Maria Elisa Vazquez Bonilla

Expediente 944/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
944/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Elisa Vazquez Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA QUEJOSA Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que en un plazo no mayor a noventa días, computado legalmente comparezca a solicitar la devolución de las documentales que exhibió dentro del presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo, en su oportunidad serán destruidos los documentos de mérito, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento fuera de audiencia decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA LA QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Mexicali, Baja California, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA QUEJOSA Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que en un plazo no mayor a noventa días, computado legalmente comparezca a solicitar la devolución de las documentales que exhibió dentro del presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo, en su oportunidad serán destruidos los documentos de mérito, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento fuera de audiencia decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense para que obren como correspondan los oficios de cuenta que remiten el Jefe del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, el Director de Pensiones y Jubilaciones, y el Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; mediante los cuales rinden sus informe con justificación y anexa constancias en apoyo al mismo. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de Amparo, téngase haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento. De igual modo, como lo solicitan las autoridades responsables, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta, y por designados a los delegados que menciona para tal efecto, de conformidad con el dispositivo 9 de la ley aplicable. De la misma forma, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental, que anexa a su informe el Director de Pensiones y Jubilaciones del multicitado instituto. Ahora bien, toda que del contenido así como las constancias remitidas, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puesto que en el caso concreto el acto reclamado lo constituye la omisión de dar respuesta a la petición de pensión por jubilación formulada por escrito el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, ante el Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; sin embargo, de las constancias remitidas por las autoridades ocursantes, se desprende que se dio respuesta a dicha petición mediante oficio DPJ/2376/2019, de doce de noviembre del año en curso, el cual fue debidamente notificado al autorizado de la parte quejosa el catorce del presente mes y año; por lo anterior, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones por lo que se refiere a las copias certificadas este cuenta con la naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada sin necesidad de la celebración de una audiencia especial, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. Por lo que es evidente que el acto que por la presente vía se reclama ha cesado sus efectos, pues las consecuencias del acto reclamado desaparecieron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, dado que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De igual forma, es aplicable la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, con el título siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por otra lado, conviene señalar que no resulta procedente dar vista a la quejosa con dicho informe justificado a efecto de ampliar la demanda, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que no procede la ampliación de demanda contra la contestación que se llegase a dar respecto a una solicitud en materia de pensiones, tal y como aparece en la jurisprudencia 2ª./J.66/2016 (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, junio de dos mil dieciséis, página 898, que textualmente dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De la jurisprudencia transcrita, se advierte que el juicio de amparo es procedente respecto de la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra dicha respuesta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, toda vez que de no satisfacer su interés, el asegurado o beneficiario deberá acudir a la vía ordinaria laboral; de ahí que cobre firmeza el sobreseimiento por cesación de efectos propuesto en el cuerpo del presente auto. Consecuentemente, como está demostrado se actualizó de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por ello, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo signada por MARÍA ELISA VAZQUEZ BONILLA, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir al quejoso o desechar por notoriamente improcedente; se admite la demanda de amparo que formula el quejoso de mérito, contra actos del Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 944/2019-5A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, mismos que deberán rendirlos dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberán acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial. Apercibidas que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se les impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes, para que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este Juzgador, cuando cesen los efectos del acto reclamado o exista alguna causa de sobreseimiento, apercibidos, que de no hacerlos se les impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo en vigor. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se han señalado las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO SOBRE AUTORIDAD INEXISTENTE Ahora bien, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación indicada en su demanda, sin ulterior acuerdo se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con dicha autoridad y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que se anexa a su escrito de demanda, las cuales se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de eleridad procesal. TRANSPARENCIA. En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información.

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