MARÍA ELISA PÉREZ DE SILVA ARREOLA y Otros.

Expediente 1977/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 31 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1977/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • JORGE TELLA ZEPEDA y Otros.
  • MARÍA ELISA PÉREZ DE SILVA ARREOLA y Otros.
  • Jorge Tella Zepeda
  • María Elisa Pérez de Silva Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CITATORIO PRICIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL DICE I. Parte quejosa cumple requerimiento. Téngase por recibido el escrito y anexos presentados vía electrónica por *, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de febrero de dos mil veintidós y al efecto adjunta los certificados de vacunación de los que se aprecia que fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARSCoV-2 a los menores quejosos R.T.B. y N.T.B.; documentales digitalizadas respecto de las cuales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que coinciden fielmente con sus originales, colmando así la exigencia legal prevista en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."1 Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que, en representación de los menores de edad R.T.B. y N.T.B., promovió juicio de amparo contra el acto reclamado al: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretario de Salud del Estado de Jalisco; Director General de Salud Pública de Jalisco; Encargado del Despacho de la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica; Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado de Jalisco. Acto reclamado consistente, en síntesis, en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar las gestiones correspondientes para que se aplique en favor de los citados menores de edad, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, es decir, se les aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, o cualesquiera otra vacuna que pueda ser aplicable en ese rango de edad, siempre y cuando esté autorizada por las autoridades de Salud y exista disponibilidad de vacunas para otros grupos dentro del esquema de vacunación en curso. Luego, del análisis practicado a las constancias digitalizadas adjuntas al ocurso que se provee, consistentes en los certificados de vacunación, de los que se aprecia que fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARSCoV-2 a los menores quejosos R.T.B. y N.T.B.; documentales digitalizadas respecto de las cuales, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que coinciden fielmente con sus originales, colmando así la exigencia legal prevista en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada primera dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a los citados menores quejosos, así como que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a dichos menores de edad. Entonces, de lo narrado se aprecia que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza negativa. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, los promoventes de amparo acuden a la instancia constitucional combatiendo el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretario de Salud del Estado de Jalisco; Director General de Salud Pública de Jalisco; Encargado del Despacho de la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica; Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado de Jalisco, consistente, en síntesis, en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar las gestiones correspondientes para que se aplique en favor de los citados menores de edad, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, es decir, se les aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, o cualesquiera otra vacuna que pueda ser aplicable en ese rango de edad, siempre y cuando esté autorizada por las autoridades de Salud y exista disponibilidad de vacunas para otros grupos dentro del esquema de vacunación en curso. Sin embargo, de las documentales digitalizadas exhibidas por la parte quejosa, descritas con anterioridad, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada primera dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a los citados menores quejosos, así como que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a dichos menores de edad. Por tanto, al haberse aplicado tanto la primera como la segunda dosis, a los menores quejosos, de la vacuna contra el Virus SARS-CoV-2, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija En razón de lo anterior, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."2 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."3 Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el contenido de los ocursos suscritos electrónicamente por - en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ya fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV2 a los menores quejosos; asimismo, refiere adjuntar "electrónicamente envío de las imágenes de los comprobantes del acto que se reclama"; empero, es omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad, que los documentos adjuntos al escrito coinciden fielmente con sus originales, pues la referida protesta sólo la realiza en el sentido de que ya fueron aplicadas las dosis de la citada vacuna a los menores quejosos, más no así, la protesta bajo decir verdad, de que los documentos digitalizados que exhibe coinciden fielmente con sus originales. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa, Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica, y personalmente a la parte quejosa.

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