejosa en el presente asunto, por virtud del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en diverso proveído de doce de julio de dos mil diecisiete, subsana la prevención realizada por este Juzgador el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar, en relatada circunstancia se procede a proveer lo siguiente: De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En el caso concreto, la parte promovente reclama la resolución de catorce de junio de dos mil diecisiete, por virtud de la cual la autoridad señalada como responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la -aquí quejosa- en contra del auto de veintiocho de marzo del año que transcurre, mediante el cual suspendió el desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos relativa al expediente civil 142/2016 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Con base en lo anterior, tenemos que la consecuencia legal de la resolución reclamada, es, que se mantenga suspendido el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da una explicación profusa sobre qué debe entenderse por "irreparabilidad" para efecto de determinar si un acto dentro del juicio, reclamado en amparo indirecto, causa una afectación de esa naturaleza. Así, para que un acto sea susceptible de calificarse como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Otra peculiaridad, es que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, un acto será de imposible reparación, cuando converjan estas características: Primera. Que afecte materialmente derechos. Esto se traduce en que el acto impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Segunda. Que los derechos afectados materialmente, sean derechos sustantivos, cuya naturaleza es antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, que surgen con motivo de un juicio y no con independencia de que éste exista o no, derechos cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y permiten determinar si afectó o no al quejoso. Luego, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el hecho de que se declare improcedente e infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete-en el que la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las doce horas del tres de mayo de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos, únicamente genera, en todo caso, la violación de derecho adjetivos con efectos meramente intraprocesales en el expediente civil 142/2016, por lo que será hasta que se dicte la resolución definitiva relativa a dicho expediente, cuando se esté en aptitud de determinar si trascendieron al resultado del fallo y, por tanto, podrán reclamarse a través del medio de impugnación procedente, si ésta le es desfavorable. A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada genera consecuencias, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo de la parte quejosa tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, pues, como ya se dijo, el que se declare improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete - en el que la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las doce horas del tres de mayo de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos-, sólo incide en derechos intraprocesales, pero no trastoca su derechos sustantivos, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto; máxime que tales violaciones desaparecerán si el quejoso obtiene resolución favorable. En otras palabras, el acto reclamado y sus consecuencias no privan del derecho de defensa que tiene la parte quejosa en el juicio civil 142/2016 que se trata, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que -se insiste- la interrupción del desahogo de la audiencia de Pruebas y Alegatos, únicamente constituye, en su caso, violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, las cuales pueden ser reclamadas al recurrir la resolución definitiva en el juicio civil 142/2017, en el supuesto de que le sea desfavorable a la parte quejosa. Aunado a lo anterior, el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente -lo que en el caso concreto no acontece-, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. También, bajo las citadas directrices, es inconcuso que el estado que guardan los autos del multicitado juicio de origen 142/2016 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, no causa una afectación material al derecho sustantivo a recibir justicia, porque además no se advierte una abierta dilación del procedimiento y menos de una paralización total que pueda generar una violación a los multicitados derechos sustantivos, esto es, no se está en el caso de excepción que prevé la jurisprudencia que a continuación se cita para la procedencia del juicio de amparo ante una eventual demora en la integración del juicio de origen. Sustenta a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), cuyo rubro y texto, son los siguientes: Tesis: 2a. L/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009477 1 de 1 Segunda Sala Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Pág. 1069 Tesis Aislada(Constitucional, Común) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Asimismo, la jurisprudencia VI.1o.A.J/10 (10a), es del tenor literal siguiente: Tesis: VI.1o.A. J/10 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006339 2 de 4 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Pág. 1570 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. Y por último, encuentra apoyo en la siguiente tesis: Tesis: 2a. XLIX/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009484 1 de 1 Segunda Sala Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Pág. 1078 Tesis Aislada(Constitucional, Común) RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Elisa Videgaray González, por su propio derecho, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos los oficios del Jefe de la Oficina de Correspondencia común del Centro Auxiliar de la Décima Región y de la Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ambas con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante los cuales remiten el juicio de amparo 352/2017-III promovido por INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, constante de ciento treinta y ocho fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el siete de julio de dos mil diecisiete, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente vía fax (01-844-438-4900 extensión 4954). Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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