María Elisa Saldivar Moreno

Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1131/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • María Elisa Saldivar Moreno
  • María Elisa Saldivar Moreno y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. toriza.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente. PARTE QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito firmado por Lorenzo Alejandro Urbina Gómez, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa María Elisa Saldívar Moreno, en atención a su contenido, se acuerda: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Lorenzo Alejandro Urbina Gómez, el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de María Elisa Saldívar Moreno, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 76,045 setenta y seis mil cuarenta y cinco, otorgado ante la fe del Notario Público número 32 treinta y dos en legal ejercicio en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Quien esto resuelve, estima que de la lectura de la demanda se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Es así, porque el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Por ende, los actos impugnables en amparo indirecto son los que los tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se obtienen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste, en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones; los cuales la Ley de Amparo cataloga como aquellos que afectan materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución o por los tratados internacionales de los que México es parte. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el vencido. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución que en definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Así, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, o en el diverso de remate, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en esas etapas. Sin embargo, a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, o dentro del periodo de remate, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. Por ende, tratándose de remates, la resolución impugnable en el juicio de amparo indirecto es aquella que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación o entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Sin embargo, en el presente asunto, la última resolución en el remate del juicio de origen, ocurrió el doce de abril de dos mil diecinueve, mediante la que se confirmó el acuerdo de once de marzo de ese año, en el que se otorgó en rebeldía la escritura del bien raíz y en contra de la cual se otorgó la protección federal (en el juicio de amparo 400/2019 del índice de este juzgado), por lo que las actuaciones posteriores únicamente son parte de la ejecución o materialización de la etapa de remate. De ahí que, el proveído reclamado de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó poner en posesión el inmueble materia del juicio génesis, debe entenderse como un acto emitido fuera de juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, ubicado en la regla específica enunciada en el arábigo 3 de este proveído. Lo que revela que en su contra ya no procede el juicio de amparo, pues sólo podría impugnarse la última resolución que en su caso se dicte en esa etapa, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; lo que implica que no debe entorpecerse la ejecución de una sentencia que tiene la categoría de cosa juzgada. Por tanto, los actos posteriores tendentes a materializar o ejecutar la adjudicación de los bienes rematados, como lo es el acuerdo que ordena poner en posesión, son actos relativos a la "etapa de ejecución", pero no del remate propiamente dicho. Además, dicho acto no afecta derecho sustantivo alguno en perjuicio de la parte quejosa, pues versa sobre cuestiones propias de lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA...; Notifíquese personalmente. PARTE QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito firmado por Lorenzo Alejandro Urbina Gómez, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa María Elisa Saldívar Moreno, en atención a su contenido, se acuerda: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Lorenzo Alejandro Urbina Gómez, el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de María Elisa Saldívar Moreno, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 76,045 setenta y seis mil cuarenta y cinco, otorgado ante la fe del Notario Público número 32 treinta y dos en legal ejercicio en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Quien esto resuelve, estima que de la lectura de la demanda se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Es así, porque el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Por ende, los actos impugnables en amparo indirecto son los que los tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se obtienen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste, en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones; los cuales la Ley de Amparo cataloga como aquellos que afectan materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución o por los tratados internacionales de los que México es parte. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el vencido. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución que en definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Así, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, o en el diverso de remate, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en esas etapas. Sin embargo, a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, o dentro del periodo de remate, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. Por ende, tratándose de remates, la resolución impugnable en el juicio de amparo indirecto es aquella que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación o entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Sin embargo, en el presente asunto, la última resolución en el remate del juicio de origen, ocurrió el doce de abril de dos mil diecinueve, mediante la que se confirmó el acuerdo de once de marzo de ese año, en el que se otorgó en rebeldía la escritura del bien raíz y en contra de la cual se otorgó la protección federal (en el juicio de amparo 400/2019 del índice de este juzgado), por lo que las actuaciones posteriores únicamente son parte de la ejecución o materialización de la etapa de remate. De ahí que, el proveído reclamado de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó poner en posesión el inmueble materia del juicio génesis, debe entenderse como un acto emitido fuera de juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, ubicado en la regla específica enunciada en el arábigo 3 de este proveído. Lo que revela que en su contra ya no procede el juicio de amparo, pues sólo podría impugnarse la última resolución que en su caso se dicte en esa etapa, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; lo que implica que no debe entorpecerse la ejecución de una sentencia que tiene la categoría de cosa juzgada. Por tanto, los actos posteriores tendentes a materializar o ejecutar la adjudicación de los bienes rematados, como lo es el acuerdo que ordena poner en posesión, son actos relativos a la "etapa de ejecución", pero no del remate propiamente dicho. Además, dicho acto no afecta derecho sustantivo alguno en perjuicio de la parte quejosa, pues versa sobre cuestiones propias de lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito firmado por Lorenzo Alejandro Urbina Gómez, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa María Elisa Saldívar Moreno, y su anexo; a través del cual pretende cumplir con el requerimiento formulado en el auto aclaratorio de veintiuno de octubre del año en curso. Ahora bien, en el auto de referencia se previno a la parte accionante para que: ÚNICO.- Exhiba el documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta. En el entendido de que el cumplimiento a tal requerimiento se tendrá que hacer mediante un escrito aclaratorio, no mediante la formulación de una nueva demanda de amparo; escrito aclaratorio y documental con la que acredita la personalidad con que se ostenta el promovente, respecto de los cuales deberá exhibir cinco copias, necesarias para correr traslado a todas las partes e integrar los cuadernillos suspensionales. En el escrito que se provee, el signante refirió dar cumplimiento a la prevención anterior, exhibiendo copia certificada de la escritura pública número 76,045, fechada el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público número 32, en legal ejercicio en este partido judicial; así como dos copias de la misma. No obstante, el promovente omitió adjuntar las cinco copias de la escritura de mérito, mismas que son necesarias para correr traslado a todas las partes e integrar los cuadernillos suspensionales, toda vez que únicamente adjuntó dos copias del instrumento público en cuestión. En virtud de lo anterior, no ha lugar a tener por debidamente cumplido el requerimiento formulado en el auto aclaratorio, por lo que subsiste éste y el apercibimiento respectivo. Hágase de su conocimiento que el plazo que le fue concedido para atender la prevención se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de modo que le quedan por transcurrir cuatro días de ese plazo. Lo anterior en atención a que el referido acuerdo de prevención le fue notificado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós y surtió sus efectos el veintiocho siguiente, siendo días inhábiles para este órgano jurisdiccional los días treinta y uno de octubre, primero y dos de noviembre, todos del año en curso; por tanto, el plazo de cinco días otorgado para cumplir con la prevención formulada transcurría del tres al nueve de este mes y año. Ahora, al haber presentado la promoción de cuenta el tres de noviembre de dos mil veintidós, esto es, el primer día del plazo concedido para cumplir con la prevención, aún le restan cuatro días para desahogar el requerimiento formulado. En el entendido que, de no acatar las prevenciones hechas en el auto inicial, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de octubre del año en curso.

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